La imparable lucha de Judith para liberar a su hijo, encarcelado injustamente en la guerra contra el narco en 2008

Rafael fue detenido, torturado por las autoridades y encarcelado en el penal de alta seguridad de El Altiplano, mismo que albergó a narcotraficantes como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, en donde purgó seis años de prisión, y luego siete más en el Cefereso de Guasave, porque no daban la orden de su liberación aunque la pena que le impusieron fue de 10 años. Judith, su madre, dejó su carrera como periodista en Sinaloa y se mudó a la Ciudad de México para conseguir liberarlo, lo que ocurrió en diciembre de 2020

“¿Por qué mi hijo, que tiene 13 años preso por una condena injusta y que hace 13 años debía estar ya conmigo, libre, con su familia, en libertad, por qué sigue preso? ¿Y por qué los torturadores, que esos sí son delincuentes con placa, siguen libres y tan campantes? Yo quisiera saber si esto es un Estado de Derecho, señor Presidente”, retumbó la voz de Judith en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

Era jueves 10 de diciembre de 2020. Seis meses atrás Judith dejó su trabajo en el semanario Ríodoce en el que laboró por 10 años, y se fue a la Ciudad de México con un único objetivo: liberar a Rafael, su hijo, que había purgado 13 años de cárcel después de ser acusado por delincuencia organizada en el gobierno del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, en 2008.

Dejó una carrera como periodista, su hogar y hasta de pagar las mensualidades de su casa; nada más importaba que traer a Rafa de regreso.

“Nada más hacer aquí una pregunta a la doctora Olga Sánchez Cordero: ¿puedo, como titular del Poder Ejecutivo, indultarlo?”, exclamó el Presidente Andrés Manuel López Obrador al dirigirse a la entonces Secretaria de Gobernación.

“Porque, si puedo, lo voy a hacer hoy mismo”, remató el Mandatario.

Recién egresado de la preparatoria, Rafael se tomó un año para estudiar inglés en Estados Unidos, pero cuando se le agotó ese tiempo, decidió regresar a México para ingresar a la Licenciatura de Educación Física porque siempre le apasionó el deporte.

Antes de llegar a Culiacán hizo una parada vacacional en Valle de Bravo, en el Estado de México, sin saber que sería la última en más de una década de su vida, aunque apenas tenía 20 años de edad.

Transitando por la carretera hacia Toluca, el 22 de enero de 2008, Rafael fue detenido junto con otras tres personas por policías municipales de Valle de Bravo. Les dijeron que era una revisión de rutina, y los retuvieron porque iban a checar si la camioneta en la que iban tenía reporte de robo.

El chofer de la camioneta, al que Rafael no conocía, platicó con los municipales y se fue. Después llegaron elementos de la Policía Estatal del Estado de México, y empezaron a revisar otra vez la camioneta. Les dijeron que estaban detenidos por delincuencia organizada y los llevaron a un paraje.

“Empiezan ahí a golpearlos y a decir que ellos son parte de una célula delictiva. Esto era porque andaban buscando ellos, ya después nos dimos cuenta en el expediente, andaban buscando una camioneta que habían reportado que estaba extorsionando los aserraderos de Valle de Bravo”, narró Judith, en entrevista con Noroeste.

Detalló que pese al argumento de los policías, la descripción de la camioneta no coincidía con el vehículo en el que viajaba su hijo.

“No sé si fue consigna, no sé si fue estrategia que usaban entonces para detener. Quien se pudiera detener en esas situaciones, así que estaban en ese mismo lugar”, recordó.

“La cuestión es que ahí los detienen y después traen a otro muchacho, aparte, que se habían encontrado por ahí también, en otra camioneta”.

El otro joven fue incluido en el grupo para completar que fueran cuatro, porque es el número de personas que se necesitan para que sea delincuencia organizada. Ahí mismo armaron la versión de lo que, supuestamente, ocurrió: eran parte de un grupo delictivo y fueron detenidos con armas y droga.

Además de los municipales y estatales, también llegaron elementos militares, agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada porque estaban en el operativo de los que se llevaban a cabo en la guerra contra el narco declarada en el gobierno de Calderón. La tortura de Rafael inició ahí, donde fue golpeado y violentado psicológicamente.

