#PermisoParaMatar | En Sinaloa, la muerte a veces se viste de verde olivo
Según Data Cívica, de 2006 a 2022 se reportaron 34 víctimas documentadas y relacionadas con ejecuciones y desapariciones atribuibles a cuerpos gubernamentales estatales o federales; a nivel nacional la cifra es de mil 308
El 26 de marzo de 2008, cerca de las nueve de la noche, dos grupos de personas se trasladaban del Potrero de los Medina a donde habían asistido a un convivio, a una fiesta de 15 años en el poblado Guanajuato, en Santiago de los Caballeros, municipio de Badiraguato, Sinaloa.
Antes de llegar a Guanajuato, los militares abrieron fuego al segundo de los vehículos, una hummer de color blanco, en donde viajaban seis varones, cuatro de los que resultaron muertos por el ataque.
Según el expediente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, los elementos del Ejército Mexicano confundieron a los pobladores con sicarios y los acribillaron sin tener más evidencia que la sospecha por ver circular a seis varones en un vehículo lujoso.
Pese a que los militares anunciaron desde un principio y, a través de sus canales de comunicación institucionales, que se trató de un tiroteo, del que además habían fallecido dos soldados y uno más había resultado lesionado, la versión se cayó luego de las investigaciones.
“...Íbamos por un camino de terracería, del poblado Potrero de los Medina a Guanajuato, perteneciente al municipio de Badiraguato, a una fiesta de 15 años, de repente escuché disparos e impactos en la camioneta, en eso vimos que eran soldados y nos paramos y ellos empezaron a disparar hacia adentro de la camioneta, pegándole primeramente al chofer y como estábamos de subidita (un poco inclinados) la unidad se regresó hacia atrás y continuaron disparando, en eso sentí que me dieron en la cabeza de rozón y enseguida pude observar también que le dieron de balazos a mis demás compañeros”, narró Wilfredo.
Ernesto Madrid Medina, uno de los sobrevivientes.
“...Estábamos conscientes, nos bajaron de la camioneta, nos pusieron pecho tierra y al tratar de detenerme la sangre que salía de mi cabeza, un soldado me agredió a patadas.
“Posteriormente me subieron a un camión, donde iban los demás soldados, y supuestamente me llevaban a un hospital para que me curaran, pero estaba cerrado, nos regresamos al lugar de los hechos. Yo tenía los ojos cerrados, cuando escuché a un soldado que le preguntaba a otro que si había disparado, a lo que respondió que no, y el que preguntó dijo que él sí había disparado y se le escuchaba preocupado al momento que decía que la habían regado porque no había armas en la camioneta”.
El 8 de abril de 2008, la CNDH informó que cinco militares fueron consignados por el Ministerio Público federal ante un juez, acusados de cometer los delitos de “violencia contra las personas, causando homicidio, violencia contra las personas causando lesiones, homicidio y lesiones culposas”.
A los militares también los culpó de haber asesinado a dos de sus compañeros y herido a otro de sus compañeros.
Los asesinados en esta ejecución extrajudicial fueron Zenón Alberto Medina López, Manuel Medina Araujo, Geovani Araujo Alarcón y Miguel Ángel Medina.
El año que sucedió este hecho marcó a Sinaloa hondamente, porque el estado comenzaba a atravesar una situación difícil, por las altas cifras de delitos atribuida en gran parte a la “narcoguerra” que se desató por el rompimiento de la célula de los Beltrán Leyva con el Cártel de Sinaloa y que dejó la mayoría de los mil 167 muertos registrados.
Hasta ese momento, el 2008 resultó el año más violento en la historia de Sinaloa.
La disputa tuvo su origen tras la captura de Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo”, ocurrida el 21 de enero de 2008, y un hecho violento ocurrido el 30 de abril en la Colonia Guadalupe que fue tomado en cuenta por todos como la declaración de la guerra.
Ya 2008 pintaba violento desde las primeras horas, porque tres vecinos de Culiacán fueron heridos por balas perdidas durante los festejos de Año Nuevo y por la captura de 11 personas que realizaron disparos con arma de fuego, y las autoridades federales festejaron que enero cerró con puntos a favor en la lucha contra el crimen organizado por el aseguramiento de más de 100 aeronaves en nueve pistas de aterrizaje, supuestamente utilizadas para el narcotráfico.
Pero todo se potenció con el asesinato de cinco agentes de la Policía Municipal de Navolato, que al final del año sumaron 112 de todas las corporaciones.
El Ejército realizó varios operativos y cateos de residencias en Navolato y logró asegurar arsenales y vehículos del crimen organizado, pero sin detenidos, mientras que en Culiacán no paraban los enfrentamientos entre grupos de civiles armados.
