Las observaciones del Ejecutivo son injustas, improcedentes e ilegítimas, dice Diputado Marco Antonio Zazueta
El legislador de Morena, Marco Antonio Zazueta Zazueta, señaló que las observaciones del Ejecutivo estatal a las reformas a la Ley de Seguridad son injustificadas, pero celebró que se estén teniendo diálogos de las partes para resolver las diferencias
Son endebles las objeciones realizadas por Quirino Ordaz Coppel, titular del Ejecutivo del Estado, al decreto de las reformas a la Ley de Seguridad para garantizar que tras la muerte de un policía, sin importar la causa o antigüedad, se otorgue pensión de 100 por ciento a la familia, consideró el Diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta.
“Todas las observaciones al decreto 645, además de injustas, resultan francamente improcedentes e ilegítimas”, manifestó el morenista en la tribuna del Congreso del Estado, a la par que celebró que se estén realizando mesas de trabajo para resolver el asunto y que se pueda beneficiar lo más pronto posible a las familias que perdieron un elemento de seguridad.
“Todas esas familias merecen pensiones dignas por el riesgoso trabajo de su ser querido”, dijo Zazueta Zazueta al compartir que la profesión de policía en México se ha venido tornando cada vez más riesgosa por el incremento de las actividades delictivas, especialmente en un estado como Sinaloa que no cesa en registrar altos niveles de inseguridad y violencia.
El Diputado aseguró que mientras las reformas a la Ley de Seguridad Pública les hace justicia a las familias de policías, el veto del Gobernador se las niega y de pasada no se reconoce, en los hechos, que la inseguridad es una de las mayores preocupaciones de la sociedad sinaloense.
“No es acertada ni noble una política pública que escamotea beneficios y reconocimientos a quienes están en la primera línea de la seguridad ciudadana. Para tratar de justificar sus observaciones anteriores a decretos de este poder legislativo, el Ejecutivo decía defender la autonomía de este Congreso en el marco de la separación de poderes, ahora incurre en la inaceptable contradicción de pretender decirle lo que tiene que hacer en el ejercicio de sus atribuciones legislativas”, acusó.
“La contradicción crece cuando se advierte que si sus endebles objeciones al decreto 645 fueran válidas debió haber vetado todas las leyes y reformas de la anterior legislatura durante el año 2018”, agregó, señalando que las disposiciones que se citan aplican para el Ejecutivo no para el poder legislativo y proceden cuando se trata de iniciativas de modificaciones a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, no para todos los procesos legislativos.
Zazueta Zazueta lamentó que el trabajo del Congreso no se tradujo en la necesaria colaboración entre poderes en esta etapa legislativa, mientras el problema social sigue ahí, pero ahora que se iniciaron mesas de trabajo esperan resolverlo.
También hizo un recuento por las modificaciones a la Ley de Seguridad, que después de ser publicada, el 14 de octubre de 2009, ha sido reformada 14 veces, detallando que su redacción original ya establecía que para el caso de muerte por causa de riesgo de trabajo se otorgaría a los beneficiarios del agente fallecido una pensión equivalente al 100 por ciento del sueldo básico asignado al momento del fallecimiento.
“A pesar de las múltiples reformas lo cierto es que la protección no termina de ser completa al no cubrir toda la dura realidad que rodea a las y los policías y sus familias, por lo que han continuado las inconformidades y las consecuentes protestas, como las que lamentable e injustamente sufrió este poder legislativo el pasado jueves 17”, resaltó.
El motivo de los actos que tuvieron lugar en el palacio legislativo, expuso, fue el veto presentado por el Ejecutivo del Estado al decreto del Congreso para beneficiar con pensiones a todas las familias de agentes policiales fallecidos en condiciones laborales en activo.