Insiste abogado de la UAS que FGE intentará remover a asesor y representantes legales
José Ramón Bonilla Rojas acusa que la Fiscalía tiene intenciones de retirarlo como asesor y a los representantes legales de la UAS
La Fiscalía General del Estado intentará remover a José Ramón Bonilla Rojas como asesor jurídico de la Universidad Autónoma de Sinaloa en los procesos penales que sostienen los funcionarios de esta, denunció el propio abogado de la institución.
“La Fiscalía trae sus propios intereses, que esos intereses por lo que yo he visto no son los intereses de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y ojo, yo no estoy actuando de motu proprio, yo estoy actuando en directrices muy específicas que el Consejo Universitario me mandató”, indicó Bonilla Rojas.
“De que me releven de asesor jurídico a que me destituyan por desobedecer al Consejo, que me releven allá, que no se preocupen que si lo llevan a cabo un juez federal me va a restituir ahí”, advirtió.
En ese sentido, señaló que en la próxima audiencia que sostendrán por la presunta compra irregular de carnes y pollos el 11 de octubre, la Fiscalía también buscará quitar a Robespierre Lizárraga Otero y Yamir Valdez Álvarez como representantes legales de la casa de estudios.
Dentro de ese caso, por el cuadernillo 886/2023, fue diferida la audiencia inicial el pasado 23 de agosto debido a que los abogados no tenían la carpeta de investigación, además de que la Fiscalía señaló al Juez que había un conflicto de intereses en la representación legal de la UAS y sus funcionarios señalados de presuntamente cometer delitos.
El motivo era que tanto Bonilla Rojas, como los dos representantes legales de la Universidad, fueron designados por el Consejo Universitario, del cual es presidente el Rector Jesús Madueña Molina, indiciado en el proceso.
Esto se discutió en una audiencia especial el 30 de agosto, y el Juez consideró que no habían elementos suficientes para pensar que exista tal conflicto de intereses; tomó protesta tanto al asesor jurídico victimal como a los representantes legales, aunque advirtió que sus acciones durante el proceso serán vigiladas.