Robespierre Lizárraga evita revisión de medidas cautelares por quinta ocasión
Después de hora y media de acalorada discusión entre universitarios y la defensoría pública, el Juez posterga la audiencia porque los litigantes no estaban preparados; el 16 de febrero nombrarán a nuevo abogado de Robespierre
Robespierre Lizárraga Otero, encargado del Despacho de Rectoría, logró diferir una audiencia más para revisión de medidas cautelares en su contra dentro de la causa penal 836/2023, por presunto abuso de autoridad, con lo que sumó el quinto diferimiento por audiencias de este tipo.
El defensor de Lizárraga Otero, Lorenzo Flores, informó al Juez que no pudo estudiar todo el expediente, por lo que no estaba preparado y pidió diferir el juicio, pese al apercibimiento que recibió el 6 de febrero. El abogado alegó que el Juez dio muy poco tiempo para estudiar el expediente.
La autoridad rechazó los argumentos de Lorenzo Flores, y después de preguntarle dos veces si estaba preparado, interrumpió la audiencia para que su asistente de sala permitiera la entrada de los abogados públicos.
Sin embargo, estos informaron que tampoco pudieron examinar toda la carpeta de investigación. Explicaron que el 4 de diciembre la defensoría pública recibió el expediente, pero como Robespierre designó a Lorenzo Flores, tuvieron que devolverla.
El Juez apercibió a los abogados públicos con mil días de multa si acuden a otra audiencia sin la preparación requerida. Además que fijó el 16 de febrero a las 14:00 horas para que Lizárraga Otero nombre a un nuevo defensor.
Los litigantes públicos asignados a Lizárraga Otero son Francisco Martínez, Daniel Valenzuela, Dagoberto Valdez y Fabiola Machado. Durante un receso, esta última fue rodeada tanto por abogados como público universitario, quienes la cuestionaron y criticaron por, supuestamente, obedecer órdenes del Poder Ejecutivo del Estado.
Asimismo, en medio de dicha discusión otros universitarios en la sala amedrentaron a la prensa para que estos tomaran nota de lo que sucedía, al mismo tiempo que recriminaban por “estar vendidos”.
Otro alegato tuvo momento al inició de la audiencia, cuando Yamir Valdés Álvarez, abogado general de la UAS, discutió con el Juez porque aseguró que UAS fue reconocida como tercera interesada en el proceso, gracias al juicio de amparo 1255/2023 del Juzgado Segundo de Distrito, y debía poner a un asesor jurídico.
La solicitud de Valdés Álvarez era designar como asesores jurídicos de la UAS a Rogelio Morones López, Alfredo Peinado Parra y Jesús Arellano Ochoa. En su planteamiento consideró que el asesor jurídico público actuaba de forma ilegal y debía reponerse todo el proceso.
“¿Y ese amparo dónde está?”, dijo Alberto Herrera.
“¿Y usted con qué facultad me notifica de eso?”, respondió fríamente el Juez.
Carlos Herrera señaló que no había recibido ningún aviso por dicho amparo, así que pidió a Valdés Álvarez que desocupara el lugar en la mesa de la parte ofendida. Apercibió hasta en cinco ocasiones a Yamir, hasta que optó por pausar de manera abrupta la audiencia, advirtiéndole que cuando terminara el receso ya no quería verlo en el sitio de la parte ofendida.
En esta causa están señalados Robespierre Lizárraga Otero y el Rector separado del cargo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, por impedir que la Auditoría Superior del Estado fiscalizara los recursos de la institución correspondientes al periodo 2022.