Sin más retrasos ni cambios de abogado, Fiscalía acusa a Madueña y funcionarios de no licitar obras por $20 millones

Los datos de prueba presentados por la Fiscalía señalan que en el periodo de 2021 y 2022, el entonces comité de adquisiciones realizó contratos por adjudicación directa por más de 20 millones de pesos a favor de un proveedor para la realización de obras públicas en diversas unidades académicas de la UAS

Tras ocho meses de diferimiento, este jueves se dio a conocer la formulación de imputación contra los ex integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos Servicios y Obra Pública de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Rector separado del cargo, Jesús Madueña Molina.

En la audiencia inicia, la Fiscalía Anticorrupción acusó a los ex integrantes del Comité, Salvador Pérez Martínez, Héctor Melesio Cuén Díaz, Soila Maribel Gaxiola Camacho, Jorge Pérez Rubio y Oscar Orlando Guadrón de utilizar recurso público estatal para realizar contratos de obras pública por más de 20 millones de pesos a favor de la empresa Arquitectos Constructores de Sinaloa S.A de C.V a través de su apoderado legal.

Señalaron que estos contratos se dieron mediante adjudicación directa, pero debido al monto debieron darse mediante concurso de licitación.

Explicaron que durante el 2021 la UAS pagó 10 millones 898 mil 756.65 pesos mientras que entre el 10 de febrero y el 6 de septiembre de 2022, destinaron 10 millones 65 mil 506.40 pesos.

Estas obras consistieron en trabajos de remodelación incluyendo demolición, instalación de pisos, cancelería, puertas, ventanas y mosquiteros, falsos plafones, paredes de tablaroca, entre otros.

Las remodelación se dieron en Mazatlán en la Unidad Académica de Gastronomía y Nutrición, la Escuela de Turismo, Centro de Atención Estudiantil, Edificio de Vicerrectoría, Ciudad Universitaria, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y el Departamento de Construcción y Mantenimiento y en la preparatoria Antonio Rosales.

Así como en Culiacán en el Gimnasio de usos múltiples en Culiacán y el área de Oftalmología.

Estas obras, expresó Madueña Molina, fueron realizadas para el regreso a clases presenciales luego de la pandemia.

Asimismo destacaron que los propietarios de la empresa, César Cuadras López y Násser Augusto Sánchez López, declararon que hacían trabajos a la universidad con contratos que les eran entregados por adjudicación directa o por invitación a tres proveedores.

Mencionaron que según Násser Augusto Sánchez López la empresa solo cuenta con dos empleados, quienes hacen trabajos de albañilería, por lo que si se requerían más recurso humano realizaban subcontrataciones, pagos que cargaban a la UAS.

Como datos de prueba, señalaron que de acuerdo a las facturas proporcionadas por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado los recursos asignados a la UAS entre 2021 y 2022 desprenden las cuentas bancarias en las que se depositó el pago, mismas en las que se realizaron los pagos a los proveedores.

Por esta razón, acusaron a Madueña Molina por el delito de ejercicio indebido de la función pública aludiendo a que, como Rector, tuvo conocimiento de los informes emitidos trimestralmente, aunado a su obligación de verificar los informes emitidos desde el comité, pudiendo evitar la afectación del patrimonio económico de la UAS.

En la audiencia se suscitaron discusiones una durante la lectura de la imputación debido a que la defensa cuestionaba a la definición del término recurso público estatal solicitando que especificara si hacían referencia a los recursos autogenerados del Estado, los recursos federalizados o los autogenerados por la universidad.

Otra, luego de que la Fiscalía leyera las facturas pagadas a la empresa y enseguida mencionara que algunas no estaban pagadas.

En defensa a esta observación, defensores y el apoderado legal de la UAS Yamir Valdez Alvarez pidieron que continuara la lectura para aclarar si la factura estaba pagada o no, y el fiscal respondió que todas estaban vigentes.

Tras las reiteradas interrupciones en durante la lectura de la fiscalía, el Juez Carlos Alberto Herrera dijo que si continuaba la interrupción los expulsaría de la sala.

Luego de cuatro horas de audiencia, los imputados decidieron reservarse a declarar y solicitaron al juez resolver su situación jurídica en 144 horas.

El Juez determinó que será el martes 2 de julio cuando decida sobre si vincula o no a proceso.