“Donde les dijeron ya que tenían que declarar eso (que son culpables) fue en la zona militar. Ahí los siguieron torturando y ahí ya les dijeron que se los iban a llevar a unas oficinas en México y que iban a firmar unos papeles”, narró Judith.

“Después ahí en la SIEDO siguieron con la tortura, agentes del Estado, ministerios públicos, algo que no te puedes imaginar que pueda ser, pero fue”.

El proceso continuó sin que Rafa estuviera acompañado por un abogado. Firmó la declaración después de ser torturado, y posteriormente lo mandaron al centro de arraigo; armaron la averiguación previa, y después lo enviaron al penal de máxima seguridad de El Altiplano, el mismo que recluyó a capos como el líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Judith desconoce por qué fue encerrado ahí, si por la acusación de delincuencia organizada o porque era la zona donde fue detenido. No sabía dónde estaba su hijo, tuvo que investigar para localizarlo. Una vez que habló con él, Rafael le contó lo que pasó, y ella acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México pero como no resolvieron, llevó el caso hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde ocurrió lo mismo.

“Realmente esas instituciones no hubo respuesta para una investigación”, lamentó.

Con Rafael en El Altiplano, su familia continuó el proceso para liberarlo. Interpusieron primero un amparo indirecto, luego uno directo, así ya habían pasado cuatro años con el joven recluido. Su caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación dos años después, resolvió que el proceso fue viciado y tenían que investigar denunciada por Rafa ocurrida durante su detención. Para entonces ya había pasado seis años recluido en un penal de máxima seguridad.

Tras la resolución en la SCJN, el joven fue sometido en cuatro ocasiones al Protocolo Estambul. Este fue instaurado por la Organización de las Naciones Unidas en 1999 para la investigación y documentación de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El análisis arrojó que sí fue torturado y aún tenía estragos físicos y psicológicos derivados de ello. Sin embargo, no ocurrió inmediatamente, incluso las autoridades todavía no entregan los resultados del cuarto resultado del Protocolo, que le fue realizado antes de ser liberado.

“Que no hay peritos, que el perito no llegó. Cuestiones de burocracia que hicieron que esto se alargara mucho”, reprochó la madre de familia.

El proceso continuó y le dieron una sentencia de 10 años por delincuencia organizada, ya que desecharon el caso por la supuesta droga localizada y determinaron que la camioneta en la que viajaba no era robada. Por el caso de tortura al que fue sometido, la Suprema Corte ordenó que fuera repuesto su proceso judicial, pero esto no ocurrió, aun cuando el joven cumplió los años de pena. Pero no fue liberado porque no era deliberado por la jueza.

Rafael pasó los primeros seis años de su sentencia en el penal de El Altiplano, luego pidió su transferencia al Centro Federal de Readaptación Social de Guasave para estar más cerca de su familia, en donde permaneció tres años más de los que le dictaron porque no llega la orden de su liberación.

“Siempre que parecía que ya se iba a solucionar las cosas, había algo que atoraba el proceso”, comentó Judith.

Las excusas que le daban era porque los juzgados fueron cerrados por la pandemia de Covid-19; además, el caso de Rafael no fue llevado por un solo juez.

“Al menos como seis jueces pasaron... ese caso estuvo, es decir, una juez que tenía que determinar a los 10 años la sentencia, que tenía que haberlo liberado se declaró incompetente para la sentencia y envió el caso aquí a Sinaloa.

“Se lavaron las manos al menos cinco jueces que tuvieron el caso, que tenían que haber determinado la liberación”.

El caso continuó complicándose. La jueza del Estado de México se declaró incompetente y lo mandó al juez de Guasave quien determinó que le correspondía, pero esto ocurrió hasta un año después de que revisó el caso. Los otros jueces se cambiaban de juzgado y así se fue rezagando.

La sentencia de Rafael concluyó en 2018 pero al no ser liberado, dos años y medio después, Judith decidió dejar su trabajo en Ríodoce, donde laboró por 10 años, y se mudó la Ciudad de México para buscar liberar a su hijo, quien había permanecido privado de su libertad más tiempo del que le dictaron.

Judith fue recibida por una amiga, que la animó a quedarse hasta que no viera su hijo fuera de la cárcel.

La labor inició en los juzgados para buscar la jueza que llevaba el caso de Rafael, ya que solo ella podía dar la liberación de su hijo pero no la recibió. Durante la búsqueda de la resolución, Judith acudió con Jan Jarab, representante de derechos humanos de la ONU.

