En Sinaloa es la Fiscalía anticorrupción la que acusa y después no puede probar
La Fiscalía General del Estado no obtuvo el castigo de su acusación original en los casos más emblemáticos contra ex funcionarios relacionados con actos de corrupción
Los ex secretarios de Administración y Finanzas, de Salud, de Turismo y otros funcionarios de la administración de Mario López Valdez, al final no fueron castigados como al principio pretendió la Fiscalía Anticorrupción en Sinaloa.
Los casos más emblemáticos son los que incluyen a estos funcionarios de primer nivel.
Villarreal es el último de los casos, de haber sido acusado junto con otros dos colaboradores del desvío de 263 millones de pesos, la Fiscalía pretendió castigarlos con 16 años de prisión, y al final la suspensión del proceso se dio por el pago de dos millones de pesos y otros requisitos mínimos.
Antes estuvo el caso del ex secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, quien se declaró culpable y pagó la mitad del dinero pagado por contratos irregulares, siete millones de pesos.
En este caso hubo otros dos funcionarios señalados, pero solo sentenciado uno, María Alejandra Gil Álvarez, ex directora administrativa en la dependencia en el tiempo de Echeverría, y quien fue sentenciada a 5 años de prisión, pero que salió bajo fianza por el pago de 10 mil pesos.
Mientras que Luis Ángel Pineda Ochoa, de quien la Fiscalía tenía evidencia de cometer el delito de peculado, logró un castigo de 13 años y 6 meses de prisión, una multa de 54 mil 780 pesos por sus acciones, inhabilitación para ocupar cargos públicos por 27 años y al pago de 8.9 millones de pesos como reparación del daño, pero al final el Supremo Tribunal de Justicia le redujo la sentencia a ocho años y tres meses de prisión.
El perdón que llegó avalado por Quirino Ordaz Coppel
El caso de Armando Villarreal Ibarra, y dos de sus ex colaboradores, es el más reciente, pues luego de haber sido acusados de Ejercicio indebido del servicio público y Desempeño irregular de la función pública por el desvío de 263 millones de pesos, al final solicitaron una suspensión condicional del proceso con una reparación del daño de dos millones de pesos a pagar entre los tres.
Junto a Villarreal Ibarra también fueron procesados Ernesto Herrera Félix, ex director de Tesorería, y José Carlos López Ramírez, ex jefe del Departamento de Caja General, señalados por la Fiscalía del desvío de 293.4 millones de pesos de recursos federales etiquetados para acciones específicas a cuatro cuentas del Gobierno estatal que se usaron en acciones diferentes durante el último semestre de 2016.
Sin embargo, de los 293.4 millones de pesos fueron solventados por el Gobierno del Estado 32 millones de pesos.
El proceso fue largo, y antes de llegar a juicio oral, éste se alargó por varios meses, debido a que los imputados promovieron una serie de amparos contra las decisiones de la juez Sara Bruna Quiñónez Estrada, quien en las audiencias públicas afirmó estar en contra de las acciones avaladas por la Fiscalía.
El 27 de enero de 2021, Quiñónez Estrada otorgó el sobreseimiento del delito del desempeño irregular de la función pública contra los acusados, después de cuestionar a los Fiscales sobre su trabajo de investigación y su obligación de buscar la verdad y la justicia. Incluso buscó que el Fiscal Juan José Ríos Estavillo avalara esta decisión y se presentara al juicio o enviara un aval suyo.
La Fiscalía propuso quitar uno de los delitos a los acusados luego de recibir un documento de la ASE en el que señalaba que no había delito cometido. La juez exigió varias veces a los fiscales que realizaran su propia investigación.
Para el sobreseimiento, los fiscales llevaron una respuesta firmada por la vicefiscal general Nubia Alejandra González y la vicefiscal anticorrupción Reyna Angulo Valenzuela, para avalar la solicitud del sobreseimiento parcial al omitir la acusación del delito de desempeño irregular.
Unas semanas después, el 17 de febrero, los abogados defensores de Villarreal y compañía regresaron a los juzgados, para solicitar a la juez la suspensión del proceso, y ya estaban de acuerdo tanto los defensores, como el representante de Gobierno del Estado.
Al conocer la intención de los abogados, la juez cuestionó al representante del Gobierno del Estado si tenía la facultad o la autorización del Gobernador para tomar esta decisión.
Por esto, exigió ahora una respuesta del Secretario de Administración para avalar el perdón.
“Estamos hablando de millones, no puedo voltear y fingir”, expresó la juez. Luego también dijo que ella se negaba a ser un instrumento para aprobar esta suspensión.
El 25 de febrero, los abogados defensores buscaron dejar fuera del caso a la juez Sara Bruna, pero ésta rechazó las pruebas y decretó que la solicitud del cambio se hizo a destiempo.
La solicitud de suspensión tuvo que ser aceptada por la juez Sara Bruna el viernes, después de que el representante del Gobierno del Estado llevó consigo un aval del Gobernador Quirino Ordaz Coppel.
