Sedena y Seido acusaron en 2016 que funcionarios de la FGR Sinaloa estaban involucrados con el narco
La reacción de las fuerzas armadas y la Seido, tras el ataque al convoy militar, fue entorpecida por funcionarios de la Delegación Sinaloa de la Fiscalía federal
Desde 2016, la Secretaría de la Defensa Nacional alertó que funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en Sinaloa estaban involucrados con el crimen organizado, que filtraban información sobre operativos, devolvían droga asegurada y se negaban a realizar indagatorias a detenidos.
Uno de los documentos reservados de la Sedena, que fueron liberados por el grupo de hacktivistas Guacamaya, es un informe que presentó a mandos militares sobre las acciones realizadas por las fuerzas armadas, luego del ataque a un convoy de 17 militares, en el que murieron cinco elementos y 11 resultaron heridos, la madrugada del 30 de septiembre de 2016 en un crucero de la salida norte de Culiacán.
El informe da detalles sobre las acciones, como operativos en diferentes zonas serranas de algunos municipios, detenciones, aseguramientos y hasta bajas de algunos miembros del cártel de Sinaloa, pero también presenta información de la inteligencia militar y sus análisis.
En un apartado, sobre “actividades de inteligencia”, el documento señala que los fuerzas armadas realizaron en territorio sinaloense “en coordinación” con la S.E.I.D.O. (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) que forma parte de la FGR, cateo de inmuebles, operaciones de identificación, localización y captura, reconocimientos visuales y técnicos con plataformas aéreas y un despliegue permanente de una célula de inteligencia.
El apartado incluye la interpretación de un análisis que realizó la S.E.I.D.O., sobre el hecho que detectó “indicios de involucramiento de funcionarios de la delegación en Culiacán de la entonces PGR y ahora Delegación de la FGR.
Los indicios
La Sedena enumeró la lista de los indicios del involucramiento con los criminales:
“A. REGRESAN LA DROGA ASEGURADA POR EL PERSONAL MILITAR A LOS DELINCUENTES, SIMULANDO SU DESTRUCCIÓN CON OTRAS SUSTANCIAS SIMILARES”, dice el primero.
“B. NEGÁNDOSE A REALIZAR LAS INDAGATORIAS CORRESPONDIENTES DE LOS DETENIDOS Y OBJETOS DEL DELITO, FINGIENDO TEMOR POR REPRESALIAS.”
En la lista de indicios también se incluyen otros más graves, como:
“C. FILTRAN INFORMACIÓN RESERVADA EN LOS PROCESOS DE JUDICIALIZACIÓN, A LOS ABOGADOS DEFENSORES, QUIENES TOMAN CONOCIMIENTO ANTES DEL TIEMPO QUE LA LEY ESTABLECE.”, agrega el documento.
“D. ESTRECHA RELACIÓN AFECTIVA ENTRE ABOGADOS DEFENSORES Y PERSONAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL FEDERAL (CHOCAN LA MANO Y SE ABRAZAN).”.
En el mismo documento, también se señala que por motivo de la agresión al personal militar el día 30 de septiembre de 2016, se realizaron detenciones el 17 de octubre del mismo año, como las de Jorge Santos Gastélum, “El 90”; Cristian Fernando Salcido Zepeda y Wilfrido Ramírez Martínez, pero todos fueron liberados el 24 de octubre por “falta de elementos de convicción que sustentaran las acusaciones.
Mismo caso que el de Rey David Santiago Vargas, “El Oso”, detenido el 28 de octubre y liberado el día 31.
“LOS DELINCUENTES CUENTAN CON FACILIDADES Y PRUEBAS PARA QUE EL JUEZ DETERMINE A SU FAVOR E INCLUSO REVIERTA LAS ACUSACIONES AL PERSONAL MILITAR”, concluyó el análisis.
En el mismo documento, también hay evidencia de que la Tercera Región Militar gestionó que, de manera simultánea a la toma de posesión del nuevo Gobernador del Estado, programada para el 1 de enero de 2017, “se realice el cambio total de personal que integra la Delegación de la PGR en la entidad”.
Al final del documento, en el apartado de las recomendaciones y acciones de coordinación la Sedena recalcó la importancia de promover el cambio de funcionarios.
“... POR SU NOTORIO INVOLUCRAMIENTO CON INTEGRANTES DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, PARA EVADIR LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA”, se puede leer en el documento.
Los delegados
El 4 de septiembre de 2015, Jesús Gerardo Rodríguez Prado rindió protesta junto con otros 31 delegados de otros estados abre la entonces Procuradora General Arely Gómez González.
Pese a las gestiones de la Tercera Región Militar y demás recomendaciones, Rodríguez Prado se mantuvo aún con la llegada del Gobernador Quirino Ordaz Coppel en 2017.
El 10 de febrero de 2017, sufrió un atentado, perpetrado por un grupo de hombres armados que le cerró el paso al vehículo en el cual se transportaba y le comenzó a disparar en las inmediaciones del campo Cardenal, en las cercanías del aeropuerto internacional de Culiacán.
Los escoltas repelieron la agresión y el delegado salió ileso, pero su auto se incendió junto al Canal 7.
Aún con las sospechas de la corporación, el 12 de junio de 2017, el propio Rodríguez Prado confirmó la detención de Jesús René Rodríguez Dueñas, alias “El Rino”, señalado como responsable del ataque a los militares, y dos de sus colaboradores, “El 20” y el “Tanque”.
La detención se logró en el fraccionamiento Infonavit Barrancos sección tres, luego de un operativo por aire y tierra que duró siete horas, implementado por el Ejército mexicano y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.
Rodríguez Prado se mantuvo en el cargo hasta el 16 de marzo de 2018, cuando Víctor Manuel Martínez Mendoza rindió protesta como nuevo titular, un experimentado agente con largo historial en la Fiscalía de Aguascalientes.
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