Vinculan a proceso a Madueña y Robespierre por negar a ASE auditar recursos en 2023
Como medida cautelar, a ambos funcionarios se les prohibió salir del País y deberán asistir a firmar periódicamente
CULIACÁN._ Tras cerca de un año de audiencias bajo la causa 1399/2023, fueron vinculados a proceso Jesús Madueña Molina, Rector separado del cargo de la Universidad Autónoma de Sinaloa; y Robespierre Lizarraga Otero, encargado de despacho de Rectoría, por abuso de autoridad en perjuicio de la Auditoría Superior del Estado al impedir la revisión del recurso propio en 2023.
Esta fue la segunda carpeta judicializada contra funcionarios de la UAS por abuso de autoridad.
La ASE interpuso la denuncia el 18 de mayo de 2023 en la que responsabiliza a los universitarios de impedir la revisión de recursos que percibió la casa rosalina en 2019, 2020 y 2021.
Un agente del Ministerio Público detalló que el 16 de mayo de 2023, cerca de las 10:30 horas en las instalaciones de Rectoría de la UAS, Lizárraga Otero se negó a proporcionar información contable requerida y no les facilitó espacio para llevar a cabo su trabajo.
Para esta auditoría se comisionó a 12 auditores que requerían a los funcionarios de la UAS información contable de los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021, así como un lugar con acceso a Internet.
De acuerdo con la denuncia presentada por un agente del Ministerio Público, señaló que el 4 de mayo de 2023 la ASE remitió a Jesús Madueña Molina, en carácter de Rector, un oficio donde se notificó de la auditoría E001/2023 que se realizaría el 16 de mayo del mismo año.
Manifestaron que el 15 de mayo de 2023, Robespierre Lizárraga Otero, como apoderado legal de la UAS, envió un oficio a la ASE donde se solicitaba que tuviera por concluida la auditoría debido a una suspensión definitiva por parte de un Juez federal en contra del Congreso del Estado.
Ante esta situación, la ASE emitió un oficio de contestación en el cual se le informó que la petición no era procedente porque el amparo era dirigido a una autoridad distinta.
Según la información proporcionada a la Fiscalía General del Estado, durante el ejercicio fiscal 2019, la UAS recibió un subsidio estatal de al menos mil 929 millones de pesos; en 2020, 2 mil 34 millones; mientras que en 2021 se les transfirió la cantidad de 2 mil 64 millones.
Los defensores particulares de Robespierre Lizarraga, Alfonso Carlos Ontiveros Salas y Alfonso Carlos Ontiveros Elgueazar, así como el abogado de Madueña Molina y Milton Ayala Vega cuestionaron a la Fiscalía el carácter de funcionarios públicos de sus representados, en cambio señalaron que su trabajo es equiparable a un trabajador ordinario.
Destacaron que el amparo promovido por la UAS en contra de la Ley de Educación Superior del Estado adquirió certeza a partir del desistimiento del Congreso del Estado en la revisión de queja contra el amparo. En este, señalaron, se asegura que el Congreso carece de funciones legales para el escrutinio de recursos autogenerados de la universidad dado que violentan la autonomía de la institución.
Por su parte, dijeron, el amparo 838/2023 resuelto por el Juez primero de distrito del estado estableció que los recursos autogenerados de la institución son de carácter privado y no de la cuenta pública.
Asimismo, detallaron que la resolución de amparo 594/2023 por el Juez tercero de distrito declaró inconstitucional que la ASE realice la fiscalización de recursos propios de la UAS.
Los agentes del Ministerio Público indicaron que algunos amparos y recursos de queja no tenían competencia para esta causa penal, mientras que otras resoluciones no se hallaban en la carpeta de investigación.
Referente a la calidad de Jesús Madueña como servidor público o no, argumentaron que como Rector manejaba recursos provenientes del Gobierno estatal, mientras que la según la Ley Orgánica de la propia institución define a la UAS como una entidad pública descentralizada.
Luego de la contra réplica de los defensores, el Juez Carlos Alberto Herrera dictó vinculación a proceso para Madueña Molina y Lizárraga Otero por delito de abuso de autoridad.
A pesar de que los agentes del Ministerio Público solicitaron tres meses para la investigación complementaria, el Juez Carlos Alberto Herrera concedió un mes, ya que los defensores señalaron que esta causa ya tenía cerca de un año sin concluir.
Durante este tiempo, Madueña Molina y Lizárraga Otero tendrán que asistir a firmar periódicamente y no podrán salir del País.