Vinculan a Madueña y ex comité de adquisiciones de la UAS por no licitar más de $100 millones en equipo de cómputo

Después de casi 12 horas, el Juez determinó que había pruebas suficientes para que la FGE iniciara la investigación complementaria; tras una discusión, se retiró al público presente, mientras que defensores y represente legal de la UAS señaló una presunta complicidad del Juez y la Fiscalía

Tras más de 12 horas y una acalorada discusión, el Rector Separado del cargo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, y los ex integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos Servicios y Obra Pública durante su administración fueron vinculados a proceso por no licitar 118 millones 327 mil 837 pesos por la adquisición de equipo de cómputo entre 2021 y 2022, pagado con recurso público estatal.

Madueña Molina fue separado por cuarta vez de su cargo como Rector de la UAS y acusado del delito de ejercicio indebido de la función pública, al no evitar el daño patrimonial a la casa rosalina.

Mientras que los ex integrantes del Comité, Héctor Melesio Cuén Díaz, Soila Maribel Gaxiola Camacho, Jorge Pérez Rubio y Óscar Orlando Guadrón, fueron vinculados por el delito de desempeño irregular de la función pública, al ser quienes concordaron las compras con el proveedor.

La Fiscalía de Combate a la Corrupción detalló que del 26 de julio al 7 de diciembre de 2021, la UAS adquirió computadoras de escritorio, laptops, cartuchos, teclados, discos duros y material para internet al proveedor Soluciones en Informática de Noroeste, S.A. de C.V. por un costo de 60 millones 920 mil 152.82 pesos.

Mientras que del 28 de enero al 12 de diciembre fueron adquiridos los mismo bienes por un costo de 57 millones 407 mil 679 pesos, en órdenes de compra elaboradas por Héctor Melesio Cuén Díaz, quien era el director de Bienes y Servicios del Comité.

Además, la Fiscalía expuso que durante 2021 la UAS expidió mil 954 comprobantes fiscales por Internet y en 2022, expidió 2 mil 503 a favor de la empresa señalada, del cual César Abraham Cuadras López es socio y fundador.

En ese mismo sentido, reveló que, anteriormente, Cuadras López estaba asociado con Jonas Felipe Ayala, quien por decisión propia decidió cederle sus 25 acciones de la empresa a Yareli López Sotelo, quien trabajó 25 años como profesora en la Facultad de Informática y quien ahora funge como secretaria académica de la misma facultad.

López Sotelo es también esposa de Cuadras López, pero según su testimonio, ella no tiene injerencias en las ventas que él realiza. La discusión que se extendió por horas surgió a partir de una presunta inexactitud por parte de la Fiscalía de no proveer de los datos de donde se realizaron las transferencias bancarias.

Estos intentaron explicar a la defensa que se pagó a través de dos cuentas bancarias en las cuales se les depositaba el recurso estatal público a la casa rosalina, sin embargo, fueron interrumpidos por Madueña Molina, quien gritó que el número de tarjeta dictado era el de los recursos propios. En ese momento, el fiscal preguntó a qué tarjeta se refería, pero abogados, imputados y públicos se rieron y gritaron que son ellos los que deberían investigar esos detalles.

La defensa versó en cuanto a la conceptualización de servidores públicos y el recurso estatal público al que hacían referencia, ya que por un lado defendían que de acuerdo a la definición de la Ley de entidades paraestatales, la UAS no tenía el carácter de paraestatal, por lo que no forma parte de la administración pública.

Cuestionaron el dinero con el que se pagó la adquisición de equipos de cómputo, señalando que el recurso estatal que la entidad le otorgó a la casa de estudios era parte del convenio de transferencia de recursos federales, y aunque este presupuesto pasara por el Congreso del Estado, no deja de ser un recurso federal.

Por lo que, señaló el defensor Alfonso Carlos Ontiveros Salas, si existe delito que perseguir, la Auditoria Superior de la Federación es quien debiera establecer a los Ministerios Públicos de la Federación y, en ese caso, la entidad competente para llevar a cabo dicha investigación tendría que ser la Fiscalía General de la República.

Durante la segunda participación del Ministerio Público, la respuesta del público, imputados y defensores arreció en la sala con comentarios como “mentirosos”, y bulla que provocó que el Juez Carlos Alberto Herrera determinara recesar 10 minutos y solo permitir la entrada en la sala de acusados, defensores y parte ofendida, así como la prensa.

Al regresar, durante su participación, el representante legal de la UAS, Yamir de Jesús Valdez Álvarez, criticó al Juez y aseguró de una presunta complicidad con la Fiscalía, “solo investigan y juzgan lo que el Gobernador les dicta”, le expresó.

Casi a las 20:00 horas, el Juez resolvió vincular a proceso a Madueña Molina y al ex Comité de Adquisiciones, dictando medidas cautelares firmas periódicas, no salir del País sin autorización previa y separando del cargo por cuarta vez al Rector ya separado del cargo.

Dio a la FGE tres meses para la investigación complementaria, para la carpeta 994/2024.