‘Hay un vacío legal’, justifica Ricardo Madrid, sobre que el Congreso no sancionó a Rocha Moya por violar veda electoral
El diputado del PRI, Ricardo Madrid Pérez, explicó que el Congreso del Estado no tiene facultades para sancionar al Gobernador Rubén Rocha Moya en el caso específico por el cual fue resuelto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, violar la veda electoral durante el proceso de revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador
El Congreso del Estado no está facultado para sancionar al Gobernador Rubén Rocha Moya como lo determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, explicó el diputado del PRI, Ricardo Madrid Pérez.
“Hay un vacío legal, y el mismo Diputado Feliciano Valle lo dijo públicamente en el mismo trabajo al interior de la comisión, donde estamos en un vacío legal que el mismo Congreso de la Unión tiene que legislar, y los mismos estados tenemos que legislar en el marco de ir ajustando a nuestra realidad”, justificó el coordinador de la bancada del PRI.
“No podíamos votar en contra de un dictamen sin tener un razonamiento jurídico de porqué votarlo en contra”.
El pasado mes de junio, el TEPJF resolvió que Rocha Moya al igual que otros 17 gobernadores de la 4T violaron la veda electoral durante el proceso de revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Envió la sentencia a los congresos locales para que aplicaran la sanción correspondiente, pero el Gobernador de Sinaloa no recibió ninguna pena.
El 28 de julio en la última sesión del periodo ordinario, el Congreso del Estado aprobó no sancionar a Rubén Rocha Moya y dar por concluido el asunto. El argumento fue que al Legislativo no le corresponde hacerlo, como quedó plasmado en el acuerdo votado.
“No se encuentra un argumento para fundamentar un voto en contra desde el punto de vista legal. El Poder Legislativo no cuenta en este momento en el estado de Sinaloa con esa protestad”, comentó Madrid Pérez.
“Nuestra posición, nuestra argumentación, nuestra narrativa ha sido que no politicemos los procedimientos y que nos apeguemos y que se actúe conforme a derecho, ese ha sido nuestro precepto general”.
Sin embargo, la diputada por el PAN, Giovanna Morachis Paperini, explicó a Noroeste que el Gobernador podía ser acreedor a por lo menos una amonestación pública, según lo establecido en el artículo 75 de la ley de Responsabilidades Administrativas.
“Ese es un razonamiento que tuvo la Diputada y que en su momento le llevó la razón, nosotros lo vimos desde la perspectiva y no lo encontramos que aplicara en este supuesto. Por supuesto que ella lo encontró, por eso entendemos que razonó su voto en esa perspectiva pero también hubiera sido un buen momento para analizarlo al interior de la Comisión de Puntos Constitucionales”, opinó Madrid Pérez.
“Ella encontró ese precepto, nosotros jurídicamente lo analizamos al interior del grupo, no encontramos que pudiéramos tener una acción diferente”.
Explicó que para darle facultades al Congreso del Estado para sancionar en este tipo de casos deben reformar la ley orgánica, la de consultas ciudadanas y la de revocación de mandato. Lo mismo tendría que hacer el Congreso de la Unión para hacer las adecuaciones correspondientes.
“No vamos a razonar un voto que vaya por encima de las facultades que tenemos como legisladores. Asumimos el costo que esto implique, pero vamos a ser serios y vamos a ser claros en que el razonamiento de nuestros votos va a ser apegado a la legalidad y al marco jurídico en el que nos encontramos el cual está vigente”, subrayó.