Propondrá Diputado tipificar como delito los ‘acarreos’ a manifestaciones

Con motivo de la última movilización de la UAS, Serapio Vargas sugiere castigar penalmente el abuso de una jerarquía administrativa o académica para presionar a las personas y que estas salgan a marchar

CULIACÁN._ Una reforma al Código Penal de Sinaloa, para castigar por esa vía a quien obligue a las personas a que acudan a marchas o manifestaciones, propondrá el Diputado local por Morena, Serapio Vargas Ramírez.

De acuerdo con el legislador, no existe una oposición a que la población exprese su inconformidad a través de las manifestaciones, pero al igual que el derecho al voto, no debe forzarse ni presionarse para ejercerlo.

“El tema está que hemos descubierto en Sinaloa que, en la Universidad Autónoma de Sinaloa particularmente, se han cometido acciones u omisiones que, de ser votos en lugar del derecho de marcha, fuera delito electoral, entonces queremos presentar una iniciativa para tipificar como delito contra la democracia”, expuso.

“El derecho a marchar es intocable, los jóvenes tienen un derecho intocado a marchas, pero queremos que, a todo aquel que presione objetivamente para ir a marchar, sin que quiera el que o va a hacer, y que a todo aquel que tenga jerarquía académica o administrativa solicite o presione para que alguien vaya a marchar”.

Vargas Ramírez aseguró que en la movilización estatal promovida por la UAS había docentes que pasaban lista de asistencia y a los estudiantes que acudieron al llamado les gratificaban con puntos extra o les amenazaban con restarle créditos escolares.

“Los jóvenes no hallaban cómo salirse de la marcha, de hecho por eso se fue vaciando, pero tenían miedo de que los maestros no los vieran y los castigaran académicamente, muchos trabajadores no querían ir a la marcha, sin embargo, tenían que estar porque tenían amenazado su empleo”, aseveró.

El Diputado local puntualizó que esta reforma también aplicaría al ámbito laboral, incluso tratándose del sector privado.

Asimismo, planteó que las penalizaciones deberán alcanzar la misma gravedad que los delitos electorales.