Niños presos, los invisibles del sistema penitenciario
"En México, hay 542 niños que, a pesar de su inocencia, viven el mismo encierro que sus madres en las prisiones mexicanas. Las condiciones son precarias porque las leyes estatales no reconocen su existencia ni necesidades."
Aunque hace dos años la Ley Nacional de Ejecución Penal confirió derechos a los niños en prisiones, actualmente el 70 por ciento de las leyes estatales no reconocen su existencia, aun cuando tienen hasta el 30 de noviembre para homologar las legislaciones con la nacional.
Los niños presos no reciben alimentación apropiada; no tienen pediatras que atiendan su salud; no tienen camas para descansar; no asisten estancias infantiles completas; no acuden a centros educativos; están expuestos a los peligros de fuga y revueltas internas; no reciben atención sicológica para atender sus problemas, aun cuando el infante experimenta sentimientos similares a los menores que viven en una guerra.
Algunos de ellos tienen nombre, pero no poseen acta nacimiento que les confiera identidad. Otros no han saboreado un trozo de pizza o sentido una hamburguesa entre sus manos. No han jugado con un perro o acariciado a un gato. O no conocen los colores primarios porque sólo ven el tono gris que existe en algunas cárceles del país que están totalmente cerradas.
En México, hay 542 bebés recién nacidos hasta niños de 12 años de edad que viven en 174 prisiones, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sin embargo, Saskia Niño de Rivera, directora de Reinserta, asociación civil que estudia la maternidad en las cárceles, desconfía de la cifra y estima que la cantidad podría elevarse hasta 700 niños, según los conteos que ha realizado en los recorridos a los penales.
Reinserta ha detectado que apenas el 10 por ciento de los centros de readaptación social tienen buenas prácticas en la atención a los niños, mientras que el 90 por ciento incumple con los postulados de los tratados internacionales en pro de la niñez, las resoluciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la reciente Ley Nacional de Ejecución Penal.
Son los niños invisibles del sistema penitenciario mexicano.
Los niños olvidados
El Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las Condiciones de Hijas e Hijos de las Mujeres Privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana de la CNDH reporta que la mayoría de los niños presos viven en condiciones limitadas en las cárceles. En instalaciones limitadas, con alimentación insuficiente, atención pediátrica irregular, sin acceso a educación inicial. Las madres también tienen limitaciones en sus actividades laborales, educativas y deportivas. En condiciones de hacinamiento y sobrepoblación.
Lejos de un entorno agradable, los menores conviven en ambientes de autogobierno, prostitución y en espacios con falta de higiene a la hora de la preparación de alimentos, pues se ha detectado presencia de fauna nociva como moscas, chinches, ratas, y cucarachas.
La asociación civil Reinserta ha documentado revisiones y pases de lista a las mujeres frente a sus hijos, esto sin acatar la forma profesional y respetuosa que se establece en el Artículo 36 de la Ley de Ejecución Penal.
“El personal penitenciario deberá proceder de manera competente, profesional y respetuosa al realizar actos de revisión donde se encuentren niñas y niños”, se establece en la normativa.
El INEGI también ha detectado omisiones en los centros penitenciarios. En su informe Estadísticas sobre el Sistema Penitenciario Estatal en México de 2017 señala que uno de los principales problemas que enfrentan los niños, es la falta de acceso a educación inicial, ya que sólo 19 de los 174 centros femeninos estatales y mixtos satisfacen esta necesidad.
Además, sólo 10 cárceles tienen espacio para el área de maternidad y 25 de educación temprana de los niños. Es decir, la mayoría de los menores y sus madres no tienen acceso a estas atenciones.
En este contexto, el pronunciamiento de la CNDH es demostrar que la situación de los centros de reclusión es propicia para la transgresión de los derechos fundamentales de mujeres y niños debido a la serie de irregularidades; y concluye con un llamado a las autoridades para diseñar políticas públicas encaminadas a mejorar el sistema y la infraestructura penitenciaria nacional con un enfoque de género.
El riesgo es otro factor que los menores viven cada día, pues la mayoría de los centros femeninos donde conviven con sus madres se ubican a unos metros de módulos varoniles, con alto riesgo de ser alcanzados por balas en hechos violentos, como en Topochico, Monterrey, donde se han documentado motines con saldo de cerca 50 reos fallecidos. Reinserta investiga la muerte de un niño, hijo de una reclusa, en uno de esos enfrentamientos.
“Lo que pasa es que el sistema penitenciario está olvidado por las autoridades, está ignorado por completo, ninguno (centro femenino) cumple al cien por ciento, hay algunos que tienen buenas prácticas como el del Estado de México, Michoacán y Ciudad de México, el resto no tiene buenas prácticas y otros buenas intenciones como Sinaloa”, así resumió lo que ha detectado en más de cinco años de investigación.
Los niños presos en Sinaloa
En recorridos realizados en los penales de Aguaruto, en Culiacán; y El Castillo, en Mazatlán, donde viven 15 de los 17 niños que conviven con sus madres, se constató que los edificios no están adaptados para la estancia de los menores y no hay garantía de acceso a una alimentación adecuada según su edad, salud especializada, educación, recreación y ambiente sano.
