Los arrendadores incómodos de Quirino
"Todos ellos rentan edificios y oficinas a Gobierno del Estado desde antes de que Ordaz Coppel iniciara en funciones como Gobernador, pero que mantuvo una vez que ganó la elección"
Quirino Ordaz Coppel tiene a cuatro arrendadores incómodos: el Alcalde de Culiacán, Antonio Castañeda Verduzco; el Secretario de Salud, Alfredo Román Messina; el ex Secretario de Turismo, Rafael Lizárraga Favela, y la directora del ISEA, Blanca Rosa Castañeda Verduzco.
Todos ellos rentan edificios y oficinas a Gobierno del Estado desde antes de que Ordaz Coppel iniciara en funciones como Gobernador, pero que mantuvo una vez que ganó la elección.
El primer caso es el de Antonio Castañeda Verduzco, Presidente Municipal de Culiacán sustituto.
Antonio Castañeda Verduzco, actual Presidente Municipal de Culiacán, siendo coordinador de campaña del propio Ordaz Coppel, alargó un contrato de arrendamiento con el Gobierno del Estado.
Él, siendo coordinador de campaña del propio Ordaz Coppel, extendió un contrato de arrendamiento con el Gobierno del Estado.
La esposa de Castañeda, Maybelline Urrea García, firmó su segundo contrato de arrendamiento para extender, de 2013 hasta el 2019, un acuerdo de renta de un edificio por 48 mil 265.67 pesos mensuales con Gobierno del Estado.
Este edificio, que se ubica en el centro de Culiacán, alberga oficinas de los sectores educativas 04 y 05 de Educación Primaria, la Supervisión Escolar 019 de Educación Primaria, dos Supervisiones Escolares de Educación Física, una Supervisión de Educación Artística y Tecnología, y la Supervisión Escolar 009 de Educación Preescolar Estatal.
Según el contrato, del que Noroeste tiene una copia, se especifica que la propiedad está a nombre del mismo “Tony” Castañeda y la señora Alicia de la Luz Verduzco Verduzco, su madre. Su esposa firmó como representante legal.
Sólo por este último contrato de tres años, la familia del “Tony” Castañeda recibirá un millón 737 mil 564.12 pesos.
El contrato fue firmado su esposa Maybelline, como representante, y en las listas públicas de arrendamiento del Gobierno del Estado ocultan el nombre del hoy Presidente Municipal de Culiacán, y en su lugar colocan el del “Mayvelline Urrea”, de quien muestran también los cobros y copias escaneadas de los recibos a su nombre.
Después de coordinar la campaña de Quirino, el “Tony” rindió protesta como Subsecretario de Gobierno, en enero de 2017, y un año después luego fue designado como Presidente Municipal sustituto de Jesús Valdés Palazuelos, quien pidió licencia a inicios de este año para buscar reelegirse.
El del actual Presidente Municipal de Culiacán es nada más uno de varios contratos que ha firmado y paga actualmente el Gobierno del Sinaloa con funcionarios, familiares, ex funcionarios locales o personas ligadas a organismos que interactúan con servidores públicos, entre ellos Blanca Rosa Castañeda Verduzco, hermana del ‘Tony’ Castañeda.
Hermana del 'Tony' Castañeda, directora y arrendadora
Blanca Rosa Castañeda Verduzco, directora del Instituto Sinaloense de Educación para Adultos, firmó ya dentro de la administración de Quirino Ordaz Coppel, un contrato de arrendamiento que corresponde a un periodo del 1 de noviembre de 2017 al 31 de octubre de 2020.
Blanca Rosa, quien según los registros firmó contrato, primero para la Secretaría de Administración y Finanzas de 2016 a 2019, y luego para el Instituto de Pensiones, de 2017 a 2020, para arrendar un edificio en la colonia Jorge Almada.
El primer contrato que firmó Blanca Rosa fue en 2016, cuando ocupaba el cargo de presidente del Voluntariado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por un monto de un millón 201 mil 934.16 pesos, distribuidos en 36 pagos mensuales de 33 mil 387.06 pesos.
Para el segundo, que firmó ya dentro de la administración de Quirino Ordaz Coppel, en julio de 2017 y con su cargo de directora del Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos, por un monto de un millón 748 mil 073.60 pesos, que corresponden a un periodo del 1 de noviembre de 2017 al 31 de octubre de 2020.
Román Messina, con cheque de Secretario... y arrendador
Alfredo Román Messina, Secretario de Salud, firmó un contrato de arrendamiento de un edificio al Gobierno del Estado que debió terminarse el 30 de noviembre de 2010, sin embargo hay evidencia de pagos a Messina hasta 2017, pero ahora por 60 mil 916.85 pesos, IVA incluido.
