La UAS debe liberarse del control de grupo político para que pueda avanzar: Civitas
El colectivo de universitarios advierte que pretender que la mesa de diálogo se sujete a los procesos judiciales atenta contra la legalidad
Para lograr que la Universidad Autónoma de Sinaloa pueda avanzar en la construcción de una nueva realidad, se necesita que sea liberada del control al que ha estado sometida por un grupo político, advirtió la asociación Civitas Universidad.
En un posicionamiento dirigido a la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, expuso que en los últimos 18 años, de manera indebida y en detrimento de la educación, la vida universitaria se ha encadenado a la agenda de un partido político, el Partido Sinaloense, hecho que la sociedad es plenamente consciente.
El colectivo hizo un reconocimiento y manifestó el respaldo a la apertura al diálogo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado reiteradamente sobre lo que sucede en la Universidad Autónoma de Sinaloa.
“Las expresiones del señor Presidente tienen el sentido de quien conoce perfectamente el escenario que ha vivido la institución en los últimos 18 años, donde indebidamente y en detrimento de la educación, la vida universitaria se ha encadenado a la agenda de un partido político, el Partido Sinaloense, hecho que la sociedad de nuestro estado es plenamente consciente”, expuso.
Ha sido el propio Presidente, añadió, una de las voces más enérgicas en la condena al cacicazgo que padece una institución que es bien público de los sinaloenses.
El colectivo señaló que con el llamado al diálogo, López Obrador recoge el sentir de la comunidad, que desde hace tiempo percibe la necesidad de poner fin al conflicto y dar inicio a la construcción de una nueva realidad para la universidad, a partir del dialogo y el respeto a las normas de justicia para todos.
Los universitarios sinaloenses, continuó, coinciden con el Presidente de la República en su llamado a una mesa de diálogo para destrabar el conflicto por el que atraviesa la Universidad Autónoma de Sinaloa.
“Empero, ese escenario debe tener como único fin la liberación de nuestra vida universitaria del grupo que la controla y por ende la mejora de la misma en todos sus aspectos”, asentó.
La base para avanzar hacia una universidad libre, añadió, es aceptar la realidad de una universidad maniatada al interés político de un grupo.
En el documento, advirtió que obviar este escenario, sería normalizar el asalto a una institución noble, dejando el peor de los precedentes para el abuso del poder y la impunidad.
Evadir la responsabilidad de liberar a la universidad sería un fracaso que no nos podemos permitir.
Claudicar en este propósito no solo significa traicionar a una institución que merece la más alta gratitud, indicó, también sería la invitación a que otras instituciones sean tomadas por los astutos, sin mayor principio que la ambición de poder.
“Lamentamos la exigencia que hacen las autoridades universitarias en Sinaloa para que la mesa de diálogo sirva para revisar procedimientos judiciales. Nos parece desafortunado, no solo por el desdén que esto significa al sistema judicial mexicano, sino también por la lamentable imagen que se proyecta, pues olvidan que sus actuaciones forman parte del compromiso con la legalidad y la cultura cívica”, expresó.
Resulta, pues, vergonzoso, continuó, que una sugerencia de este tipo emane de una autoridad universitaria.
“Animamos la celebración de una mesa de diálogo para que ahí se aborden temas torales de la vida universitaria, como lo es una impostergable reforma a su ley orgánica, en los términos que la misma comunidad universitaria demanda: democracia participativa, respeto a la pluralidad de ideas, total transparencia en el uso de recursos, máxima publicidad en los procesos de promoción y contratación, certeza jurídica, paridad de género, entre otros temas que están presentes en los anhelos de cambio universitario”, señaló.
Abogan para que este ejercicio se realice de manera pública y progresivamente incluyente, dijo, pues solo eso despertará la confianza de la ciudadanía y de los universitarios en sus instituciones, garantes ellas del respeto a la legalidad y el Estado de Derecho.