En estos centros las 155 reclusas que permanecen encerradas en los cuatro centros penitenciarios de Sinaloa fueron acusadas de robo de vehículos y a casas, privación ilegal de la libertad y homicidio. El sistema de justicia del Gobierno mexicano sólo ha logrado condenar a 93 mujeres de los delitos imputados, mientras que las 62 reclusas restantes permanecen encerradas en espera de sentencia.
Quince de ellas conviven con sus hijos dentro de la cárcel. Son mujeres jóvenes, cuyas edades oscilan de los 25 a los 40 años. La mayoría provienen del nivel socioeconómico bajo y sus estudios apenas alcanzan la educación básica. Desde la prisión, buscan conseguir dinero para sobrevivir: venden dulces, cevichurros y hacen mandados a otras reclusas que sí pueden pagar.
Aquí, en las cárceles de Sinaloa, hay 9 bebés menores de un año, y 8 de 1 a 4 años, de acuerdo con informes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Son niños que no mantiene el sistema penitenciario, sino sus familias y viven de la caridad de organizaciones civiles.
El centro femenino de Aguaruto es, quizá, el reclusorio con más deficiencias y carencias del Estado. Su estructura tiene medio siglo de antigüedad; las celdas son húmedas, igual que los salones para talleres; no hay celdas adaptadas para madres con recién nacidos; apenas un patio grande lo separa del módulo varonil, donde en los últimos nueve años ha ocurrido, al menos, una decena de fugas de reos. Aquí el peligro es constante. Las mismas carencias se presentan en el Centro Penitenciario El Castillo, sólo que los edificios son más nuevos, de 2009.
Aquí el listado de nos hacia los pequeños es larga: no tienen espacios recreativos propios; no hay estancias equipadas para actividades de desarrollo infantil; no hay alimentación adecuada para su edad; no tienen patio de juegos; no tienen servicio pediátrico regular; y tampoco hay celdas especiales para madres con hijos.
Las condiciones en las que conviven los menores son precarias: duermen en celdas que huelen a humedad, en camas de piedra, en colchones usados, y sólo tienen aire acondicionado si sus familias compran el equipo. Ahí mismo está el baño y una mesa donde se guarda ropa, zapatos, y pañales; las celdas son tan pequeñas que no queda espacio para que los niños jueguen. Son frías y mala iluminación.
La oportunidad que los niños tienen de alimentarse con comida adecuada con su edad es ocasional, cuando sus familiares les llevan despensa y sus madres pueden cocinar para ellos, sino comen embutidos, caldos, leche y picante que es la dieta que llevan las mismas presas.
En la cárcel de Aguaruto existe la única estancia infantil que hay en Sinaloa que apenas abrió este año, pero está incompleta: Es una pequeña habitación con un abanico, dos mesas de plástico y cuatro sillas. Los otros tres centros penitenciarios no tienen guarderías similares.
Los niños encarcelados no juegan en los columpios ni en las resbaladillas porque no hay. En Aguaruto, el único centro penitenciario que sí posee juegos, están viejos y oxidados. Nadie los usa.
En su reporte especial de 2015, la CNDH revela que en los centros penitenciarios femeninos de Sinaloa se “observaron deficientes condiciones en la ventilación e iluminación natural y artificial de las estancias, así como de higiene y presencia de fauna nociva (cucarachas, chinches, ratas o moscas)”, se trata de los espacios comunes, de convivencia de niños con sus madres. Además, en Aguaruto, se detectaron instalaciones eléctricas improvisadas, “lo que genera un riesgo de corto circuito e incendio”.
Además de las carencias de infraestructura, alimentación y salud, vivir en una cárcel significa un tremendo impacto sicológico para los niños, otro factor que el sistema penitenciario no atiende.
“Las condiciones y consecuencias sicológicas es un tema que apenas se está visibilizando, hay pocos estudios sobre el impacto. Lo que tenemos es un poco trabajar el tema de trauma, lo que analizamos sicológicamente, es que un niño que está en prisión, es como un niño que está en la guerra, a lo largo de unas secuencias es traumante y le llega a generar adrenalina que no es como tal adrenalina, es como una normalización de la violencia, le conocemos como trauma. Las situaciones se generan por la violencia constante, por estar en convivencia de incertidumbre, las revisiones de madrugada en las celdas, traslados inesperados, los niños están en situación de alerta constantemente, y esa adrenalina tiene afectación a largo plazo”, así lo explica la activista Saskia Niño de Rivera.
Tampoco hay interés de dedicar dinero público a su atención. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirma que la partida presupuestaria que reciben se dedica para las necesidades de los centros penitenciarios, sin que exista alguna disposición de ser invertido en los pequeños.
En 2017, se distribuyeron 8 millones 30 mil 860 pesos; sin embargo, para este año, la cantidad aportada se redujo en 1 por ciento y se destinaron 7 millones 957 mil 948 pesos. En conclusión, el Gobierno estatal gasta 4.7 pesos diarios por preso, sin contar a los niños.