Otra persona que está dentro de la lista de arrendadores de Ordaz Coppel y que ocupa un puesto en la administración pública es Alfredo Román Messina.
El Secretario de Salud ocupa el puesto más alto en la lista, pues él renta a la administración que dirige su jefe, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, el edificio del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Mazatlán.
El contrato más antiguo que existe de manera pública de esta relación es del 1 de diciembre de 2007; lo firmó el propio Román Messina, por 57 mil 750 pesos mensuales, con el entonces subsecretario de Administración, Quirino Ordaz Coppel.
La duración de este contrato se alargó hasta el 30 de noviembre de 2010, sin embargo, hay evidencia de pagos a Messina hasta 2017, pero ahora por 60 mil 916.85 pesos, IVA incluido.
El hoy Secretario de Salud ha cobrado por dicho inmueble más de 6.2 millones de pesos de renta desde entonces.
Ex Secretario, arrendador y hoy en proceso penal
En la lista de arrendadores también figuran ex funcionarios que hoy se encuentran bajo un proceso judicial por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.
El caso es el de Rafael Lizárraga Favela, ex Secretario de Turismo en Sinaloa.
Según la lista de inmuebles rentados por el Gobierno del Estado, el que está ocupado por el Consejo Estatal de Seguridad Pública, en el edificio Eldorado, es arrendado por la firma ALCYJEF, S.A. de C.V., de la que es socio Lizárraga Favela.
El ex Secretario encara actualmente un proceso penal en su contra, acusado de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.
Según documento con folio mercantil 22569, consultado en el Registro Público de Comercio de Culiacán, Lizárraga Favela es vocal del Consejo de Administración de dicha firma desde julio de 2015.
El único contrato firmado que está público en el apartado de Transparencia del Gobierno del Estado tiene vigencia del 1 de septiembre de 2013 al 31 de agosto de 2016.
Sin embargo, hay evidencia de cobros hasta mayo del 2017 por un monto de 10 mil 865.26.
Otro caso, el del hijo y la nuera del ex Auditor Superior del Estado
De Antonio Vega Gaxiola se puede recordar que ha sido un hombre cercano al poder desde hace más de una década en Sinaloa.
Durante la administración de Mario López Valdez como Gobernador ocupó el cargo de Auditor del Estado de Sinaloa, y al mismo tiempo sus hijos ocuparon cargos como funcionarios públicos en el Ayuntamiento de Culiacán, como Luis Alberto, quien actualmente es el Oficial Mayor; o Juan Manuel, quien desde mayo de 2017 es el secretario general del Comité Directivo Municipal de la CNOP en Culiacán.
Otro de ellos, Carlos Arturo Vega Arellano. Él creó la firma Promotora Avilán junto a su esposa Ana Elizabeth Ávila Meljem, y son arrendadores del Gobierno del Estado.
La promotora, según copia del contrato más nuevo en poder de Noroeste, arrenda desde el 1 de junio de 2016 y hasta el 31 de mayo de 2019, el edificio sede del Centro de Desarrollo Infantil, CENDI, plantel Luz María López Meza, por la suma mensual de 37 mil 583.04 pesos.
Los últimos pagos, según copia de facturas también públicas, ascienden a 46 mil 909.59 pesos.
Antonio Vega Gaxiola todavía era Auditor del Estado cuando la empresa de su hijo fraguó este contrato el 24 de mayo de 2016, a través de la firma de su nuera. Su renuncia como auditor se dio a conocer a finales de diciembre de ese 2016.
Otro arrendamiento que tiene relación con el ex auditor es el que firmó Ana Elizabeth, de manera particular, con el Gobierno del Estado, por el edificio sede del Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar, por un pago mensual de 96 mil 616.13 pesos.
Este contrato se firmó también el 1 mayo de 2016, cuando todavía Vega Gaxiola era el Auditor, y finalizará el 30 de abril de 2019.
‘No se está violando ninguna norma’: Ortega Carricarte
En la lista de arrendadores de Quirino Ordaz Coppel que están, o estuvieron, dentro de la administración pública incluye a secretarios, ex secretarios, directores estatales, al Alcalde de Culiacán y a familiares del ex Auditor Superior del Estado.
Entre ellos al Secretario de Salud, Alfredo Román Messina, quien renta a Gobierno del Estado el edificio del Tribunal de lo Contencioso en Mazatlán; la hermana de “Tony” Castañeda, Blanca Rosa, quien renta al Gobierno el edificio sede del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa.
También se encontró en documentos obtenidos por Noroeste la oficina sede del Consejo Estatal de Seguridad Pública, arrendado por una firma en la que el ex Secretario de Turismo que actualmente atraviesa un proceso penal en su contra, Rafael Favela Lizárraga es socio.
