Perder a un periodista, un calvario entre lo legal y el duelo, revelan familiares
En conversatorio con motivo del aniversario luctuoso del periodista Javier Valdez, familiares de periodistas asesinados y desaparecidos comparten sus experiencias tras estos hechos: desde acoso de autoridades hasta la autocensura impuesta
CULIACÁN._ Cuando se asesina o se desaparece a un periodista comienza un calvario legal, de revictimización y de vulnerabilidad para sus familias. Esta reflexión formó parte del conversatorio entre familiares de periodistas asesinados o desaparecidos, en el marco el aniversario luctuoso del periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas.
En un espacio de reflexión y exigencia, mujeres familiares de periodistas que fueron asesinados o se encuentran desaparecidos, compartieron sus experiencias.
Frida Urtiz, esposa del periodista Salvador Adame Pardo, quien en mayo de 2017 fue privado de la vida en Michoacán, comentó que cuando su esposo desapareció se sentía sola, sin embargo, el gremio del que él formaba parte la arropó.
“El gremio periodístico de Michoacán se unió, que eso también quiero reconocerlo porque conocían a mi esposo, sabían su postura, sabían que había antecedentes de todo lo que había en amenazas. A partir de ahí todo el proceso fue con los compañeros periodistas que estuvieron haciendo marchas y apoyando”, señaló.
Salvador Adame fue reportado como desaparecido y días después sus restos fueron encontrados carbonizados.
“En esos primeros 15 días de que en la Fiscalía nos trataban mal, nos acosaban, tenían intervenidos nuestros teléfonos. Me dan la noticia de que habían encontrado los restos de mi esposo, fue tan impactante porque tenía la esperanza de encontrarlo”, expuso Frida.
Estela Méndez, esposa del periodista michoacano Ramón Ángeles, quien se encuentra desaparecido desde el 8 de abril de 2010, comentó el impacto que recibe la familia cuando se asesina a un periodista.
“En esa ocasión le dije a mi hijo: ‘Tu papá no llega, márcale’. Y le marca a su celular y me dice: ‘Mamá, el celular está fuera de servicio’. Estuvimos ahí hasta las 10:00 esperando y no llegó. Me la llevé toda la noche marcando, ya como a las 6:00 de la mañana me dirigí al cuarto de mi hijo y ya estaba levantado, amarrando sus agujetas, y me dijo: ‘No llegó mi papá’”, mencionó.
Ramón Ángeles no ha sido localizado, pero Estela compartió que sabe no lo localizará con vida.
“Solo quiero encontrar sus restos para tener un lugar donde llorar”, dijo.
Por su parte, Priscila Pacheco, hija del periodista Francisco Pacheco, asesinado el 25 de abril de 2016 en Taxco, Guerrero, expuso la censura por elección en la que se protegen las y los periodistas después del asesinato de un miembro del gremio.
“Estuvimos meses encerrados, nos autocensuramos, al día de hoy ya no cubrimos nota roja, ya no hacemos critica a los gobiernos municipales por temor a que nos pueda pasar lo mismo que a mi padre”, dijo.
María Teresa González, esposa de Gregorio Rodríguez, asesinado cuando cenaba con sus dos hijos en Escuinapa, el 28 de noviembre de 2004, señaló que en su momento fue víctima de acoso y de intento de abuso sexual, al encontrarse vulnerable por el asesinato de su esposo.
“Sí estaba vulnerable y necesitada, pero lo emocional no tiene que ver con lo sexual”, condenó.
Señaló que su victimarios fueron personas que consideraba cercanas y en las que buscó refugiarse después del asesinato de su esposo.
El conversatorio fue modulado por Griselda Triana, periodista y viuda de Javier Valdez Cárdenas, quien fue asesinado el 15 de mayo de 2027 en Culiacán.
El atentado que acabó con la vida del periodista sinaloense ocurrió a la luz del día y frente al edificio en donde se encuentra el Semanario Ríodoce, del cual era socio y fundador.
Por su asesinato se encuentran en prisión dos personas, pues un tercer autor material fue asesinado. El autor intelectual del homicidio de Javier Valdez fue identificado por lo autores materiales como Dámaso López Serrano.
Conocido como “El Mini Lic”, López Serrano fue un operador del Cártel de Sinaloa, que actualmente se encuentra protegido por el Gobierno de los Estados Unidos por ser testigo de las operaciones de la célula criminal.