Fiscalía tiene a 8 testigos contra funcionario que compró colchones
"Sus compañeros y otros funcionarios lo señalan como el único responsable de realizar esta transacción con un amigo y una empresa con giro distinto a la venta de colchones"
En la primera parte de la audiencia inicial, cuando la Fiscalía formalizó la acusación contra Castro Olivas, expuso entre los datos de prueba declaraciones de las actas de entrevistas de siete funcionarios y la denuncia penal interpuesta por el propio Carrillo Castaños.
Otros testigos son seis compañeros de Castro Olivas, desde su asistente personal hasta otros subordinados que forman parte de la misma cadena de mando en la Coordinación Administrativa.
Estos coincidieron que como titular de dicha área de la Sedeso estatal, él era el único responsable de realizar movimientos y pagos a través de la banca electrónica, como transacciones para viáticos, pagos a proveedores y adquisición de lo que requería la dependencia.
Otra testigo es Morayma Yaseen Campomanes, actual subsecretaria de Gestión de Fondos y Financiamiento de la Secretaria de Desarrollo Económico del gobierno estatal, de quien se leyó en su declaración que ella fue designada por el Gobierno del Estado para buscar y elegir proveedores para los enseres de apoyo.
Campomanes explicó que en una reunión realizada a principios de octubre, en la que estuvo presente Castro Olivas, buscaban una solución para adquirir más colchones, porque las empresas de la localidad ya no cubrían el abasto para la necesidad de la ayuda.
La funcionaria señaló que el propio Castro Olivas se propuso buscar proveedores en Guadalajara y el 8 de octubre informó que ya había visitado la fábrica en Jalisco; para el 9 de octubre avisó que ya había adquirido 2 mil colchones y que estaban por llegar.
La Fiscalía también señaló que obtuvo dos informes de la Secretaría de Administración y Finanzas, una en la que declaró que se habían destinado y enviado 25 millones 920 mil pesos de recursos estatales a la Sedeso para la adquisición de despensas, kits de limpieza, colchones y otros enseres, con el objetivo de brindar apoyo a las personas damnificadas.
Raúl Carrillo, en su acta de denuncia, confirmó que con dicho recurso se abrió una cuenta cuyo único responsable de realizar transacciones era Castro Olivas.
Además un segundo informe de Administración y Finanzas, firmado por Carlos Ortega Carricarte, descarta que el particular y la firma Grupo El Mariachi, S.P.R de R.I. formen parte del padrón de proveedores de Gobierno del Estado.
Castro Olivas fue detenido en la caseta Rosario de la autopista Mazatlán-Tepic, cuando según él mismo ha dicho regresaba de Guadalajara, Jalisco, a donde fue a buscar arreglar el problema de los colchones por su cuenta.
Ayer fue presentado ante un juez de control y confianza para una primera parte de la audiencia inicial y solicitó un plazo de 144 horas para preparar su defensa, por lo que regresará al Centro de Justicia Oral el martes próximo.
El funcionario fue dejado en libertad pese a que la Fiscalía insistió que se dictara prisión preventiva como una de las medidas cautelares.
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