Llaman al Instituto de Protección a Activistas y Periodistas a priorizar recursos para medidas de seguridad y no sueldos
Consejeros del instituto revelaron esta semana que se planea la contratación de 25 personas con sueldos de entre 20 mil a 70 mil pesos, lo que dejaría solamente el 20 por ciento del presupuesto para atender situaciones de riesgo para activistas y comunicadores
CULIACÁN._ La Comisión de Vigilancia del Instituto de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Sinaloa lanzó un llamado dirigido a la titular, Jhenny Judith Bernal Arellano, para que los recursos del instituto se prioricen en medidas de seguridad para activistas y comunicadores.
Esto después de una serie de pronunciamientos de algunos integrantes del Consejo Consultivo en relación con que el primer proyecto de presupuesto da prioridad a la estructura administrativa y a la nómina, y no a la atención y protección de los beneficiarios del organismo autónomo.
“En ese sentido, hacemos un exhorto respetuoso a la Directora a buscar el consenso entre las y los miembros del Consejo Consultivo y la Dirección General, permitiendo el diálogo y la construcción de acuerdos y no las decisiones verticales”, destaca en un comunicado la Comisión de Vigilancia.
“De igual forma, se extiende un llamado a replantear el presupuesto para destinar una mayor proporción de recursos a las medidas de protección y atención a activistas de derechos humanos y periodistas”.
Esta semana fue revelado por Griselda Triana, Alberto Morones y Rosina Ávila Palma, miembros del Consejo del instituto, que los planes para la erogación del recurso son destinar el 80 por ciento en sueldos, renta y gastos administrativos; mientras el resto será destinado para la protección de activistas y periodistas.
Los consejeros señalaron que el instituto proyecta trabajar con 25 plazas para empleados, con sueldos entre los 20 mil y 70 mil pesos.
En redes sociales han realizado comparativos, como el hecho de que el mecanismo de protección a periodistas de la Ciudad de México, el que mayor número de periodistas atiende, funciona solo con 17 plazas.
Ante la situación, la Comisión de Vigilancia lanzó una serie de recomendaciones para el manejo del recurso público del que hará uso el instituto, puntualizando la naturaleza del organismo:
- Compactar la estructura operativa y suprimir cargos secundarios, no indispensables en esta primera fase del Instituto, tales como subcoordinaciones, secretarías particulares, choferes, recepcionista, entre otros.
- Hacer alianzas con organismos especializados de la sociedad civil que se especializan en capacitar a estos dos gremios para tener un mejor trabajo, así como para prevenir y atender agresiones.
- Crear coordinaciones o enlaces con las zonas norte y sur del estado, para no generar un organismo centralizado que excluya a las y los beneficiarios de esas regiones.
- Implementar prácticas de transparencia y rendición de cuentas, como la transmisión en vivo de las sesiones de Consejo, omitiendo esto solo cuando haya información sensible que por ley se tenga que proteger para no poner en riesgo a las víctimas.
- Transparentar criterios para la selección de los perfiles en las diferentes áreas operativas y administrativas del Instituto.
- Plantear al Congreso del Estado que agilice la integración del Órgano Interno de Control.