Llegan, extraen y se van... dejando residuos tóxicos a las comunidades
"Denuncian laxo marco normativo a propósito de la denuncia de derrame de jales mineros a río Baluarte, en el municipio de Rosario; el diputado federal Maximiliano Ruiz pide a las autoridades realizar estudios al río Baluarte para descartar contaminación"
Las mineras exploran la tierra, extraen riqueza y se van de las comunidades dejando toneladas de residuos tóxicos. Son como montañas que quedan allí junto a ríos y arroyos, y es lo que ha pasado en la localidad de Plomosas, en la zona serrana del municipio de Rosario.
Fue la denuncia del Movimiento 11 de Septiembre de los Pueblos Unidos de la Sierra del Municipio de Rosario, cuyo líder Víctor Ávila Osuna alertó que se habían derramado esos desechos hacia el arroyo de la comunidad, afluente del río Baluarte, por las lluvias del huracán Willa.
Ante los vacíos legales existentes, las empresas mineras no resuelven el problema de los desechos que dejan tras terminar sus operaciones. Más bien luego de sacar todo lo que pueden, se van y dejan a las comunidades locales a su suerte, comentó Sandra Guido, directora ejecutiva de la asociación civil Conselva, Costas y Comunidades.
“El problema de los jales mineros no es tanto el cianuro, que se dispersa, sino que los materiales rocosos que quedan como desechos liberan metales pesados, como plomo, arsénico, cadmio y zinc”, explicó.
Derrames mineros ponen en peligro producción de alimentos en Sinaloa
Al extraer oro, plata u otros minerales, estos vienen asociados siempre a otros metales. Y para separarlos se tiene que procesar con sustancias químicas como el mercurio, para finalmente dejar como residuo un material parecido a piedra molida, que es tóxico por sí mismo por la liberación de metales pesados, insistió la activista.
Que se hagan los estudios al agua: Diputado
Maximiliano Ruiz Arias, diputado federal por el 01 distrito que abarca gran parte del sur de Sinaloa, pidió que las autoridades correspondientes realicen los estudios al río Baluarte para descartar la contaminación de la que hablan los pobladores, pues de resultar cierta, sería un caso muy grave que afectaría todo un sistema lagunario y actividades económicas, como la agricultura y la pesca.
Dijo desconocer el caso del arroyo de Plomosas. Sin embargo, confirmó que sí se presentó una emergencia en la mina La Trinidad, perteneciente a la compañía canadiense Oro Gold, cuya presa de jales estuvo a punto de desbordarse con las precipitaciones derivadas de “Willa” a finales de octubre.
En este caso, aseguró, el derrame pudo evitarse.
“Esa mina tiene sus aguas de jales concentradas, con un dique de contención y estaban bajando por las lluvias a ese mismo depósito y amenazaban con romper, y derramar las aguas al cauce del río”.
La empresa utilizaba dos equipos de bombeo para evitar se rompiera el muro de contención, pero uno de ellos se descompuso. Pidieron ayuda a Gobierno del Estado, a la Armada y la Marina y se llevó un equipo de respuesto en un helicóptero.
“Así evitaron el derrame de jales, al menos de esa mina que amenazaba con contaminar el río, no se efectuó, no sabemos si otra mina tuvo ese problema”, apuntó el legislador.
Ante esto, consideró,deben realizarse los análisis a los cuerpos de agua para confirmar si efectivamente hay contaminantes, y evitar caer en lo que pudieran ser sólo “rumores”.
Quienes denunciaron el derrame de residuos de la Minera Cinco Reales aseguran que han informado de la situación y ninguna autoridad ha hecho caso de su denuncia. Aseguran que ni la Comisión Nacional del Agua ni la Profepa han acudido a estudiar la zona.
Fundar: un marco laxo para la minería
En teoría, los daños al medio ambiente ocasionados por la minería se sancionan de acuerdo a lo estipulado en el capítulo IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
En esta normatividad se establece que las sanciones pueden ir desde multas económicas hasta la suspensión, revocación o cancelación de concesiones. Sin embargo, en la práctica se ha observado la debilidad de la legislación vigente, advierte el centro de investigación y análisis Fundar a través del estudio “Minería: un marco laxo normativo e institucional”.
Para muestra, apunta el reporte: el mayor desastre ecológico provocado por una compañía minera apenas valió una multa del 5 por ciento de utilidades netas en el segundo trimestre de 2014 para Grupo México, responsable del derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre en el río Bacanuchi, afluente del río Sonora, afectando con ello a cerca de 25 mil personas.
El artículo 73 de la misma Ley indica que cuando no se conozca la empresa o entidad culpable del daño ambiental, será el Estado el encargado de las acciones de remediación, lo cual es probable suceda en las operaciones mineras, que tienen concesiones por 50 años con posibilidad de prorrogarlas hasta por otras cinco décadas.