UEFA abre investigación a Barcelona por pagos a ex árbitro

La UEFA inició la investigación formal a los azulgranas por una posible violación a sus reglamentos en el caso Negreira

BARCELONA._ La UEFA abrió una investigación formal al Club Barcelona por una posible violación del marco legal del organismo rector del balompié europeo en relación con el llamado ‘Caso Negreira’, sobre los pagos realizados por la escuadra a una empresa propiedad de un alto cargo arbitral.

A través de un comunicado, la UEFA anunció la investigación y dio a conocer que “de conformidad con el Artículo 31(4) del Reglamento Disciplinario de la UEFA, los Inspectores éticos y disciplinarios (del organismo) han sido designados para llevar a cabo la misma.

Un tribunal de Barcelona acordó revisar el caso la semana pasada después de que los fiscales presentaran una denuncia sobre lo que supuestamente fueron pagos de 7.3 millones de euros (7.95 millones de dólares) entre 2001 y 2018 a empresas propiedad de José María Enríquez Negreira.

Negreira fue vicepresidente del comité de arbitraje de la Federación Española de Futbol desde 1993 a 2018, bajo el entonces presidente Victoriano Sánchez Arminio.

Negreira no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pidió el martes que el caso se transfiriera a la fiscalía anticorrupción debido a la naturaleza de alto perfil de las acusaciones.

La denuncia de los fiscales se centra en 2.9 millones de euros pagados entre 2014 y 2018 y alega que el FC Barcelona, con la ayuda de los ex presidentes del club Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, alcanzó un “acuerdo verbal confidencial” con Negreira.

En una declaración el mes pasado, el club negó cualquier irregularidad, diciendo que había pagado a un consultor externo que le proporcionó “informes técnicos relacionados con el arbitraje profesional”. Se trataba de una práctica habitual entre los clubes de futbol profesional, afirmó.

LaLiga dijo este mes que denunció el caso a la UEFA porque no se podía imponer ninguna sanción en virtud de la legislación deportiva española al haber transcurrido tres años desde las supuestas infracciones, según su presidente Javier Tebas.