“Investigaron bien el caso ellos. Ellos hacen todo un protocolo para investigar, le piden información al gobierno, a la Fiscalía sobre ese caso y cuáles son sus observaciones”.

El gobierno les mandó sus observaciones sobre el caso, y le dijo a la ONU que sí había una denuncia por tortura y que estaban en proceso de integración del caso...a más de10 años de que Rafa fue detenido.

“Y todavía les dice que el Comité de Derechos Humanos de la ONU no tiene por qué estar investigando el caso de mi hijo porque no está dentro de los requerimientos, que él no es inmigrante, que no se le está discriminando por color, y ese tipo de cosas”.

La ONU respondió que sí era de su competencia el caso por cosas como que no hubo un debido proceso, porque ninguna persona debe permanecer encarcelado más tiempo de su sentencia y porque un procedimiento judicial no puede detener la acción de la justicia.

“Porque el error ha sido de ustedes, no de nosotros. Ustedes son los que no han determinado”, enfatizó Judith.

La recomendación emitida por la ONU emitida el 14 de agosto del 2019 “se perdió” varias veces antes de que pudiera ingresar al expediente de Rafael en los juzgados. Judith se los volvió a mandar pero ni con eso lo liberaron.

La jueza nunca recibió a Judith, por lo que buscó a las personas de la ONU para ver qué podían hacer al respecto. En el 2019 hizo el primer intento de tener contacto con el Presidente por medio de una carta pero no obtuvo una respuesta satisfactoria.

“Yo creo que al Presidente no le llegó pero hubo una respuesta de trámite, sí hubo una respuesta donde me decían que fuera a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y que ahí me asignaran un asesor jurídico y que ellos me iban a apoyar”, narró.

Un año después, cuando se mudó a Ciudad de México fue a la Comisión de Atención a Víctimas, buscó a personal de la ONU para intentar hacer una cita con la jueza; acudió a la Fiscalía a ver cómo iba la denuncia de tortura, pero estaba encarpetada, no sabían nada de la investigación. También fue a la Fiscalía del Estado de México porque había otra denuncia por tortura.

“No había avance de nada, todo estaba parado”, criticó.

Hizo todo lo que pudo, pero el caso no avanzaba y Rafa seguía preso.

“Agoté todos los procedimientos que se pueden agotar, las instancias judiciales. Yo vi que no, la Fiscalía, por ejemplo, cuando estaba denunciando ni siquiera tenían el expediente de la tortura, estaba en una bodega”.

Cuando visitaba las fiscalías, el personal trataba de desanimarla. Le decían que regresara después porque estaban en color rojo en el semáforo Covid, que la buscarían cuando tuvieran algo, pero ella jamás desistió.

“Traté de hacer presión porque no hay más, es decir, las cuestiones de este tipo no se resuelven de manera amable, eso es algo que aprendí, tienes que hacer presión”.

Pensó que la recomendación de la ONU y los resultados de los protocolos de Estambul iban a ser suficientes para que Rafael quedara en libertad, pero no fue así. También intentó reunirse con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas pero no se concretó.

Luego de tanto insistir, un abogado de la ONU consiguió una cita con la jueza, buscó a Judith fueron juntos a buscarla, pero los dejó plantados. Esa fue la gota que derramó el vaso, y lo que la orilló a ir por primera vez a la conferencia de prensa matutina que encabeza diariamente el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo no iba a eso pero allá me dieron la idea, un amigo periodista que estaba allá”, admitió.

Además del plantón de la jueza a la ONU, también le informaron que el abogado de Rafa ya no esta trabajando en la defensoría pública y le dieron el caso a otro defensor; fue el tercero que tuvo su hijo durante el proceso judicial.

“Son ese tipo de cosas que dices tú, no es posible, ¿qué pasa ahí?.

“Eso fue lo último, cuando me decidí ir a la mañanera”, subrayó.

“La mañanera”, como es conocida popularmente la conferencia presidencial, se realiza de lunes a viernes en el Salón Tesorería del Palacio Nacional. Es un cuarto amplio y de techo muy alto, lo que genera un ambiente frío enfatizado por la distancia entre reporteros, la cual fue instituida con las medidas sanitarias de la pandemia.

La iluminación no es la apta para los presentes, sino para las cámaras, porque es transmitida a través de redes sociales para que la pueda ver la población.

