Empresa

"Placa de influyente"

Sin haberse desahoga­do aún una solicitud de amparo indirecto planteada por la em­presa Talleres Unidos Mexi­canos contra la adjudicación sin licitación al calce del Go­bierno de Baja California de un contrato para fabricación de placas vehiculares a la fir­ma Lazos Internacionales, el gobierno de Guerrero ya le dio otro.
Aunque ni el monto del documento ni su magnitud tienen relevancia, estamos hablando de 16 millones 433 mil pesos y de 81 mil 276 jue­gos de láminas, lo trasceden­te es el cúmulo de irregula­ridades detectadas.
De entrada, la compañía agraciada, encabezada por Carlos González Ortiz Me­na, no tenía la autorización de la Secretaria de Comu­nicaciones y Transportes para fabricar placas... cuyo documento lo obtuvo justo después de la adjudicación del contrato.
La firma que se presenta como fabricante de corcho­latas se creó el 13 de noviem­bre de 1998 con un capital de sólo 51 mil pesos, pero se declaró en suspensión de ac­tividades hasta 2013, cuando la adquirieron sus actuales propietarios.
En la muestra de su traba­jo que entregó la empresa pa­ra demostrar que sí podía, al margen de la falta de puntos en las íes de Baja California, no existen las medidas de se­guridad que garantizarían que las láminas sean infal­sificables.
Más concretamente, no son identificables las imá­genes flotantes o líneas on­duladas. Tampoco se ubica el sello de seguridad paten­tado por la empresa 3M, líder mundial en investigación y tecnología.
Y si le seguimos, no apa­rece la estrella de la SCT gra­bada en láser.
La empresa, por lo demás, había presentado una postu­ra siete por ciento más alta en relación con el costo de un número igual de placas ejer­cido en el ejercicio anterior.
Estamos hablando de 16 millones 433 mil 571 pesos, frente a los 15 millones 408 mil 900 que se erogaron en 2013 en la extrapolación de un contrato.
El gobierno encabezado por Francisco Vega de La­madrid había convocado a una licitación pública ori­ginalmente a principios del año, a la que se inscribieron el Grupo Industrial DLU, Troquelados e Impresos, Placas Realizadas y Tomsa, todas ellas pertenecientes a la Asociación de Fabrican­tes de Documentos Oficiales de Identificación Vehicular, con la novedad de que en febrero el concurso se decla­ró desierto, alegando que el gobierno no tenía suficiente presupuesto.
Además, se argumenta­ba que las empresas perte­necientes al organismo se coludían para obtener los contratos, lo que necesaria­mente caminaba en el filo de la difamación.
El caso es que un mes des­pués se le adjudicó el contra­to por la vía directa a Lazos Internacionales, bajo el ar­gumento de que se requería el trabajo a bajo costo y con la mayor celeridad.
El caso es que tres meses después el pedido no se ha cubierto.
Planteada una queja ante la SCT por parte de los afec­tados, la bolita se remitió al Gobierno local, por más que en abono de la firma que había logrado obtener el contrato sin tener autori­zación para fabricar placas, se adujo que le había arropa­do también el Gobierno de Guerrero.
El sospechosísimo, em­pero, apunta al peso de los apoyados. Carlos González Ortiz Mena es nieto del que fuera durante tres sexenios Secretario de Hacienda, An­tonio Ortiz Mena, promotor del llamado "desarrollo es­tabilizador".
En el árbol genealógico, está su primo, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Al­fredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Además, el propietario de Lazos Internacionales es hermano de Francisco An­tonio González Ortiz Mena, director de banca de inver­sión de Banobras, en cuya tarea esta su designación co­mo delegado fiduciario del fideicomiso que maneja apo­yos para infraestructura de las entidades federativas por parte del Gobierno federal.
A Baja California le co­rresponderán 11 mil millo­nes de pesos.
Desde otro ángulo, la fa­milia está ligada al que fuera Secretario de Gobernación y Gobernador de Chiapas, Patrocinio González Garri­do, hijo del que a su vez fuera Secretario del Trabajo, Salo­món González Blanco.
Por lo pronto en la solici­tud de amparo de Talleres Unidos Mexicanos se seña­la que en el acto reclamado se violó la Constitución en sus garantías de derecho a la igualdad, no discrimina­ción, libre ocupación o tra­bajo y libre participación y competencia en el mercado.
Placa de influyente.

Balance general
Hecho público un docu­mento de que en el papel el Instituto Federal de Teleco­municaciones concluye que la empresa de televisión sa­telital Dish sí mantiene una sociedad con Teléfonos de México, a contrapelo de que sólo mantenían una alian­za de carácter comercial, es decir Telmex allanaría los cobros de los usuarios de la firma, ésta se defiende.
De acuerdo a la empre­sa encabezada por Joaquín Vargas, ésta surgió de una alianza entre la cadena MVS y Echostar, lo que jura poder acreditar fehacientemente.
Y aunque la compañía está emplazada por el Ins­tituto Federal de Telecomu­nicaciones vía un oficio de presunta responsabilidad, se aduce que éste no es con­cluyente, es decir no hay aún una resolución en su contra.
De hecho, se habla que a Televisa se le hizo una notificación similar en la presunción de prácticas monopólicas relativas en su modalidad de ventas atadas, y el expediente aún está vivo.
De acuerdo a Dish, en ningún momento se le han comprobado prácticas anti­competitivas.
El caso es que los detrac­tores de la empresa hablan de simulación y remiten a una presunta complicidad de las autoridades que en su momento revisaron el asun­to, es decir la Comisión Fe­deral de Competencia que encabezaba Eduardo Pérez Motta, y la Comisión Federal de Telecomunicaciones que a su vez tenía como titular a Mony de Swan.
El asunto está que arde.

Otra por Comex
Sin ventilarse aún el ar­bitraje internacional a que emplazó el Grupo Comex a la estadounidense Sherwin Williams, acusándola de ti­rar el arpa antes de tiempo en la posibilidad de concre­tar una oferta de compra, la empresa de la familia Achar ya tiene un nuevo postor.
Estamos hablando de PPG Industries, reputada como líder mundial en re­cubrimientos y materiales especializados.
La propuesta, firmada y avalada por Comex, es de dos mil 300 millones de dólares, 300 menos de lo que plantea­ba Sherwin Williams.
Con 62 años de presencia en el País, la firma mexica­na que nació como negocio familiar tiene ocho centros de producción, seis de distri­bución y tres mil 600 tiendas en todo México.
Sus ventas alcanzan a Centroamérica.
Su nómina es de tres mil 500 empleos.
Dado que, a diferencia de Sherwin Williams, PPG Industries no tiene mayo­res operaciones en México, no se vislumbra oposición a la operación por parte de la Comisión Federal de Com­petencia Económica.

Suben a Pemex
A contrapelo de su grave sobrendeudamiento, la cali­ficadora de deuda Moody's elevó la calidad crediticia de Petróleos Mexicanos, saltando de BAAV a A3, en concordancia con el trato al Gobierno, quien es el aval en las colocaciones.
Sin embargo, se conside­ra que el salto es consecuen­cia de las expectativas inter­nacionales ante la reforma energética, por más que en las nuevas emisiones, ya con el cambio de condición de la paraestatal a empresa pro­ductiva de Estado, no habría las mismas condiciones de respaldo gubernamental.
De hecho, la intención de la actual administración es desendeudar a la firma en el escenario de una posible autonomía presupuestal.
albertobarrancochava­rria0@gmail.com