Participó en megafraude de la Sedatu la Universidad Autónoma Indígena de México
"La Auditoría Superior de la Federación detecta un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública por casi 107 millones pesos cometido en 2016"
La Auditoría Superior de la Federación detectó un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública por casi 107 millones de pesos cometido en 2016 por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano mediante un convenio con la Universidad Autónoma Indígena de México, ahora llamada Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa.
En un informe de 92 páginas, la ASF presentó los resultados de la auditoría forense 1792-DE realizada a la Sedatu, que encabeza Rosario Robles, sobre convenios de coordinación, colaboración y acuerdos específicos suscritos con universidades públicas y entes públicos estatales para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios.
Uno de los 19 convenios observados en dicha auditoría corresponde a la UAIM. Se trata del convenio SEDATU/DGAEGUAIM/33901.06/2016, con un monto de 106 millones 838 mil 857.55 pesos, por el concepto de "Servicio profesional y tecnológico para el desarrollo y aplicación de modelos y métodos de las acciones para la equidad de género para el empoderamiento de la mujer".
En 10 pagos realizados entre el 18 de febrero y el 21 de octubre de 2016, la Sedatu entregó a la UAIM 85.2 millones de pesos con recursos del Programa de Infraestructura, 6.8 millones del programa Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio, 1.1 millones del programa Actividades de Apoyo Administrativo, y 13.7 millones mediante la figura de Comisionado Habilitado.
Para acreditar la ejecución de los servicios pagados a la UAIM, la Sedatu presentó un diagnóstico de las necesidades de las mujeres en Tlapa de Comonfort, Guerrero, y un manual del sistema de gestión y operación de los servicios del Centro Ciudad de las Mujeres, ubicado en esa misma ciudad.
Para la prestación de los servicios convenidos, la universidad requirió de la contratación de las empresas: Factores y Servicios Humanos, Contabilidad y Soluciones INNER, Asesores contables administrativos Vicma, Conseil Best, y Fuerza Neutra; aunque de las dos últimas no se proporcionaron los contratos y/o convenios.
Sin embargo, estas empresas no presentaron evidencia documentada de los servicios prestados, y Conseil Best no fue localizada en su domicilio fiscal.
Según el informe de la ASF, el convenio y el acta de aceptación y cierre del servicio fueron firmados por el entonces Rector de la UAIM y la directora general adjunta para la Igualdad de Género de la Sedatu, aun cuando ésta carecía de atribuciones para contraer obligaciones a nombre de la dependencia.
También se constató que el diagnóstico y el manual fueron elaborados un par de años antes con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, con la participación de la misma directora general adjunta para la Igualdad de Género, entonces por parte de la Secretaría de Desarrollo Social.
Además hubo duplicidad de operaciones, pues el diagnóstico le fue pagado también al Instituto Tecnológico Superior de Comacalco en 2015 y el manual también se le pagó a la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero en 2016.
Hay tres involucrados
La Rectora de la UAIS, María Guadalupe Ibarra Ceceña, reveló que tres trabajadores de la institución estuvieron involucrados en el presunto fraude de la Sedatu.
"Había tres trabajadores, en ese momento aquí, que fueron los que conveniaron con Sedatu y que fueron nombrados, no sé por quién, como coordinadores de esos trabajos, y que cobraron comisiones de los ingresos que aportó el proyecto", comentó.
"En aquel diciembre negro de 2016, que nosotros no tuvimos aguinaldo, no tuvimos bono navideño, ni nada, estas personas, en la segunda quincena de noviembre, cobraron 100 mil pesos cada uno de comisión, uno de tantos, porque fueron varios pagos los que recibieron", agregó.
La Auditoría Superior de la Federación informó de las irregularidades a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado, mediante el oficio DGAF/0165/2018, para que realice la investigación correspondiente y finque responsabilidades.
Señaló que uno de los involucrados, que tenía alrededor de 15 años de servicio en la institución, ya renunció, y los otros dos serán suspendidos mientras se realiza la averiguación.