Villarreal y sus ex colaboradores fueron vinculados a proceso por primera vez el 2 de abril de 2019 por los dos delitos y la Fiscalía General del Estado buscaba una pena de 16 años de prisión, pero al final el castigo por el desvío de los 263 millones de pesos quedó en acusación por un delito, una disculpa pública, el pago de dos millones de pesos entre los tres involucrados, no salir del país, acudir a firmar por seis meses a la Unidad de Medidas Cautelares y residir en el mismo domicilio.
La reparación del daño en Salud que quedó a la mitad
El 3 de diciembre de 2017, la Fiscalía General del Estado formalizó su acusación contra el ex Secretario de Salud en Sinaloa, Ernesto Echeverría Aispuro, y el ex director de Atención Médica, Jaime Otáñez García, por la adjudicación directa de una empresa en la que estuvo involucrado y es propiedad de sus socios.
La acusación contra ambos ex funcionarios fue por los delitos de ejercicio indebido de la función pública y desempeño irregular del servicio público, por gestionar, autorizar y firmar una ampliación del contrato el 8 de enero de 2016 por 18 millones de pesos, luego de celebrar otro en 2015 por 20 millones de pesos.
En este caso también fue acusada e involucrada María Alejandra Gil Álvarez, ex directora administrativa en la dependencia en el tiempo de Echeverría.
El 19 de julio de 2018, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado en el que informó que Echeverría Aispuro aceptó su responsabilidad en el desvío de 14 millones de pesos, por lo que recurrió a una figura jurídica para agilizar el proceso y evitar pisar la cárcel por el pago de 7 millones de pesos.
En este caso, al final Otáñez García fue absuelto de culpa por la Fiscalía y a Gil Álvarez la llevó a juicio oral, pero solo por el delito de desempeño irregular de la función pública.
Originalmente, la Fiscalía solicitó un castigo reducido al mínimo, con el agravante de que el delito lo cometió de manera reiterada, de 5 años y 6 meses de prisión y el pago de 7 millones 775 mil 554.70 pesos como reparación del daño.
La juez la sentenció a cuatro años de prisión, pero le otorgó una suspensión condicional de la pena, a cambio del pago de una fianza de 10 mil pesos, puesto que no tuvo oportunidad de exigirle una reparación del daño porque la Fiscalía General del Estado no pudo acreditar una cantidad base para ello.
Histórico castigo contra ex funcionario, queda en un tercio del castigo
De los ex funcionarios detenidos y procesados, el caso de Luis Ángel Pineda Ochoa y el ex secretario de Turismo, Rafael Lizárraga, fue el primero y el más sonado.
Al ex secretario técnico lo detuvieron en Los Mochis y lo trasladaron al penal de Aguaruto, para ser puesto ante el juez y vinculado a proceso el 22 de noviembre de 2017.
Pineda Ochoa, Lizárraga y José Luis Martínez Romero, ex jefe de la oficina de administración de Turismo estatal, fueron señalados como responsables por la Auditoría Superior del Estado de haber desviado 8 millones 651 mil 798.52 pesos que debieron utilizarse para campañas de publicidad. El dinero se gastó, pero no hubo evidencia.
Lizárraga y Martínez Romero fueron absueltos por la Fiscalía y se centraron en las evidencias contra Pineda Ochoa. La acusación formal fue por cometer los delitos de Ejercicio indebido del servicio público y Desempeño irregular de la función pública.
La Fiscalía tuvo como evidencia 41 cheques, que sumaron 8 millones 651 mil 789.52 pesos, que los que supuestamente Lapo pagó para realizar tres campañas de publicidad denominadas “Campaña Delta Vacations 2016”, “Campaña Canwest 2016”, y “Campaña Continental Airlines”.
Sin embargo, tumbó el delito de Ejercicio indebido del servicio público.
El 25 de junio de 2019, la Fiscalía tuvo testimonios de siete personas e irregularidades en 41 pólizas de cheque como evidencia para acusar al Lapo en el juicio oral.
Además, la Fiscalía mostró pruebas de que 13 de los 41 cheques que liberó Pineda Ochoa fueron cobrados por su hermana, su esposa, una de sus hijas, y uno de sus cuñados.
Entonces la Fiscalía buscó acusarlo por peculado, un delito todavía mayor a los que se le acusaban, pero se equivocó en el momento procesal y el juez lo rechazó.
El 8 de julio de 2019, la juez sentenció a Pineda Ochoa a cumplir 13 años y 6 meses de prisión, una multa de 54 mil 780 pesos por sus acciones, inhabilitación para ocupar cargos públicos por 27 años y al pago de 8.9 millones de pesos como reparación del daño.
La juez dijo que Pineda Ochoa cometió los delitos con “máxima gravedad en su actuar” y “dolo intenso”.
Durante el proceso, los abogados de Pineda Ochoa se respaldaron en jueces federales para lograr puntos a su favor o aprovechar los errores de la Fiscalía.
En junio de 2020, casi un año después, Pineda Ochoa no logró la absolución con un recurso de apelación, pero sí que la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado le redujera la condena a ocho años y tres meses de prisión, la multa a 36 mil 885 pesos y la inhabilitación a 16 años.