Presenta CESP diagnóstico integral de seguridad y justicia en Sinaloa; espera lo retome el Gobierno entrante

El Consejo Estatal de Seguridad Pública realizó el análisis delictivo del 2020, poniendo la información al servicio de la ciudadanía y de las autoridades, esperando que sirva como un instrumento para priorizar temas y trabajar para garantizar seguridad y justicia a la ciudadanía

En una coyuntura de cambio de administración estatal en Sinaloa, se presentó el Diagnóstico de Ciudadanos Evaluando 2020, mismo del que tiene conocimiento el Gobierno en turno y el entrante.

Se trata de un documento que refleja el comportamiento delictivo en Sinaloa, que está cambiando, por lo que se espera y confía en que se implementen estrategias de prevención y de justicia efectivas, compartió Ricardo Jenny del Rincón, Coordinador General del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

“Hay delitos con una tendencia al alza que están impactando directamente a las familias y a los hogares, estábamos, yo me acuerdo al principio, bien preocupados por el robo de vehículos, bien preocupados por el homicidio doloso y no es que dejemos de estarlo, pero ahora tenemos que voltear a ver otros problemas que se están convirtiendo en una bomba aquí en Sinaloa”, detalló Jenny del Rincón.

Por medio de cinco puntos, resultado del análisis, que impactan el desarrollo y bienestar de las familias y personas en la entidad, buscan que el Gobierno estatal que está por entrar tome la información como una oportunidad de enfocarse a los delitos y lagunas que hay para que la ciudadanía no sea víctima de ellos y, en caso de serlo, alcance la justicia pronta y expedita.

“Nos encontramos frente a un cambio de Gobierno, ¿qué vemos?, una oportunidad, nos sentimos ilusionados de que con el cambio de Gobierno y teniendo este diagnóstico muy claro que les dimos a conocer a las autoridades electas y a las autoridades vigentes, se los dimos a conocer a tiempo antes de que prepararan sus discursos de campaña y sus planes, les dimos a conocer este diagnóstico”, declaró.

“Nuevas autoridades, nuevos retos, hagan que las cosas funcionen, ya no es la misma excusa de siempre ¿lo que no sirve es la Ley? no creo, porque el sistema está muy bien hecho, lo que corrompe el Sistema de Justicia Penal son las personas, porque como todo sistema operado por seres humanos nunca va a ser perfecto”, agregó.

El resultado también se hizo llegar a los municipios en cuanto a seguridad y justicia, a la Policía Estatal, al Secretariado Ejecutivo, a la Fiscalía General del Estado, al Poder Judicial y a las cárceles, que son del Poder Ejecutivo.

Primer punto, delitos a priorizar

El primer punto es la atención a los delitos de desapariciones, desplazamiento forzado de personas, violencia familiar, feminicidio, violación y homicidio culposo, en los que consideraron que las autoridades en la materia no han entrado de lleno a trabajar y que requieren de estrategias, recursos y de personas capacitadas para disminuirlos.

Respecto a la desaparición forzada, el titular del CESP señaló que no solo no se ha actuado en prevención y justicia, sino que es un tema que se ha intentado ocultar, además de que la problemática se tuvo que aceptar en Sinaloa por el reconocimiento que se le dio a nivel nacional, siendo que pasaron dos años consecutivos en que hubo más personas desaparecidas que homicidios.

En el desplazamiento forzado, abundó, no hay estadísticas del problema, sin un censo que diga las razones por las que la ciudadanía tiene que dejar sus comunidades, si es la violencia, pérdida de oportunidades, cuestiones naturales o demás causas.

“No sabemos qué se está haciendo para contener esas migraciones, no sabemos porque no es tema, no saben si pasárselo a las áreas de desarrollo social, a las áreas de salud, de educación, no saben ni siquiera cómo abordarlo”, indicó, agregando que no se sabe qué está pasando con los desplazados, ni qué va a suceder con estas personas, si regresarán a sus comunidades o se asentarán en las zonas urbanas de manera irregular.

Por otro lado, la violencia familiar es el delito que más se comente en Sinaloa, por lo que hacen particular énfasis en que se presentaron 4 mil 811 denuncias el año pasado, pero hay una cifra negra de denuncias que no se están realizando, aunado a una ausencia de programas para atender el problema de manera integral, siendo la antesala de otros delitos como violación, feminicidio y homidicio doloso.

“Son 10 veces más las llamadas que se hacen al 911 que las denuncias formales que se presentan, hay un pequeño acercamiento a la cifra negra, pero aún así ¿y los que no llaman?, el delito es muy fuerte, en Sinaloa es el delito más fuerte que hay”, refirió Jenny del Rincón.