Juan Carlos Campos, ex Director del Centro de Reinserción Social del Estado, reconoce las carencias que sufren los niños: no son atendidos por pediatras con regularidad y reciben ayuda que las organizaciones civiles llevan hasta los centros penitenciarios.
El funcionario acepta que los menores, en gran parte, dependen de esos donativos, de esta manera han recibido leche, pañales, ropa y juguetes.
Es así, también de regalos, como los hijos de las reclusas tienen cunas y portabebés.
-¿Entonces a qué tienen acceso los niños por parte del Estado, qué les garantizan?
El Sistema aún con sus limitaciones cuenta con la bondad de organizaciones civiles de Gobierno, hay una participación activa del DIF Estatal, ellos no nos han dejado solos, tienen programas de valores. Se mandaron unos estudios para lo de guarderías ludotecas, para vestirlas, y tener todo los necesario.
La CNDH, en su informe especial, consigna que estas deficiencias contravienen la Constitución Política de México y la Convención sobre los Derechos de los Niños. También contradicen lo establecido en los artículos 43 y 44 de la Ley General de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes que velan por los derechos que tienen los niños a vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral.
Artículo 43:
“Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social”.
Artículo 44:
“Corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, la obligación primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coadyuvarán a dicho fin mediante la adopción de las medidas apropiadas”.
El Gobierno mexicano ha sido incapaz de proveer lo que mandata la Ley Nacional de Ejecución Penal en su Artículo 36 y en el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las Mujeres Internas en los Centros de Reclusión de la República Mexicana de 2015.
“Las hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad, que nacieron durante el internamiento de estas, podrán permanecer con su madre dentro del Centro Penitenciario durante las etapas postnatal y de lactancia, o hasta que la niña o el niño hayan cumplido tres años de edad, garantizando en cada caso el interés superior de la niñez”.
“A que su hija o hijo disfrute del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud”.
Y para garantizar sus derechos fundamentales, el Gobierno mexicano debe asegurar acceso a los servicios médicos de calidad, educación inicial a los tres años y participación en actividades lúdica, lo cual no está cumpliendo.
Invisibles… en las leyes
Aunque la Ley Nacional de Ejecución Penal reconoce los derechos que tienen los niños que viven con sus madres en las prisiones mexicanas, la mayoría de las leyes estatales que regulan los centros penitenciarios no lo hacen.
En una revisión a las leyes, decretos y declaratorias vigentes de las 32 entidades del País, se detectó que sólo cinco entidades han armonizado su legislación con la ley federal con lo que cual reconocen sus derechos a la atención médica, alimentación y educación.
Sin embargo, el 70 por ciento restante de las legislaciones aún no da reconocimiento a los niños en prisión. Sus leyes no tienen capítulos ni artículos en los que provean derechos a los pequeños.
En 17 leyes estatales sobre ejecución de condenas, medidas de seguridad, penas preventivas y restrictivas no establecen edad límite para que los niños puedan permanecer en los penales. En cuatro entidades está marcado hasta los tres años; y en otros tres estados, entre los que aparece Sinaloa, la edad de permanencia es hasta los seis meses.
Sólo cinco estados ya están armonizadas sus legislaciones y aplican de manera oficial la Ley Nacional de Ejecución Penal de mantener a los niños hasta los 3 años en prisiones. Pero en cuatro entidades más varían las edades de 1 a 6 años.
Esta anomalía permite casos extremos, como en Chilpanchingo, Guerrero, donde se permiten niños hasta los 12 años.
En Sinaloa también existe esa disparidad, incluso de un municipio a otro. En el centro penitenciario de Culiacán la estancia de los niños está permitida hasta los 3 años, pero en Mazatlán, apenas a unos 216 kilómetros de distancia, es hasta los 4 años.
Esto violenta la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa que en su Artículo 40 señala lo siguiente: “las mujeres podrán tener en su compañía a sus hijos menores de seis meses”, pero esto no se cumple.
Saskia Niño de Rivera afirma que las entidades tienen hasta el 30 de noviembre para acatar la Ley Nacional de Ejecución Penal y desechar sus propias reglas.
La cifra negra
Saskia Niño de Rivera, directora de Reinserta, evidencia la incongruencia entre la cantidad de niños que el Gobierno mexicano reporta al interior de las cárceles con los que la asociación civil ha documentado en las visitas que ha realizado a los diferentes centros penitenciarios del país.
En su visita al centro penitenciario de Topochico, en Monterrey, contó más de 70 pequeños, mientras que el reporte oficial registró menos de 40. En Sinaloa, en mayo, le informaron de 12 menores en los cuatro centros penitenciarios, pero semanas antes el Estado aseguraba que había 17.
No hay datos precisos de cuántos niños tienen en la cárcel su hogar. Se estima que podrían alcanzar los 700, aunque el INEGI reporta 542.
Es la invisibilidad de los niños presos.
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