Interpondrán denuncias contra Guardia Nacional por desalojo en Mazatlán

"Habitantes del Fraccionamiento San Fernando acudieron a Culiacán para entablar conversaciones con el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, por la forma en la que fueron desalojados de sus viviendas; también irán ante los Derechos Humanos"

CULIACÁN._ Una comisión integrada por vecinos que invadieron viviendas en el Fraccionamiento San Fernando, así como por integrantes del Movimiento Amplio Social Sinaloense acudieron a Culiacán para entablar conversaciones con Enrique Inzunza Cázarez, por la forma en la que el pasado lunes fueron desalojados de las casas que mantenían invadidas desde hace años.

En la reunión con el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia se busca hacerle saber todas las irregularidades que hubo por parte de las autoridades, así como del particular, quien se dice dueño del Fraccionamiento San Fernando, en lo que fue el desalojo de más de 40 familias el pasado 23 de septiembre, compartió Miguel Ángel Ramírez Jardines, integrante del MASS.

“Venimos a hablar con el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el licenciado Inzunza, para pedirle que revise el procedimiento legal que llevó a cabo la Jueza del Cuarto Juzgado de lo Civil aquí en Culiacán y el Juez Tercero de lo Civil allá en Mazatlán que recibió el exhorto de desalojo”, mencionó.

Desalojan a varios vecinos del Fraccionamiento San Fernando, en Mazatlán

Aunque el desalojo fue de forma pacífica y la policía estatal, municipal y la Guardia Nacional apoyaron para evitar algún problema, el activista sostuvo que no se debió hacer uso de la Guardia Nacional para un desalojo y acusó que todo fue orquestado por el hijo de quien dice ser dueño del Fraccionamiento San Fernando, y no por la autoridad, como debería de ser.

“Esto porque hubo violación al procedimiento, primero no se le avisó a la gente que iba haber un desalojo, llegaron con la fuerza bruta la policía Municipal y la Guardia Nacional. Desgraciadamente no tiene nada qué hacer la Guardia Nacional ahí, pero se metieron al grado de que desalojaron a los niños de una guardería”, señaló.

“El hijo del dueño era el que dirigía a los actuarios, eran 15 actuarios que se utilizaron para ese desalojo, comandados prácticamente no por una autoridad, sino por el hijo del dueño; les decía ‘hey tú, agárrame a este, haz esto’, entonces al mismo tiempo la ley dice que se debe hacer un inventario de lo que se va a sacar y no hicieron ningún inventario, entonces los robos estuvieron al por mayor”, agregó.

Esta guardería también funcionaba dentro de una casa-habitación, también invadida en San Fernando.

Ramírez Jardines explicó que aunado a las pláticas con el Tribunal de Justicia, donde esperan se reabra el proceso, mismo que ya había ganado el particular, por las irregularidades en el desalojo, también interpondrán una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por los abusos cometidos contra los habitantes del fraccionamiento.

“Hubo una violación ahí de todo procedimiento y es lo que venimos a decir al Presidente del Supremo Tribunal, que revisen esa situación y que se restituya, de el ‘ya se terminó el proceso, ya se desalojó’, pues sí, pero pues se hizo mal, entonces legalmente también procede a que en base a una investigación se vuelva a restituir los derechos a la gente”, explicó.

“También vamos a meter una denuncia ante Derechos Humanos porque no es posible que la Guardia Nacional apoye este tipo de actos”, añadió, sin aclarar porqué esas familias y otras más se metieron a invadir esas viviendas sabiendo que tenían dueño.

--¿Ellos fueron guiados por un particular?

“Básicamente, porque era el hijo del dueño Martín Lozano el que estuvo dirigiendo ahí las acciones, alguna gente que no estaba en ese momento pues sus cosas se las llevaron y ya después les dijeron que cada día que pase tienen que pagar 4 mil pesos”, aseveró.

Son invasores esas familias: Lozano

El pasado lunes 23 de septiembre, el día del desalojo, Luis Martín Lozano, dueño de la inmobiliaria que promovió el desalojo aclaró mediante un comunicado el problema.

“Este desalojo y toma de posesión de las viviendas es contra la desarrolladora por no haber cubierto una deuda al banco, y las personas que se encuentran ocupando las casas son invasores conscientes de este acto y que han recurrido a apoyarse con diferentes organismos como El Barzón y el Movimiento Amplio Social Sinaloense MASS, informó en el comunicado, Luis Martín Lozano.