Por 11 años consecutivos, la violencia familiar ha ido en aumento, y no solo la denuncia, por lo que el Coordinador General del CESP derribó el mito de que ahora las mujeres se animan más a denunciar, sino que las cifras indican el avance del delito, además de que por dos años seguidos es el que más incidencia tiene en Sinaloa, concentrándose en diferentes municipios por año, el pasado se incrementó de manera alarmante en Ahome.

En el 2020 se presentaron 27 feminicidios, sumado a 12 asesinatos más de mujeres no fueron catalogados como tales, de haberlo hecho serían 39 feminicidios. Lo que destaca es el nivel de odio y violencia con el que las mujeres son asesinadas.

La violación es otro delito al que se consideró desde el CESP que no se ha dado suficiente importancia, resaltando la edad de las niñas y niños que son la mayoría de víctimas de este delito, ya no solo menores de edad, sino infantes, de ahí la necesidad de enfocar programas y recursos destinados a este problema.

En cuanto a los homicidios culposos en la entidad, los cuales fueron 638 víctimas el año pasado, el 100 por ciento refieren a accidentes viales, por lo que se consideró una omisión de la autoridad que no está entrando al tema, siendo organizaciones ciudadanas quienes llevan un conteo y análisis de la situación vial, pero se debe cuestionar a las autoridades que entregan las licencias de conducir, que revisan la documentación en orden y ver si los ciudadanos son aptos para manejar.

Esta última cuestión, detalló, corresponde a la autoridad estatal y no municipal, lo que no ha quedado claro, además de envolverse en una espiral de corrupción en donde los problemas viales se resuelven en gran medida con sobornos a las autoridades en las detenciones de vehículos al circular.

Dos, mejorar esquemas de denuncia

“La denuncia sigue siendo lo mismo que hace 1, 2 o 3 años y no es por la pandemia”, indicó, añadiendo que las unidades de atención temprana no han sido lo que la Fiscalía planteó a la ciudadanía ni pensó cuando se propusieron estas unidades de atención que no han funcionado.

“Se necesita que sean más unidades de atención temprana o que haya más gente en las unidades de atención temprana o que la gente que trabaja en la atención temprana esté mejor capacitada, no sabemos cuál es la solución, solamente sabemos que la denuncia sigue siendo un problema grave aquí en Sinaloa”, expuso.

Corrupción al momento de denunciar y revictimización, reprobó, además de la mala práctica de la ratificación de la denuncia que no existe en el marco jurídico, así como no entregar las denuncias a las víctimas argumentando que no es una obligación, son aspectos que deben cambiar.

Tres, garantizar justicia pronta y expedita

No hay comunicación entre la Fiscalía y el Poder Judicial y tampoco están capacitados los policías para ser primeros respondientes, enunció Jenny del Rincón como deficiencias de las autoridades que impiden alcanzar la justicia pronta y expedita.

“Todo esto no es falla atribuible al sistema, sino a las personas, insisto, por omisión, por corrupción, por incapacidad o por lo que sea, pero fueron temas atribuibles a las personas que no están permitiendo que la sociedad tengamos una justicia pronta y expedita”, expresó.

Hay una puerta giratoria, agregó en el tema, en referencia a las personas que son liberadas por los jueces por un mal proceso penal, luego de un proceso de investigación de delitos, otro obstáculo para que haya justicia.

Cuatro, atención integral a víctimas del delito

La Comisión Estatal de Atención a Víctimas es el primer paso dado para que haya una atención adecuada a las víctimas en la entidad, donde se está trabajando con los recursos humanos y económicos que se les han entregado hasta el momento, que no dejan de ser deficientes para la importancia de este organismo.

“Que haya una atención a las víctimas en la policía, en el Ministerio Público, en todos los órganos que tienen que ver con la violencia infantil y la violencia familiar, la atención a víctimas no le corresponde solamente a la Comisión de Víctimas, tiene que ser un tema de Estado que se observe y se atienda a la víctima”, indicó.

Cinco, centros penitenciarios

No hay programas de reinserción y reintegración de personas privadas de la libertad a la sociedad, enfatizó el Coordinador General del CESP, considerando que hay una aceptación del fracaso que ha habido en este tema, que tiene que cambiar.

Los centros penitenciarios en Sinaloa, detalló, no son de máxima seguridad, pero sí tienen internos de alta peligrosidad, que tienen la capacidad de controlar y generar problemas al interior del centro penitenciario.