Prevalece falta de jueces en Sinaloa

"El estado se ubica en el lugar número 25 a nivel nacional en cuanto a los jueces por cada 100 mil habitantes, mientras que en el caso de los defensores públicos se ubicó en el lugar 23, señala estudio"

Sinaloa se ubicó después del lugar 20 a nivel nacional porque no cuenta con los jueces ni los defensores públicos suficientes, según arrojó el ejercicio “Hallazgos 2018: Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México”.

El organismo civil México Evalúa realizó el ejercicio con información pública en la que pudo precisar las cantidades de jueces preparados en el sistema de justicia penal acusatorio y de los defensores públicos.

Nuestro estado, según la evaluación y el apartado “Habilitantes: ¿cuáles son las capacidades institucionales para garantizar el acceso a la justicia?” se ubicó en el lugar número 25 a nivel nacional en cuanto a los jueces por cada 100 mil habitantes, con apenas un promedio de 0.6, mientras que en el caso de los defensores públicos se ubicó en el lugar 23 con un promedio de 1.4 por cada 100 mil habitantes. “...Zacatecas es el estado con la tasa más alta de jueces dentro del sistema de justicia penal (2.8 por cada 100 mil habitantes), mientras que Michoacán (0.2), Puebla (0.2) y Chiapas (0.3) tienen la tasa más baja”, dice el informe.

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“Si se compara el número de jueces con el promedio en la región, se aprecia un rezago importante, pues la tasa de jueces en Latinoamérica es de 10 por cada 100 mil habitantes, mientras que el promedio nacional en el país es de 0.9”. En el caso de los defensores públicos, a nivel nacional, la tasa es de apenas 2 por cada 100 mil habitantes.

“...Las cifras son preocupantemente bajas”, señala el documento. Nayarit es el que tiene la tasa más alta con 5.9 defensores por cada 100 mil habitantes y le sigue Baja California Sur, con 3.6; Chihuahua, con 3.5, y Colima,  con 3.3.

En el caso opuesto, Chiapas con 0.2, Puebla con 0.4, Veracruz con 0.5 y Tlaxcala con 0.8 no alcanzan ni siquiera la tasa de un defensor por cada 100 mil habitantes. “Esto deja en evidencia que no se han generado avances para revertir la insuficiencia de personal, lo que repercute negativamente en el acceso a la justicia”, afirma el informe.

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