Fiscalía pide garantía de $500 mil contra Madueña y Robespierre, pero falla por falta de pruebas
El Juez de Control determina que tampoco han variado las condiciones de los funcionarios de la UAS, desde que les vincularon a proceso el pasado 8 de agosto; retiran orden de aprehensión contra el encargado del Despacho de Rectoría
La Fiscalía General del Estado falló en su intento por modificar las medidas cautelares en contra de Robespierre Lizárraga Otero, encargado del Despacho de Rectoría de la UAS; y Jesús Madueña Molina, Rector titular, en el segundo proceso penal por abuso de autoridad.
El pasado 20 de septiembre, la Fiscalía citó a ambos funcionarios, pero un fallo en la notificación del Juez y la falta de comunicación del abogado con Robespierre Lizárraga, motivaron la inasistencia de éste, y difirieron la audiencia.
A raíz de dicha incomparecencia, el 23 de septiembre el Juez Carlos Alberto Herrera giró una orden de aprehensión contra Lizárraga Otero con el propósito de que acudiera a la audiencia de este miércoles.
Una vez en esta audiencia, los fiscales solicitaron establecer una garantía económica de 500 mil pesos, tanto para Robespierre Lizárraga como Jesús Madueña para asegurarse de que ambos atenderán el proceso y no fallarán a las audiencias.
Como argumentos, indicaron que desde la judicialización de esta carpeta de investigación, en octubre del 2023, intentaron acusarlos en cuatro ocasiones, pero lograron diferimientos por supuestos motivos de salud o cambios de abogados.
Además, afirmaron que ambos poseen cargos superiores en la universidad, y perciben sueldo de Rector “igual o mayor a 100 mil pesos”, pero sin precisar la cifra.
La defensa de los universitarios conformada por Alfonso Ontiveros Salas, Alfonso Ontiveros Elguezabal y Milton Ayala Vega, reclamó al Juez que la Fiscalía no presentó datos concretos sobre los ingresos de los acusados.
También apuntaron deficiencias en la solicitud, como que no hubo un análisis de riesgo de sustracción de la justicia emitido por la Unidad de Medidas Cautelares.
En medio de la justificación, Robespierre Lizárraga reveló que tiene un adeudo por un inmueble, e iban a pasarle un documento a los fiscales, pero el representante legal de la UAS, que estaba en el público, les dijo que no lo hicieran.
El Juez Carlos Alberto Herrera decidió mantener las medidas cautelares establecidas al vincularlos a proceso: no salir del País sin autorización previa y firmar en la Unidad de Medidas Cautelares.
Explicó que la Fiscalía tiene la obligación de aportar todas las pruebas y datos necesarios para justificar su petición, cosa que no hizo.
Añadió que las condiciones en que puso las primeras medidas cautelares no han variado en este periodo de tiempo, por lo que no era necesario sancionarles económicamente.
Por otro lado, quitó la orden de aprehensión en contra de Robespierre Lizárraga, ya que la intención era que asistiera a esta audiencia, situación que se cumplió.
Apenas el pasado 8 de agosto vincularon a proceso a los funcionarios universitarios por impedir que la Auditoría Superior del Estado revisara el ejercicio de los recursos propios de la Universidad Autónoma de Sinaloa en 2023.
Esta causa penal, 839/2024, es la segunda en contra de Robespierre Lizárraga y Jesús Madueña por abuso de autoridad; en la primera, 836/2023, les vincularon a proceso en 2023, y les impusieron una garantía económica de 50 mil pesos.