Aunque asisten muchos periodistas, no todos participan. Primero el Presidente y las autoridades exponen algún tema, una vez que concluyen, los reporteros pueden hacer preguntas cuando les otorgan el turno levantando la mano.

Judith pudo ingresar gracias a una acreditación de medios que su amigo le ayudó a conseguir. Sin embargo, aunque logró entrar, no pudo conseguir que el Presidente le diera la palabra. Luego volvió a intentarlo, y antes de que cualquier otra cosa ocurriera, arrebató la palabra porque no se la otorgaron.

Explicó el caso de su hijo y le pidió al Presidente a ver si podía intervenir. En esa conferencia estaba presente la entonces Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y le dijeron que la iban a atender.

“Y dije yo pues ya. La verdad, después de eso, todavía hubo trabas a pesar de eso”, recordó.

Le dijeron que la buscarían y sí lo hicieron el mismo día, pero no la atendió Sánchez Cordero, ni el subsecretario Encinas, sino un abogado a través de videoconferencia porque él estaba en Chiapas. No fue una comunicación eficiente porque se cortaba la llamada y fue todo. Le dijeron que lo revisarían con la defensoría de oficio, pero los días siguieron pasando pero no había ningún avance.

“Yo estaba desesperada porque decía, bueno, cuánto más vamos a esperar”.

Pasó como una semana y no había resultados. Entre las diversas paradas que tuvo Judith en la Ciudad de México en búsqueda de justicia para su hijo, conoció al abogado Sergio Ramírez, que trata casos de derechos humanos y es una figura pública en dicha entidad. Su despacho convocó a rueda de prensa para seguir hablando del caso de Rafael y a dar a conocer que seguía preso porque la jueza no había deliberado su salida.

“Y sí, el caso resurgió a pesar de que ya acá estaban diciendo vamos a ver. Se va a cansar y se va ir, como que eso era lo que pensaban”.

Después de la conferencia de prensa la contactaron de la defensoría pública para decirle que estaban analizando el caso y que iban a hablar con la jueza.

“Porque en Gobernación me dijeron, no pues, reúna organizaciones de derechos humanos y vayan a la defensoría pública, y dije no, yo no tengo por qué hacer eso, ¿en qué me quieren meter? Le dije, ahí voy a andar echando grito, no, le dije, es que yo no tengo por qué hacer nada de eso”.

Recordó Judith que en una ocasión la jueza dijo que no estaba de acuerdo con la sentencia de 10 años que purgó Rafael.

“Y él tiene que estar más tiempo por delincuencia organizada, y si resuelvo, le voy a dar más”, añadió.

Por más que presionaron y aunque la buscaron de Gobernación, parecía que nada hacía efecto porque la realidad de Rafael seguía siendo despertar privado de la libertad en el penal federal de Guasave. Hasta que un reportero revivió la conversación del caso en “la mañanera”.

El 7 de diciembre de 2020, Ramsés Ancira, corresponsal en México de Los Ángeles Press, cuestionó al Presidente sobre tres casos de personas presas acusadas de delitos fabricados por las autoridades, entre ellos mencionó a Rafael.

“El Estado mexicano ha sido señalado en Naciones Unidas por detenciones arbitrarias, torturas y largas prisiones preventivas. Usted ha dado respuesta favorable en algunos casos; sin embargo, las personas siguen en prisión”, fustigó el periodista.

“El hijo de la periodista Yudith Valenzuela, de Ríodoce, su hijo Rafael Méndez Valenzuela, quien, siendo inocente, ya cumplió su condena por delitos fabricados durante el gobierno de Calderón y sigue preso. A este joven lo tuvieron en el Estado de México seis horas, quebrándole dedo a dedo hasta que se confesara culpable”.

Ramsés obtuvo como respuesta que Sánchez Cordero atendiera el caso, y que ese mismo día lo buscaría.

“Entonces el Presidente como que diciendo ¡ya! Ya vino esta señora, me explicó, ya fue y dio la conferencia allá donde igual nos medio golpeteó, y ahora viene este y me pregunta sobre lo mismo, pues ya”, recordó la madre de familia.

Judith se enteró hasta la tarde que su colega, a quien no conocía, había hecho resurgir el caso de su hijo. Lo buscó a través de Facebook y le envió un mensaje. Él le respondió que sí fue recibido por las autoridades y que le habían comentado algo sobre al respecto.

