Ve abogado de UAS comunicación abusiva entre Poder Ejecutivo, Judicial y Fiscalía

Puede interpretarse como que el Estado monta escenario jurídico para inculpar e inventar delitos contra funcionarios de la Universidad, dice Ramón Bonilla, Director de la Facultad de Derecho

Podría haber una comunicación sesgada, arbitraria y abusiva entre los poderes Ejecutivo y Judicial, así como con la Fiscalía General del Estado para actuar en contra de los funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, declaró Ramón Bonilla Rojas, Director de la Facultad de Derecho Mazatlán e integrante del cuerpo jurídico para la defensa de la Universidad.

Esto tras los comentarios del Gobernador Rubén Rocha Moya en los que reveló que las denuncias contra el Rector Jesús Madueña Molina están “a punto” de ser judicializadas.

“El Juez o el Poder Judicial no debe de estar enterado de lo que es la carpeta de investigación, pero si ya están haciendo esos comentarios, deduzco que hay una comunicación sesgada, arbitraria, abusiva, inconstitucional, entre el Poder Judicial, la Fiscalía y el Poder Ejecutivo, cuando no debía de ser así. Esto es para que tengas idea de la gravedad de las cosas, de lo que está sucediendo en este momento aquí en Sinaloa, donde hay toda la utilización de la fuerza del Estado, de todas las instituciones del Estado para inculpar a personas de delitos”, declaró en RadioUAS, Bonilla Rojas.

A su vez, lamentó que el mismo Gobernador haya mencionado que de pasar a juicio, Madueña Molina podría enfrentar medidas cautelares durante el proceso, aunque expresó confianza en la justicia federal.

“Gravísimo que estén ellos pensando o ideando cómo derrocar a un Rector, incluso utilizando una vía legal. Gravísimo sería que lo hicieran pero, aclaramos, si eso hipotéticamente pasara no tengo duda que un juez de distrito, un juez federal va a restituir al Rector en caso que hubiera una situación así”, expuso.

Por otro lado, señaló que llama la atención que el Gobierno esté enterado de todo el proceso pese a no estar involucrado directamente en él, además de que las denuncias fueron presentadas por particulares y la Auditoría Superior del Estado, dependiente de la Fiscalía, la cual es autónoma, por lo que dio a entender que el Estado monta un escenario jurídico para inventar delitos contra funcionarios de la UAS.

De la misma manera, acusó a las autoridades estatales de filtrar información a los medios de comunicación para hacer ver a los funcionarios de la Universidad como culpables sin una judicialización previa, con lo que viola la presunción de inocencia de los mismos.