Excluye Quirino a desplazados del sexenio de Malova y anteriores
"Con la publicación de las reglas de operación para entregar apoyos sólo toman en cuenta desplazamientos de dos años anteriores al actual"
Con la publicación de las reglas de operación para entregar los 30 millones de pesos que se destinaron para apoyar a las familias desplazadas por la violencia en la zona serrana del estado, el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel dejó fuera a las víctimas de desplazamiento de años anteriores al 2017.
El viernes, la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno estatal publicó las reglas de operación en el periódico oficial El Estado de Sinaloa con la exclusión detallada en el punto 2.2, para la Población Objetivo, y el 2.3.1 en que se especifican los requisitos que hay que cumplir para acceder a los apoyos.
La población objetivo se refiere a las mujeres y hombres en lo individual, que se han visto forzados u obligados a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano "cuyo evento no sea mayor a dos años anteriores al ejercicio fiscal de 2019", dice el texto publicado en la página 9 de la edición del viernes 1 de marzo.
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En el caso de los requisitos para acceder a los recursos, en el inciso A, señala que se debe entregar una solicitud de apoyo con datos como el nombre del interesado, la manifestación de decir verdad, que no han recibido ni se solicitarán apoyos de otros programas estatales o federales y que el evento del que han sido víctimas "no sea mayor a dos años anteriores al ejercicio fiscal de 2019".
"Se deja, en primer lugar, por fuera al grueso de las personas desplazadas", señaló Óscar Loza Ochoa, de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa.
El activista recordó que en Villa Unión, sindicatura de Mazatlán, existe un asentamiento llamado 7 de Abril que se conforma por cientos de personas desplazadas de San Ignacio y Concordia que se movilizaron casi la mayoría desde el 2012.
"Me parece muy injusto, porque el hecho de que haya pasado el tiempo, no quiere decir que su condición de desplazado sea diferente, o que haya mejorado sustancialmente la calidad de vida para ellos", agregó.
"No hay ninguna razón para discriminarlos... en todo caso las limitaciones para atención, pudiera ser el fondo con el que se cuenta, pero no para ponerle 'nada más los de tal tiempo para acá', ¿y los demás?".
El mismos viernes que se publicaron las reglas de operación, representantes de familias desplazadas de las zonas sur, centro y norte de Sinaloa se reunieron para demandar acciones, debido a que no habían visto avances en sus demandas de apoyos para proyectos productivos, vivienda, salud y educación.
Un grueso de estas familias organizadas y sus representantes pertenecen a comunidades de las que tuvieron que salir, algunas hasta por segunda vez en los últimos cinco años, de la zona serrana del centro y norte del estado.
En el sur, hay registros periodísticos del sexenio pasado, de varios poblados en la zona serrana de Concordia y la zona rural de Mazatlán.
Asegura Sedesol que es un error; envían fe de erratas
El Secretario de Desarrollo social del gobierno del estado, Álvaro Ruelas Echave, señaló que la fecha publicada en las reglas de operación para acceder a los apoyos para familias desplazadas por la violencia en Sinaloa, es un error y solicitó de inmediato una Fe de Erratas al periódico oficial.
Ruelas Echave explicó que con la corrección hecha, se tomarán en cuenta a las víctimas de eventos desde el 2010, aunque una vez que aplique el censo a nivel estatal, en caso de detectar a desplazados de eventos previos, se analizarán.
"Si dice 2019 es un error... debe decir 2012... porque de hecho, la base con la que lo tomamos, insisto, lo vamos a revisar y hacer una corrección, la base con la que la tomamos son las observaciones de los derechos humanos", explicó.
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"No mayores dos años antes del 2012, porque ese es un tema de cómo lo hemos visto, porque nosotros tenemos que establecer una fecha y la mayoría se maneja, nosotros estamos cubriendo las recomendaciones y estamos hablando de un periodo significativo, estamos hablando de alrededor de nueve años".
¿En dado caso de que pudieran salir previos al 2010?
Los analizaríamos tendríamos qué ver bien...
¿No se va cerrar el Gobierno a decir 'de aquí para acá' sí?
No, y además te voy a decir una cosa, el tema no lo vamos a atender con recursos de los 30 millones (de pesos) y las reglas de operación, tenemos que poner una fecha, un inicio, un final, pero si nosotros, por ejemplo, se nos presenta un fenómeno anterior al 2012, que sea relevante, podemos ayudarlos con los demás programas que nosotros tenemos, apoyos productivos, vivienda, el tema de salud, de educación.
No estamos cerrados, al contrario, pero si nosotros tenemos que establecer una fecha por un orden metodológico de cuándo lo vamos hacer y consideramos que dos años antes de los eventos establecidos en la recomendación de 2012 son suficientes.
El funcionario reconfirmó que la solicitud de la fe de erratas ya se había enviado al Periódico Oficial y que se había recibido.
Las cifras de desplazados
Noroeste posee la copia digital de estadísticas entregadas por Sedesol del sexenio anterior que afirma que entre 2012 y 2013 se contabilizaron 4 mil 714 familias, con los mayores números de desplazamientos registrados de Sinaloa municipio, con mil 368; de Concordia, con mil 276; y de Rosario, 740.
Según registros periodísticos, entre 2016 y 2018 se contabilizaron desplazamientos de más de medio millar de familias de diferentes puntos de las zonas altas de Badiraguato, también por hechos de violencia.
Para este 2019, el Ejecutivo estatal y el Congreso llegaron al acuerdo de destinar en este 2019 un total de 30 millones de pesos para la atención de esas familias desplazadas.