Exigen fiscal anticorrupción independiente
"Proceso para elegir a este servidor público debe ser abierto y de cara a la sociedad, recomienda Eduardo Bohórquez, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana"
Los sinaloenses deben vigilar que el nombramiento del primer Fiscal Anticorrupción surja de un proceso abierto, “absolutamente impecable” e independiente, recomienda Eduardo Bohórquez.
El Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, organización civil pionera en la promoción de la rendición de cuentas en México, destaca la importancia de esta figura para el nuevo Sistema Local Anticorrupción.
Es clave, dice, que tanto la designación como la organización de la Fiscalía Anticorrupción se sujete a “un proceso abierto y de cara a la ciudadanía”.
En Sinaloa, el nombramiento de este cargo público quedó bajo la decisión del nuevo Fiscal General del Estado, cuyo titular es el Doctor Juan José Ríos Estavillo.
Con ello, la 62 Legislatura local cerró el proceso a la ciudadanía.
Así el artículo 76 Bis A de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que se crea la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la cual tendrá nivel de Vicefiscal General.
“El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción será designado y removido por el Fiscal General. El nombramiento y remoción podrán ser objetados por el Congreso del Estado por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, en el plazo que fije la Ley, si el Congreso del Estado no se pronunciare en este plazo, se entenderá que no tiene objeción”, señala la reforma publicada en el Periódico Oficial del 17 de marzo del 2017.
Para Bohórquez, experto en temas de transparencia en el país, lo que debe buscarse ahora es que haya un proceso independiente en el nacimiento de este fiscal.
“Eso es lo ideal, que haya un proceso independiente, conducido por un poder distinto al que lo va a nombrar, en donde se valoren técnicamente los méritos de los distintos candidatos.
FIGURA CLAVE
El fiscal anticorrupción investigará los delitos cometidos por servidores públicos; es una de las nueva figuras que intervienen en el Sistema Anticorrupción, cuya ley aún no es aprobada por el Legislativo.