SCJN notificó al Congreso de Sinaloa que no habrá suspensión de descuentos en agua para Culiacán
Fue el 27 de enero que el Congreso de Sinaloa aprobó que las personas jubiladas, discapacitadas, pensionadas y adultos mayores, misma que el Alcalde argumentó que dañaba la hacienda e interpuso una controversia constitucional, que no ha sido resuelta
Las personas jubiladas, pensionadas, adultas mayores y discapacitadas tendrán el descuento del 50 por ciento aprobado por el Congreso del Estado, en la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, hasta que se decida si esto daña o no la posibilidad de que el municipio de Culiacán recaude mayor recurso para usarlo en las actividades para la ciudadanía. Esta información fue notificada al Poder Legislativo este lunes.
Es decir, en tanto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, no resuelva si hay inconstitucionalidad en la reforma de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, se deberán aplicar los descuentos aprobados en enero del 2022, en caso de decidir si esta reforma es incorrecta, pasarían a suspenderse, pero no antes de ello.
“Formalmente el Congreso del Estado ha sido notificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la negación de la suspensión a propósito del tema de las reformas a la Ley de Agua Potable y los descuentos que de ahí se derivan”, anunció Feliciano Castro Meléndrez, Presidente de la Junta de Coordinación Política.
El morenista subrayó que la única instancia del Estado Mexicano autorizada por la constitución para interpretar una inconstitucionalidad o no, es precisamente la SCJN, demostrando que las y los funcionarios públicos están obligados a respetar la ley en tanto no se demuestre alguna inconstitucionalidad.
Serapio Vargas Ramírez, uno de los promoventes de esta reforma, señaló que como legislador realizan y vigilan cumplimiento de las leyes, por lo que celebró la resolución sobre negar la suspensión, acción que no debió decidir el Alcalde de Culiacán, ya que es facultad de la Corte aprobar si se suspende o no, por lo que los descuentos se deben aplicar ahora hasta que sea la misma Corte, si así lo determina, la suspensión de descuentos.
“La Constitución es muy clara, ninguna autoridad ni administrativa, ni estatal, ni federal, tiene facultades para suspender la ley, entonces yo saludo ese hecho, creo que si cada autoridad o cada Alcalde va a aplicar lo que en su subjetividad crea que es inconstitucional, viviríamos en la anarquía”, dijo el legislador Vargas Ramírez.
Por otro lado, el Diputado sin partido, Adolfo Beltrán Corrales explicó que el primer resolutivo de la SCJN es que el Alcalde de Culiacán no tiene reconocida la personalidad jurídica porque no es representante legal, la ley establece que los representantes legales, en este caso tiene que ser la Síndica Procuradora, Rosario Valdez.
“La reforma una vez publicada entraba en vigencia y ellos decían que mientras se resolvía el fondo que era la controversia que dejara de aplicarse los efectos, es decir, que no entrara en vigencia, situación que ya había iniciado la vigencia y eso fue lo que le negó la corte, en estos momentos la Corte le niega suspender la vigencia y la aplicación de este decreto, en su momento lo estará resolviendo, pero ahorita la ley es vigente”, reiteró.
Antecedente
En enero del 2022 las diputadas y diputados aprobaron por unanimidad una reforma al Artículo 50 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa para incorporar a las personas adultas mayores y discapacitados, que ya incluía a personas pensionadas y jubiladas, al beneficio de pagar tarifas diferenciadas en un 50 por ciento, si sus consumos bimestrales son de 50 metros cúbicos.
La reforma también elimina la intervención de los Consejos Directivos de las Juntas municipales de agua potable y alcantarillado de acordar estas tarifas especiales o diferenciadas. El dictamen fue presentado por las Comisiones unidas de Hacienda Pública y Administración y de Recursos Hidráulicos.
El Alcalde Estrada Ferreiro, al considerar que esto causaba daño a la Hacienda Pública de Culiacán, decidió interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual no se ha terminado de resolver, pero en lo que esto sucede, la reforma se deberá aplicar.