Empresa

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Lluvia de regalos

Reputada por el gobierno como el gran negocio la colocación en los mercados nacional e internacional, en la agonía de febrero de 2006, del 85 por ciento del capital del Grupo Aeroportuario del Pacífico, ahora resulta que el país perdió miles de millones de pesos en la operación.
De acuerdo al cálculo de la Auditoría Superior de la Federación, el quebranto se elevó al inaudito monto de nueve mil 905 millones de pesos, es decir casi un tanto igual a la recaudación obtenida de 10 mil 503 millones.
La razón es simple: el precio de colocación de las acciones fue de 22.03 pesos, pese a que su valor de mercado se ubicaba en 42.80.
El regalo, pues, fue del 48.5 por ciento.
El número de valores colocado en las Bolsas de México y Estados Unidos fue de 476 millones 850 mil.
Por si fuera poco, resultó que al impacto del ruido provocado en la antesala de la colocación, los papeles iniciaron un ascenso incontenible en su precio, cotizándose en octubre del mismo año en un máximo histórico de 62.30 pesos por acción, es decir 182.8 por ciento más allá del costo de entrada.
Quienes vendieron en aquel entonces no sólo recuperaron, sino duplicaron el monto de su apuesta.
El negocio del siglo... para los especuladores.
Lo curioso del caso es que colocadas las acciones del conjunto de aeropuertos en un fideicomiso bajo su custodia a la venta del llamado "paquete de control" en que cabía el 15 por ciento del capital, hete aquí Nacional Financiera no exigió cuentas de la operación, su monto, sus condiciones, sus criterios para vender a precio inferior al de mercado...
Más aún, hete aquí que el banco de desarrollo bajo cuyo cobijo se disimuló la operación como venta de activos propios, no de la Nación, nombró como intermediario en la colocación a su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, pese a que no tenía vinculación alguna con el fideicomiso.
Inexplicablemente, si le seguimos, el órgano interno de control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es decir la instancia vendedora, no llevó a cabo acción alguna para vigilar la operación.
Se diría, pues, que todo estaba concertado para el regalo.
Ahora que de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, el moño estaba listo desde el momento en que el gobierno foxista aceptó que en el contrato del fideicomiso se estipulara que los papeles se vendieran a un precio mínimo equivalente al 30 por ciento de su valor contable.
Lo curioso del caso es que la colocación, o si lo prefiere el bolo de bienes nacionales, se realizó a contrapelo de la existencia de un punto de acuerdo de la Cámara de Diputados, aprobado por mayoría, que exigía su aplazamiento.
El llamado tenía pues proa hacia los Secretarios de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes, es decir Francisco Gil Díaz y Pedro Cerisola y Weber.
La exposición de motivos exigía investigar un supuesto trato privilegiado del gobierno a la empresa concesionaria, al regresarle olímpicamente 180 millones de dólares de los 240 que había pagado por las terminales de Hermosillo, La Paz, Los Mochis, Morelia, Mexicali, Puerto Vallarta, San José del Cabo, Tijuana y Manzanillo.
Se entregaron, pues, instalaciones que constituyen el patrimonio nacional prácticamente a título gratuito.
El alerta de los legisladores hablaba, además, de clarificar si la colocación del 85 por ciento de las acciones del GAP supondría la violación a la ley que impide que el capital extranjero mantenga más del 49 por ciento del capital de los aeropuertos.
De hecho, se habían planteado solicitudes en ese tenor desde 2003 en que se abrió la posibilidad de la colocación.
Ahora que el escenario, en el renglón del paquete de control, se había alterado desde la salida del comprador mexicano original, es decir el Grupo Ángeles de Olegario Vázquez Raña, quien lanzó la toalla tres años después de su ingreso, llevándose, dicen, un guante, es decir un remanente de 13 millones de dólares al venderle su parte a la firma Holdimex, propietaria de Jugos Del Valle.
El caso es que existen evidencias de que ésta no pagó la factura pese a la multimillonaria deducción de impuestos que le había concedido la Secretaría de Hacienda. Esta la cubrieron las firmas españolas Unión Fenosa y Dragados.
De hecho, ellos habían impuesto como presidente a su paisano Carlos Del Río Carcaño.
El paquete de la discordia debió venderse meses después.
Digamos que la falta que documenta hoy la Auditoría Superior de la Federación es apenas una más de una larga larga cadena.
Lluvia de regalos.

Balance general
La iniciativa que colocará esta semana la Secretaría de Hacienda en la ventanilla del Senado para modificar el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, apunta a enmendar un escenario de iniquidad que desalienta la posibilidad de la empresa pública para explotar pozos cansados.
Hete aquí que colocado en tabla rasa el nivel para el cobro de derechos de explotación, el fisco devora el mismo porcentaje para Cantarell que para alguno de los cientos de pozos del campo de Chicontepec, lo que vuelve incosteable su explotación.
Bajo el nuevo escenario habrá un monto para pozos viejos en nivel de extinción, y otro para los que están en pleno desarrollo.
La sangría para el fisco, naturalmente, será de varios miles de millones de pesos, por más que parte de ellos los compensaría una mayor producción.

Pura finta
Las señales apuntan a que la posibilidad de instalar refinerías privadas que le maquilarían crudo a Pemex para devolverle gasolina y petroquímicos, se colocó como una carta de cambio para que los priístas se lavaran la cara.
Dicho con todas las letras, colocada en tela de duda la constitucionalidad de la alternativa, los legisladores del tricolor la rechazarían tajantemente, colocándose en opción de fedatarios de la legalidad.
No dejamos pasar, pues, la bola rápida.
La hipótesis se sustenta en el rechazo de las firmas multinacionales a arriesgar inversiones del orden de siete u ocho mil millones de dólares sin tener la propiedad del producto final.
Ahora que del otro lado de la mesa el gobierno se rajó de su propósito inicial de abrir el abanico en su totalidad, ante las advertencias de que los privados exigirían sólo petróleo ligero para el abasto, es decir el más fácil de refinar.

Ni tú ni yo
Fracasada la posibilidad de instrumentar un arreglo entre las partes bajo la intermediación directa del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, el Grupo Minera México está a punto de cerrar la unidad San Martín ubicada en Sombrerete, Zacatecas, cuya parálisis alcanza ya ocho meses.
Como recordará usted, la huelga estalló en medio de acusaciones de violación por parte de la empresa de las normas de higiene y seguridad, con la novedad de que en primera instancia la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la declaró inexistente.
El caso es que el sindicato minero logró un amparo "para efectos" frente a la resolución, lo que obligó a reponerse el procedimiento, derivando en una inaudita marcha atrás.
El movimiento, pues, si era válido.
La empresa alega pérdidas diarias por medio millón de dólares.

Medio siglo
En los ecos de la celebración, la semana pasada, de los 50 años del Club de Industriales, está aún el largo aplauso, con tintes de ovación, que se le tributó a su presidente durante 15 años, José Carral Escalante, cuando iba a pronunciar su discurso.
El insólito no se veía en décadas al interior de un organismo empresarial.
La emoción, además, se derramó ante la presencia de la familia del fundador del organismo, Francisco Prieto López, quien lo presidiera durante 35 años.

albertobach@yahoo.com.mx;barrancoalberto@prodigy.net.mx