En abril siguieron las privaciones ilegales de la libertad y crímenes de civiles y policías en los municipios de Navolato, Guamúchil y Culiacán, mientras la ruptura de los integrantes del Cártel de Sinaloa se consolidaba, porque Arturo, “El Barbas”, estaba cada vez más seguro que “El Mochomo” había sido entregado por sus socios, Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, según reveló un informe de la Procuraduría General de la República.
Por el tema de los policías asesinados, llegó un grupo especial de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada a Navolato para investigar, y en contraparte, agentes de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Federal sumaban cada vez más denuncias por abusos de autoridad.
Se presentaron las primeras mantas con varios mensajes y amenazas de los grupos delictivos en varios sectores de la ciudad capital y en ellas se reveló el pleito entre los miembros del Cártel de Sinaloa y comienza a haber enfrentamientos en espacios públicos, rumores y amenazas de bombas, lo que provocó miedo entre la ciudadanía, que decidió autoimponerse un toque de queda; las calles de Culiacán comenzaron a verse desiertas después de las 21:00 horas y sólo se podía encontrar a elementos del Ejército y de la Policía Federal circulando por las avenidas.
Luego llegó el atentado con bazukas en el que murieron tres jóvenes, entre ellos Édgar Guzmán, hijo de “El Chapo” Guzmán, lo que aumentó la tensión y el Gobierno estatal se vio en la necesidad de pedir apoyo a la Federación.
Con la celebración del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Culiacán se anunció la llegada de 2 mil 750 elementos federales para combatir el crimen organizado en la capital y en Navolato.
También hubo momentos en que aparecieron cadáveres decapitados, siguieron las ejecuciones y enfrentamientos en el sur del estado y se reveló que Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo”, presuntamente pagaba fuertes cantidades de dinero a funcionarios y jefe policiacos del estado que brindaban protección a los miembros del Cártel de Sinaloa.
Hubo ataque con granadas a un periódico, atentados contra el Presidente Municipal de Navolato, Fernando García Hernández, y contra el encargado de los penales en Sinaloa, Ricardo Serrano Alonso, además de ejecuciones múltiples y el rapto masivo de 27 jornaleros.
Hasta ese momento, en Sinaloa había registros de entre 600 y 700 homicidios por año. En 2005 se reportaron 610, en 2006 un total de 604 y 747 en 2007.
La evidencia que hundió a los militares
En su informe, la CNDH recalcó que en la Hummer no había evidencia de disparos desde dentro, como orificios de salida, ni tampoco cartuchos percutidos, pero sí había orificios de afuera hacia adentro.
El vehículo marca Mercedes Benz de los militares sí presentaba evidencia de disparos.
“...Con base en los elementos o evidencias con que cuenta esta Comisión Nacional”, dice el informe, “todo indica que los seis agraviados no accionaron armas de fuego en el momento de suscitarse los hechos y la representación militar que hizo el levantamiento de cadáveres y efectuó la inspección ocular en el lugar de los hechos no puso a disposición de la PGR armas de ningún tipo”.
También recalcó que el Ministerio Público Militar realizó las primeras diligencias y no fue por el personal de la PGR, por lo que “la representación social militar actuó sin facultades”, poniendo a disposición del Semefo los cuerpos de los occisos sin preservar el lugar de los hechos.
La CNDH también aclaró que pudo precisar, gracias a testigos, que no había retén ni señalamiento que indicara a los conductores que había que detenerse, por lo que la Hummer fue alcanzada por el camión Mercedes Benz del Ejército, en el cual se trasladaban entre 15 y 20 militares, que dispararon contra los agraviados.
En el expediente también existe evidencia de las firmas de convenios de reparación del daño que se firmaron, el 30 de abril de 2008, familiares de las víctimas y representantes de la Sedena.
En donde se detalla que se entregó el pago de 153 mil 562.80 por concepto de indemnización por cada una de las personas muertas y 38 mil 390.37 a la persona que resultó lesionada.
Además de gastos médicos, horarios legales, manutención y becas estudio de los menores que quedaron en orfandad y reparación de daños materiales, como los del vehículo, un reloj, una esclava de oro y un radio de comunicación portátil.
Sobre el castigo para los militares, la respuesta a una solicitud de información a la Sedena detalló que el 8 de agosto de 2012 declinó la competencia constitucional para la causa y cedieron la responsabilidad judicial al Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Los Mochis, Sinaloa, por lo que dijo desconocer el estatus de la sentencia y los hechos resultado del juicio.
La zona serrana y el terror verde olivo
Otro caso similar ya había ocurrido el 1 de junio de 2007, cerca de la comunidad La Joya de los Martínez, en el municipio serrano de Sinaloa, en donde elementos del Ejército Mexicano, que se encontraban en estado de ebriedad y bajo los efectos de alguna droga, abrieron fuego en contra de una camioneta que pasaba con ocho personas dentro.
