Que no se deje de lado la sociedad civil en el CPC: Iniciativa Sinaloa

"Marlene León Fontes y Sílber Meza Camacho reiteraron que están al pendiente de la serie de reformas que presentó Recias al Congreso para que haya un Comité de Participación Ciudadana más integral y ciudadano"

Que no se deje a la ciudadanía de lado en el Comité de Participación Ciudadana, piden integrantes de Iniciativa Sinaloa, esperando que la iniciativa de reforma se apruebe aún y con el rechazo que han mostrado los integrantes del actual CPC, pues esto, enfatizó Sílber Meza Camacho, director de esta organización, solo queda en manos del Congreso aprobar o rechazar.

“Nosotros invitamos al CPC a que se sume a esta propuesta y en vez de descalificarla que se sume a ayudar a unificar el CPC y para tener un mejor Sistema Anticorrupción, en vez de verlo como algo negativo, verlo como algo positivo”, manifestó Meza Camacho.

“Este tema es exclusivo de los diputados, el CPC es una parte interesada en esta temática, pero ellos no son quienes tienen que definir esta temática, son los diputados, son las diputadas, así de sencillo”, reiteró.

Mientras que Marlene León Fontes, investigadora de Iniciativa Sinaloa, celebró que se haya aprobado la parte de paridad en el Congreso, que era una de las reformas que se buscaba.

Enfatizó que falta por aprobar las otras reformas propuestas para que el Comité de Participación Ciudadana sea un órgano ciudadano y que haya un verdadero combate a la corrupción.

León Fontes realizó un análisis de las leyes de otros estados en cuanto a los requisitos de este sistema y terminó en la iniciativa que pide que se retire el requisito de que los interesados en ser parte del CPC tengan al menos 35 años, limitando a jóvenes a participar.

Entre otros puntos está que las personas deban contar con título o cédula profesional, sin importar la antigüedad de éstas, pues anteriormente se solicitaba que tuvieran al menos 10 años con estos documentos.

Así como que las personas tengan al menos siete años de haber estado en un cargo público, tomando en cuenta que en Nuevo León se solicitan 10 años de separación de un cargo, para garantizar que sea un órgano ciudadano y evitar el posible conflicto de interés.