“De tu caso me dijo pues que sí, todo lo que ya sabemos, que estaba eso, que estaba pendiente, que no han dado sentencia. Pero que no te preocupes, que entrando el año revisan el caso y resuelve la juez”, explicó.

Otro periodista le comentó que después de que Ramsés Ancira lo comentara nuevamente en “la mañanera”, el caso de Rafael se vio en la sesión de Gabinete que tienen antes de la conferencia de Palacio Nacional.

“Y que se había acordado que fuera la Secretaria de Gobernación a explicarlo o a dar una solución, qué había pasado con eso, explicarlo públicamente”, comentó.

El tiempo seguía corriendo por diferentes líneas. Previo a los cuestionamientos de Ancira en “la mañanera”, Judith tuvo una reunión con Alejandro Encinas en la que le dijo que el caso de su hijo era de voluntad política y burocracia. Por otro lado, la defensoría pública continuaba moviendo el caso, pero la jueza seguía en la misma postura.

Por lo que otra vez Judith acudió nuevamente a “la mañanera”, ahora en pleno Día Internacional de los Derechos Humanos, conmemorado el 10 de diciembre que en 2020 fue jueves, en la que estuvo presente Olga Sánchez Cordero.

Pensó “ya estuvo” y, siempre positiva, creyó que ese día sí le darían una buena noticia.

“Porque pues qué más pueden hacer, la misma Secretaria, que honrar el Día Internacional de los Derechos Humanos que liberando a un inocente. Qué mayor muestra de este gobierno de que se está haciendo justicia.

“Yo iba esperanzada a que iba a resolver una respuesta positiva”.

Judith se sentó entre los compañeros de prensa, y sí, estuvieron presentes Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas.

La Secretaria de Gobernación dio un repaso del caso de Rafael, desde que fue detenido y en qué situación estaba en ese entonces.

“Y yo estaba esperando, esperando, impaciente”, comentó Judith.

Sánchez Cordero habló de dos modelos de justicia: la establecida y otra más accesible, humana, flexible, y aquella donde se tiene que ver que no violen los derechos humanos.

“El caso concreto la consideración, desde luego ajustada a derecho, desde un cierto ángulo interpretativo de que la pena, por virtud del interlocutor que resolvió el incidente de simultaneidad, quedó reducida a 10 años aproximadamente, es el criterio que debería de haber privado, pues incide directamente sobre la libertad del sentenciando y no aquel el que considera como inexistente la sentencia que lo determinó por haber sido dejado sin efecto en virtud de la revisión constitucional”, refirió Sánchez Cordero

“Bueno, ¿y...?”, pensó Judith.

“Debemos estar muy pendientes de todas las voces que claman justicia en el pueblo de México. Este ejercicio propositivo sólo tiene por objeto generar un debate democrático sobre cuestiones esenciales para cualquier democracia, como son los debates sobre las sentencias de los juzgadores”, concluyó la funcionaria federal.

“Y yo dije, ok, no resolvió nada”, criticó la periodista.

Tras la exposición de Sánchez Cordero, el Presidente fue más allá y dijo que harían una carta para el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que revisara el caso y lo acelerara para que se resolviera, o bien, le dijera al Ejecutivo cómo podía solucionarlo. Entonces iba a concluir el asunto y pasar a otro tema, cuando la voz de Judith nuevamente cimbró el Salón Tesorería.

“¿Por qué mi hijo, que tiene 13 años preso por una condena injusta y que hace 13 años debía estar ya conmigo, libre, con su familia, en libertad, por qué sigue preso? ¿Y por qué los torturadores, que esos sí son delincuentes con placa, siguen libres y tan campantes? Yo quisiera saber si esto es un Estado de Derecho, señor Presidente”, cuestionó.

“Nada más hacer aquí una pregunta a la doctora Olga Sánchez Cordero: ¿puedo, como titular del Poder Ejecutivo, indultarlo?”, exclamó el Presidente Andrés Manuel López Obrador al dirigirse a la entonces secretaria de Gobernación.

“Porque, si puedo, lo voy a hacer hoy mismo”, remató el Mandatario.

Sánchez Cordero había dicho ya todo sobre el caso de Rafael, y repitió la versión de los elementos de la policía que lo llevaron a prisión, que el joven llevaba armas y droga, lo cual fue refutado por Judith.