Después del ataque, cinco personas murieron, dos mujeres: Griselda Galaviz Barraza y Gloria Alicia Esparza Parra, y tres menores de edad, Juana Diosnirely Esparza Galaviz, Grisel Adanay Esparza Galaviz y Eduin Yoniel Esparza Galaviz.
Además algunos testigos que buscaron trasladar a los heridos también fueron detenidos por el Ejército y los obligaron a esperar hasta tres horas para recibir atención médica en el lugar.
El grupo del Ejército, de 19 soldados, buscó sembrar costales de mariguana como evidencia e incluso dispararon contra uno de sus compañeros para hacer creer a la autoridad que habían sido atacados desde la camioneta.
El 10 de junio de 2007, un juez militar adscrito a la Tercera Región Militar con sede en Mazatlán, Sinaloa, resolvió auto de formal prisión en contra de 19 elementos.
Mientras que unos meses después, el 6 de noviembre de 2009, Gregorio Martínez Bojórquez, de 48 años, vecino del poblado Milpas Viejas, fue ejecutado por un elemento de la Marina sólo porque corrió asustado cuando lo sorprendieron descansando.
El asesinato ocurrió el viernes en el cerro La Mollera, en Mocorito, cuando Martínez Bojórquez acompañado de otra persona se dirigía a reparar unas antenas de telecomunicaciones.
El testimonio del acompañante de Gregorio señala que se trasladaron al cerro La Mollera para revisar las pilas de una antena repetidora de señal de radio que da servicio a varias comunidades de la zona, pues cada vez que notan que ésta falla, mandan a alguien para darle servicio, trabajo por el que iban a recibir de 500 a mil pesos.
Que a ese lugar sólo se llega a pie por una vereda en la que sólo cabe una persona, por lo que partieron hacia las 4:00 de la mañana del día 7 de noviembre de 2009, con un burro en el que cargaron su comida.
Una vez en el lugar, al lado de un árbol de encino, se encontraban descansando, cuando por la vereda llegaron cuatro personas uniformadas de camuflaje, con pasamontañas y armas largas que gritaron “Armada de México, no se muevan”, pero Gregorio se levantó y brincó cuesta abajo, por lo que le dispararon.
El testigo dice que escuchó disparos de arma de fuego, pero no pudo ver cuántos dispararon, porque uno de los marinos lo puso contra el suelo, boca abajo, sintió la punta de un rifle en la espalda y un pie en la nuca.
“Ojalá te muevas, cabrón, nomás hubieras corrido y te barreno”, escuchó que le dijo una de la voces.
Gregorio y su acompañante viajaban con un arma calibre .22, por lo que los marinos los amenazaron con llevarlo a la PGR.
Después le preguntaron que por dónde se llegaba a “La Mesa”, y le dijeron que se iba con ellos, recogió sus cosas, las subió al burro y se fue delante de ellos, con los marinos atrás.
Por la tarde, casi al llegar a casa de su suegra, en Milpas Viejas, los marinos no llegaron a la casa, se quedaron cerca, le pidieron que buscara el registro de la pistola calibre .22 que le quitaron y que “trajera algo”; a su regreso les mostró el registro y les entregó mil pesos.
Los marinos tomaron datos del documento, la numeración de la pistola, le regresaron el permiso y la pistola, y le dijeron que se fuera.
“...Por esta vez la libraste, hoy no fue tu día ni tu hora”, le dijo uno de los elementos.
Luego le preguntaron por el camino a “La Joya”, les dijo por dónde irse y se dirigió al pueblo para avisar de lo sucedido a su compañero.
Por este caso, Gregorio nunca supo qué pasó con los responsables después de haber alertado a las autoridades sobre el caso.
Hay más casos en Sinaloa y en México
Según una investigación periodística que coordinó el organismo civil Data Cívica, en la que participó Noroeste junto a varios medios de comunicación del País, en los últimos tres gobiernos hay casos documentados como estos en que la autoridad reportó al principio un “enfrentamiento entre delincuentes y autoridades”, pero que después de investigaciones periodísticas, de organizaciones de la sociedad civil o denuncias de familiares les obligaron a cambiar la versión.
Así como en el resto del País, en Sinaloa también hay casos de auténticos crímenes de guerra, cometidos por fuerzas de seguridad, federales o estatales contra víctimas inocentes o indefensas, detenidas sin llegar a un Ministerio Público y que terminaron siendo víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.
En Sinaloa, de 2006 a 2022, hay 34 víctimas documentadas y relacionadas con ejecuciones y desapariciones atribuibles a cuerpos gubernamentales estatales o federales que forman parte de los mil 308 a nivel nacional.