Reforma Judicial pone en grave riesgo la impartición de justicia: jueces y magistrados de Sinaloa
Advierten sobre el riesgo que en el voto popular no habría evaluación de desempeño y afectarían el Estado de Derecho en México
La reforma constitucional al Poder Judicial pone en grave riesgo la impartición de justicia y el Estado de Derecho en el país, advirtieron jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación en Culiacán.
Agregaron que en dicha reforma no hay una evaluación sobre el desempeño o pruebas que demuestren que los participantes a la votación popular han incurrido en alguna causa de responsabilidad o actos de corrupción.
“En este día decidimos alzar la voz en defensa del estado democrático de derecho y la división de poderes, ante la presentación de una reforma constitucional al Poder Judicial, que al parecer se aprobará en el mes de septiembre, que pone en grave riesgo la impartición de justicia y el Estado de Derecho en el país”.
En febrero pasado, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador presentó la reforma del Poder Judicial que se realizaría en 2025 por medio de una elección popular.
Ahí, la ciudadanía tendría que escoger a ministros, jueces y magistrados para que ocupen un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistrados del Tribunal Electoral y Magistrados del Tribunal de Disciplina, mediante 30 candidaturas paritarias propuestas por los tres Poderes de la Unión.
Ante estos posicionamientos, la Jueza Segundo de Distrito Auxiliar Federal, Marlene Ángeles Tovar, argumentó que la ciudadanía tendría que escoger alrededor de mil 700 fundadores federales y otros 5 mil juzgadores a nivel nacional, esto sin que se cumpla con alguna valoración o evaluación de los mismos.
“Al pretender sesgar al mismo tiempo alrededor de mil 700 personas fundadoras federales y 5 mil juzgadores en el Estado de la República para ser sustituidos por jueces electos por voto popular”.
“La propuesta de reforma se hará sin que exista una evaluación y valoración objetiva sobre el desempeño de cada uno de los juzgadores. No hay una evaluación sobre el desempeño o pruebas que demuestren que hemos incurrido en alguna causa de responsabilidad o actos de corrupción”, comunicó.
De la misma manera, Ángeles Tovar señaló que esta reforma es arbitraria y atenta contra lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con los tratados internacionales de derechos humanos de los que el País forma parte; esto a que amenaza con la división de los tres poderes.
“La reforma propone que las personas juzgadoras de carrera judicial, es decir, aquellas que llegan al cargo mediante concursos de oposición, sean sustituidas por juzgadores electos por voto popular, lo cual, amenaza la división de poderes y la independencia judicial”.
“Porque los candidatos a jueces serán propuestas por el Presidente de la República, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y un porcentaje mínimo por parte de la Corte. Pasarán a formar parte de un listado final que será filtrado por la Cámara de Senadores, para después pasar a la autoridad electoral y que inicien las campañas sin financiamiento público privado con un costo, según las fuentes oficiales, entre 3 mil 500 a 7 mil millones de pesos”, indicó la jueza.
Agregó que los jueces, magistrados y ministros están preocupados ante esta reforma, ya que no se garantiza que los que quieran formar parte de algún cargo del Poder Judicial estén preparados con capacidad, con experiencia e independencia.
“Nuestra legítima preocupación es que con el sistema propuesto no se garanticen a que lleguen los juzgadores más preparados con capacidad, con experiencia e independencia; sino que se corre el riesgo de politizar y polarizar la justicia, que lleguen personas vinculadas a un solo partido político de gobierno, con la delincuencia organizada o que se privilegie la popularidad sobre el conocimiento de derecho”.
“¿Qué van a proponer los jueces en campaña? ¿A quienes deberán favorecer esos jueces? Esta iniciativa permitirá que los nuevos juzgadores entren en funciones el siguiente año, sin mayor previsión, valoración, perfil o capacidad, lo cual pone en riesgo la tramitación y resolución de aproximadamente un millón 256 mil asuntos que ingresan anualmente al Poder Judicial de la Federación”, argumentó.
En ese sentido, Ángeles Tovar explicó que no basta un tiempo determinado para que una persona pueda convertirse en juzgador, sino que lleva extensos años de estudio y experiencia en los derechos humanos y el Poder Judicial.
“A la opinión pública queremos decirle, que no bastan unas semanas, unos meses o un año para convertirse en juzgador, para conocer y resolver los asuntos, ya que esto implica un proceso de capacitación continua”.
“La carrera judicial se creó para formar a los futuros juzgadores, la función del Juez es proteger los derechos y libertades de las personas en contra de las arbitrariedades del poder público a partir de una formación profesional, independiente, con sensibilidad social y ética”, expuso.
La jueza informó que sí debe de haber una reforma al Poder Judicial, pero también colindando y colaborando con la Fiscalía General del Estado y con las Policía Federal, estatal y municipal, ya que los tres están implicados en acreditar la responsabilidad de un delito a un ciudadano.
“Coincidimos en que sí se requiere una reforma a la justicia, al poder judicial, pero necesitamos que sea integral, la cual entonces deba incluir la procuración y administración de justicia, es decir, debe incluir a la Fiscalía General, a las Fiscalías de los estados, a las Policías federales, estatales, municipales; ya que su actuación es relevante para acreditar la responsabilidad de los presuntos implicados en un delito”.
“Requerimos de una reforma que coordine los esfuerzos de todas las autoridades, porque la sociedad exige vivir en paz, sentirse segura y reclama justicia”, dijo.