Defiende Comité de Participación Ciudadana amparo contra Ley de Obras Públicas
"De acuerdo con presidente del CPC, Enrique Hubbard Urrea, el amparo no es contra ciudadanización de la Ley de Obras Públicas, sino que se les está imponiendo obligaciones que no emanan de su ley"
No es contra la ciudadanización de la Ley de Obras Públicas, es un derecho ciudadano y no impide que sigan adelante los procedimientos, es lo que Enrique Hubbard Urrea, presidente del Comité de Participación Ciudadana, respaldó sobre el amparo que interpusieron contra unos artículos de la nueva Ley de Obras Públicas, acto por el cual recibieron críticas desde el Congreso del Estado, organizaciones y ciudadanía que incluso pidieron renuncia de la y los miembros de este órgano.
“Es un derecho ciudadano el que tenemos todos los mexicanos de recurrir al amparo para que se aclaren los aspectos constitucionales y los diputados del Congreso del Estado de Sinaloa protestaron cumplir la Constitución, por lo tanto serían los primero interesados en saber si esta disposición es o no es constitucional”, expuso el presidente del CPC.
“A lo que nos estamos oponiendo nosotros es a que en los artículos correspondientes que son 35, 36 y 37 se esté tratando de establecer obligaciones para el comité en una ley que no es nuestra ley”, declaró el presidente del CPC, lo cual consideraron inconstitucionalmente aceptable”, explicó.
En segundo lugar reiteró que el CPC no ejerce recursos públicos, como organismo ciudadano, lo cual fue observado por el Congreso del Estado cuando dijeron que para las convocatorias e integrar los Comités de Obras, el recurso podría salir de cada uno de los entes que ejecuten obras y tengan que formar un comité, o bien, algunas organizaciones civiles demandaron que lo hicieran con sus recursos propios, tomando en cuenta que cada uno de los integrantes del CPC tiene un ingreso mensual de 75 mil pesos.
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“Nos acusan en parte también por ahí que todo esto lo hacemos porque no queremos trabajar, porque no queremos llevar a cabo nuestras responsabilidades, cuando es precisamente lo contrario, todo esto empezó porque detectamos que en la ley hay desgraciadamente problemas de interpretación que quedaron sueltos”, abundó Hubbard Urrea.
Por las fallas de técnicas legislativas que encontraron, es que solicitaron una reunión con la Presidencia de Asuntos Jurídicos del Gobierno estatal, ya que, de acuerdo con el presidente del CPC, son quienes se encargarán de expedir el reglamento de la Ley de Obras y una vez reunidos, se les dijo que la única autoridad que puede resolver los asuntos constitucionales de una norma, es el Juzgado de Distrito.
“Por ellos pues, nosotros nos dirigimos al Juzgado de Distrito para pedirle que nos indique si es o no constitucional lo que está sucediendo y lo que se está llevando acabo”, informó, pero aclaró que esta instancia no está impidiendo que trabajen o detengan la ciudadanización de la ley, sino que solo está evaluando si es inconstitucional.
Revisión
En cuanto al texto, el titular del Comité de Participación Ciudadana pide que se revisen las imprecisiones que hay, por ejemplo en el Artículo 35 que se refiere al Comité de Obras del Ejecutivo estatal, cuando en realidad son varios los comités que saldrán del Ejecutivo, por cada ente que realice obras.
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También refiere que los integrantes ciudadanos de los Comités de Obras son propuestos por organizaciones de la sociedad civil, que además deben estar acreditados por los Órganos Internos de Control, más no hay regulación aun para acreditar a las organizaciones, así tampoco se estipulan los requisitos para la ciudadanía que desee ser parte de los comités.
Ello, dijo, lo trajeron a colación para aclararlo, iniciando con una reunión con el Congreso, pero el Poder Legislativo, aseguró Hubbard Urrea, no quiso convocar a mesas de trabajo para ello.
“Sin embargo, dado que el Órgano Interno de Control del Poder Ejecutivo es la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, nos reunimos con la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas para discutir esos asuntos y culminarán eventualmente en un reglamento de la ley que saldrá del Ejecutivo a través de esa Secretaría”, comentó.
“Luego yo me reuní además para trabajar sobre estos detalles y aclararlas con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CMIC, tuvimos una reunión muy fructífera en la cual ellos nos plantearon más problemas que han encontrado en el ámbito de los Testigos Sociales”, agregó, también dijo que se reunirán con los Órganos Internos de Control.
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Renuncia
Ante la solicitud de renuncia que hicieron hacia la y los miembros del Comité de Participación Ciudadana, misma que salió desde organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos, ciudadanas e integrantes de la LXIII Legislatura, el presidente del órgano respondió que habrá que revisar cuántas de estas organizaciones están acreditadas ante los Órganos Internos de Control.
“Quienes no están trabajando son ellos si no lo han hecho, porque aquí en la ley se dice claramente que tienen que estar acreditados en el Órgano de Control respectivo, entonces no hay tal situación, lamentablemente han respondido de una manera muy negativa a algo perfectamente justificado, promover un amparo para determinar si es o no es constitucional esto que se está poniendo en la ley, es perfectamente legal, es nuestro derecho como ciudadanos, somos un órgano ciudadano conformado por ciudadanos que tenemos todo el derechos de hacerlo”, reiteró.
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