Además, un hijo y nuera del ex Auditor Superior del Estado, o el ex funcionario y luego delegado de la Comisión Nacional del Agua en Sinaloa que renta el local del Ministerio Público en Guasave.
Sin embargo, aunque esos contratos reportan ganancias económicas a actuales funcionarios o ex funcionarios, o sus familiares, ello no implica una violación a leyes, de acuerdo con Carlos Ortega Carricarte, Secretario de Administración y Finanzas.
“Fue un contrato público privado previo a que ellos fueron funcionarios públicos”, justificó el Secretario de Administración y Finanzas al cuestionársele sobre esta situación.
“No debe haber alguna violación, en todo caso sería es la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas la que tendría que valorar, pero no lo están arrendando ya como funcionarios, digamos, no se está haciendo el contrato, es un contrato que se tendría previamente”.
“Desconozco como esté el contrato que en su caso el pudiera tener (Tony Castañeda), pero si lo hizo sin ser funcionario público no se está violando ninguna norma, es un contrato previo”, reiteró el funcionario.
“A veces el Gobierno al desocupar un inmueble que se hizo (rentó) previamente, que esté el funcionario, le sale más costoso cancelar el arrendamiento, implica mover a todo el personal, el mobiliario, entonces si no hay un conflicto de interés en el sentido de que el contrato se hizo previamente, no considero que vaya a ver (conflicto de interés)... pero, en todo caso sería checarlo con la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas”.
-¿Esto no les pega a ustedes? En el sentido de que la sociedad se queja de que parece que se acomodan el negocio para quedarse entre ustedes mismos... por ejemplo, 'Tony Castañeda era Coordinador de la campaña de Quirino (cuando se firmó el contrato)...
Desconozco el contrato y cuándo se haya hecho, pero si no era funcionario público es como cualquier particular, que va y la arrienda bajo las condiciones que tiene al estado, un inmueble, él o cualquier persona que lo vaya a hacer... cualquiera de ustedes, si lo tuvieran (el inmueble), lo arriendan hoy, y mañana les dan trabajo, pues ustedes no saben que van a trabajar ahí mañana...
‘Es un tema de ética, un tema quizá inmoral’: aspirante a la Fiscalía Nacional Anticorrupción
Si bien, los arrendamientos de Gobierno del Estado con funcionarios, ex funcionarios y sus familiares no son una violación a leyes de orden administrativo, para Ricardo Peralta Saucedo, aspirante a la Fiscalía Nacional Anticorrupción, sí es un asunto quizás inmoral.
“Ilegal no es, quizá un conflicto de intereses puede haber, quizá inmoral por el cargo, que hoy están ostentando y habrá que revisar si los contratos de arrendamiento, y sobre todo por el tema de legitimación y por el tema de conveniencia de las propias instituciones, y ahora que las están representando”, indicó.
“Si valiera la pena resolver no continuar con esos arrendamientos donde se ve evidentemente un beneficio económico… es lo más ético, pero no necesariamente ilegal, es un tema de ética, un tema quizá inmoral, pero habrá que revisarlo”.
Hay otros casos
En las listas de arrendamientos del Gobierno del Estado también aparecen otros ex funcionarios y familiares de funcionarios y ex funcionarios, así como líderes y defensores sociales, como los siguientes:
*José Rosario Peñuelas Castro, ex titular de la CEAPAS y ex director de Conagua, arrenda bodega para las Agencias del Ministerio Público de Guasave, por 13 mil 920 pesos mensuales
*Marco Antonio López Terrazas, esposo de delegada del Issstesin, Lorena Álvarezo Gámez, renta oficina para la Supervisión Escolar No. 52 de Educación Primaria, por 3 mil 916.36 mensuales.
*Juan Luis de Anda Mata, ex Síndico de Guasave, renta edificios para las Supervisiones Escolares 002 y 011 de Educación Primaria, por 5 mil 487.50 pesos, y Módulo de Atención Ciudadana por 10 mil 107.93 pesos mensuales.
*Ricardo Serrano Alonso, ex Subsecretario de Seguridad Pública en el Gobierno del Estado, socio de la firma Administradora de Inmuebles Seral, SA CV, que renta las oficinas de la Delegación de Tránsito y Transportes, Oficialía del Registro Civil y Juzgado Menor y la Colecturia de Rentas, 28 mil 615.85 pesos mensuales.
PARA SABER
Según la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, la situación de estos funcionarios o parientes cercanos de éstos, podría violar el Artículo 15, título Segundo de las Responsabilidades y Sanciones Administrativas, Capítulo 1, de los Principios que rigen la función pública, de los deberes de los servidores públicos y demás sujetos de responsabilidad administrativa.
El apartado 31 especifica que los funcionarios deben abstenerse de celebrar contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, con quien desempeñe empleo, cargo o comisión en el servicio público.