“Sí le aclaré que no llevaba, que no había droga”.

“Es más, la droga ni siquiera era droga, la que plantaron no era, era harina o no sé qué era, no había droga. Ya al final determinaron que no era”.

Durante la época en la que Calderón Hinojosa gobernó el País, era frecuente ver en medios de comunicación las fotografías y nombres de personas detenidas, que eran presumidas por las autoridades como “resultados” de la guerra contra el narcotráfico. Incluso algunos eran presentados como “objetivos prioritarios” al tener supuestamente cargos de relevancia en los grupos delictivos.

“Yo siento que violan mucho los derechos humanos sobre ese lado porque, cómo es posible que, en aquel entonces, igual ahora ya no es tanto, pero en el 2008 detenían a los muchachos, realmente eran jóvenes (...) y al momento que los capturaban, a los medios”, condenó Judith.

“Sin una averiguación, sin una investigación, ya eran delincuentes, y estaban en portadas, mandaban boletines con las fotos de todos, y ya eran delincuentes. El estigma ahí está”.

Sánchez Cordero comentó que Rafael no podía tener el indulto presidencial porque su proceso judicial tenía que ser repuesto como lo determinó la Suprema Corte porque fue víctima de tortura, por lo que la sentencia que estaba purgando no era definitiva.

López Obrador le preguntó a Judith si estaba de acuerdo que le dieran una respuesta el lunes, pero lo que ocurrió fue repentino. Ese día, el jueves en la noche, le llamaron de la defensoría pública con el que estaba en contacto y le dijeron que ese día salía Rafa. Fue liberado el viernes a 03:30 horas de la madrugada.

“Ese día se hizo todo”, recordó.

Su lucha y la de Rafa duró 13 años en juzgados, la ONU, defensorías públicas, fiscalías, y tres visitas a la mañanera, muchas injusticias... y fue resuelta en unas horas como una avalancha. Al día siguiente los encabezados mostraron solo la punta del iceberg: una madre fue a la conferencia de prensa del Presidente a pedirle ayuda y la percepción fue que lo liberó al día siguiente.

“AMLO anuncia liberación de hijo de periodista que pidió ayuda en la mañanera”, “Presentará gobierno de AMLO queja a CJF por caso Rafael Méndez Valenzuela”, “Caso de un preso provoca queja de AMLO ante la judicatura”, rezaban los medios.

Judith volvió el viernes a “la mañanera”, la última vez antes de regresar a Sinaloa a ver a Rafa. “Ya me voy a Culiacán a abrazar a mi hijo”, tituló Reforma en el seguimiento a la nota.

Al final de todo, Rafael no fue liberado por indulto presidencial.

“Fue que la jueza dijo, bueno, sí voy a revisar el caso y pues sí”, aclaró su mamá.

PRISIONERO DEL SISTEMA

Un día Rafael le dijo a Judith que iban a haber revisión en la estancia en la que estaba en El Altiplano, le pidió que recogiera las libretas en las que escribía todo lo que pasaba en el penal. Lo hacía a modo de diario, e incluso, servía como terapia.

Cuando Judith las leyó se dio cuenta de la importancia que tenía el testimonio de su hijo en ese tipo de casos judiciales. Transcribió todo, porque estaba escrito a mano, y cuando fue liberado lo animó a escribir un libro que tituló “Prisionero del Sistema”, que fue presentado en Culiacán este 18 de agosto.

“Es una lectura con un lenguaje muy sencillo, pero te atrapa porque te cuenta cómo están las cosas adentro de la prisión”, explicó.

“El libro es como cerrar un capítulo, cerrar un capítulo e irte ya a lo que sigue”.

Ella misma le dio testimonio de lo que ocurrió en los meses previos a su liberación, cómo fue a “la mañanera” y toda su travesía en la Ciudad de México, en donde recibió el apoyo de muchas personas.

“Hubo muchos ángeles en el camino, que me ayudaron en eso”.

Aunque Rafael fue liberado, el proceso judicial continúa porque tenía que reponerse por la tortura a la que fue sometido. Y nuevamente fue asignado a otro juez.

El joven retomó su sueño de estudiar Licenciatura en Educación Física, y también trabaja.

“No lo han absuelto. Esperemos que si ven el libro se den cuenta de cómo están las cosas”, comentó Judith.