Proponen censos y capacitación aspirantes a consejeros de organismo para proteger a periodistas y activistas
Los 12 aspirantes tuvieron cada uno cinco minutos para hablar en los que expusieron los motivos por los cuales quieren pertenecer al Consejo Consultivo, además dieron a conocer propuestas en caso que fueran seleccionados
Los 12 aspirantes a formar parte del Consejo Consultivo del Instituto de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas comparecieron ante diputadas y diputados en el Congreso del Estado.
El Consejo Consultivo estará conformado por seis personas, por lo que los 12 candidatos tuvieron cada uno cinco minutos para exponer sus motivos para ser seleccionados y las propuestas que tienen para el organismo en caso que así sea. Los turnos fueron sorteados así como las preguntas que respondieron al finalizar su discurso.
Aldo Ruiz González expuso ante legisladores su trayectoria en consejos consultivos ciudadanos en la sociedad civil y en públicos constitucionales. Así como en diversos medios de comunicación donde ha tenido participación.
“La Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral, así como el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa han sido la base institucional en donde he podido dejar innumerables aportaciones en beneficio de la divulgación, protección y defensa de los derechos humanos”, expresó el aspirante.
María Isabel Cruz Bernal lamentó la baja participación de personas defensoras de derechos humanos en la convocatoria para conformar el Consejo Consultivo, y destacó la prioridad de visibilizar la situación por la que atraviesa la entidad.
“Siendo para mí un compromiso fundamental visibilizar las situaciones de injusticia social, combatir la impunidad y exigir a nuestro Estado que cumpla con su obligación de garantizar nuestros derechos humanos”, comentó.
La aspirante Ivonne América Armenta Zúñiga propuso la unión entre ambos gremios, el de periodistas y el de personas defensoras de derechos humanos, así como la capacitación dirigida a los dos. También subrayó la importancia de tener un censo en la entidad.
“Porque no conocemos quiénes son todas las personas que se dedican o que forman parte de esos gremios en el estado de Sinaloa que protege esta ley. También tenemos que entender que teniendo este censo tendríamos nosotros y nosotras una noción de cuáles son las vulnerabilidades que tenemos quienes integramos estos gremios y las necesidades derivadas”, explicó.
Sheila del Carmen Arias Martínez propuso un mapa de riesgo en la entidad para las personas que se dedican a la defensa de derechos humanos y al periodismo.
“Me parece muy importante en el proyecto apuntalar y derivado en la creación y diseño de una campaña inmersa de comunicación, divulgación y capacitación con periodistas y grupos de personas defensoras de derechos humanos. Es importante decirles qué es el Instituto, qué no es el Instituto y cuáles son los alcances, cuáles son sus objetivos, su marco jurídico, su estructura”, explicó.
Griselda Inés Triana López subrayó las condiciones de precariedad en la que laboran las y los periodistas, y criticó que la justicia sea selectiva. Comentó que las personas siguen corriendo riesgos aún siendo acogidas por mecanismos de protección.
“Las personas que son afectadas como yo pasan por muchísimos obstáculos y no tienen la información, o no tienen el acompañamiento debido para poder ejercer sus derechos como víctimas y también sé de las dificultades que enfrentan las personas que aún estando bajo el mecanismo de protección siguen viviendo en el riesgo de ser amenazados, asesinados, desplazados”, subrayó.
La candidata Rosina Ávila Palma también propuso la creación de un padrón de periodistas y personas defensoras de derechos humanos y que el Instituto de protección a las mismas tenga presencia en la zona norte, centro y sur del estado ya que cada región tiene sus propias necesidades. Además que brinde atención sicológica y opere las 24 horas del día.
“Es necesario contar con una línea telefónica de atención inmediata que permita atender los llamados de ayuda de los defensores de derechos humanos y de periodistas cuando estos se sientan en riesgo”, expuso.
Marco Antonio Santos Guzmán planteó tres ejes que destacó como fundamentales en el ejercicio periodístico la ética, capacitación de los integrantes del gremio y el peso social de la prensa. Señaló que los planes de estudio deben ser más claros para que la formación ética.
“El peso social de la prensa es aquello que consideramos esas grandes aportaciones para el bien común, para el bien de la sociedad como temas periodísticos, como temas sociales trascendentales que se hacen a partir de las investigaciones que se hacen en los diarios”, comentó.
Martín Alberto Durán Romero compartió su experiencia cuando fue acogido por el mecanismo de protección a periodistas y recalcó la necesidad de planear el retorno de reporteros y periodistas defensoras de derechos humanos que hayan sido desplazados por la violencia y amenazas. También destacó la importancia de abordar los problemas con perspectiva de género en el gremio periodístico.
“Me parece sumamente importante que el Instituto de Protección para Defensores y para Periodistas tengan una unidad de género para que se trabaje también con las mujeres con un enfoque diferenciado”, comentó.
El aspirante Jorge Rubén Ibarra Martínez aprovechó su participación para criticar que no haya claridad en la ley sobre cómo van a generar condiciones para que las y los periodistas puedan ejercer su labor con seguridad, y solo establece mecanismos para atender la violencia. También propuso la creación de un índice de seguridad y bienestar.
“A ciencia cierta no conocemos cuáles son las condiciones”, explicó.
Juan Mario Martini Rivera lamentó que muchas ocasiones las y los periodistas son asesinados por hacer la labor que le corresponden a algunas autoridades.
“Porque en muchos casos hacemos el trabajo del Ministerio Público, investigamos, denunciamos y no tenemos ni por mucho las herramientas que tiene el Ministerio Público o la Policía de Investigación”, expresó.
El candidato Alberto Morones Rivas propuso la creación de un atlas de riesgo para periodistas y personas defensoras de derechos humanos, y que exista un protocolo que sea proporcionado a las empresas que funja como primera barrera de protección para las y los reporteros.
“Una aplicación móvil a la cual los defensores de derechos humanos y periodistas que se sientan en riesgo se puedan comunicar para solicitar ayuda sin necesidad de tener que recurrir personalmente a una corporación policiaca”, propuso.
La aspirante Estefanía López Corral comentó que desde el Consejo Consultivo deben estar vigilantes de la operación del Instituto de Protección y hacer las campañas correspondientes para vincularse con las partes involucradas.
“Fomentar una cultura de participación y unidad al interior del gremio periodístico, comenzar campañas de sensibilización para las autoridades gubernamentales en atención a medios de comunicación, acercarnos a las empresas periodísticas con el fin de concientizar y garantizar la protección y cuidado de sus reporteros”, comentó.
Las propuestas serán analizadas por las y los diputados que serán los encargados de seleccionar a las seis personas que integrarán el Consejo Consultivo del Instituto de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.