Congreso, ASE y Fiscalía van contra el Alcalde de Culiacán; las consecuencias podrían llegar a la destitución y hasta prisión
Instituciones estatales han iniciado procesos administrativos y penales contra el Presidente Municipal de Culiacán por diversas razones. De acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y al Código Penal de Sinaloa, las últimas consecuencias podrían ser la separación del cargo y hasta 6 años de cárcel
El Poder Legislativo, la Auditoría Superior del Estado, y la Fiscalía General de Sinaloa mantienen procesos por separado, pero dirigidos a un mismo actor: el Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.
Un juicio político, investigaciones por un posible daño a la hacienda publica, denuncias por cometer los delitos de discriminación y abuso de autoridad, son las causas que enfrenta el mandatario municipal.
Actualmente la petición para quitarle el fuero al Alcalde presentada por la Fiscalía ya se encuentra en manos del Congreso local.
De concretarse alguno de estos recursos que desarrollan las diferentes instituciones, el Alcalde de Culiacán podría ser destituido, incluso recibir sentencias de carácter penal que van desde uno hasta seis años de prisión, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Código Penal de Sinaloa.
El juicio político
El 22 de abril, en una sesión extraordinaria y a puerta cerrada, diputados y diputadas locales aprobaron iniciar el proceso de juicio político contra el Presidente Municipal de Culiacán obedeciendo dos peticiones presentadas por la sociedad civil.
Una de las solicitudes fue realizada por viudas de policías municipales que acusaron la no aplicación del Decreto 645, una modificación a la Ley de Seguridad Pública estatal que garantiza pensiones homologadas para las familias de elementos fallecidos aprobada en el Congreso local en junio de 2021.
La otra petición vino de parte de ciudadanos en relación con la no aplicación de la reforma a la Ley de Agua Potable, que desde febrero de 2022 comprende descuentos en el agua potable para adultos mayores y personas discapacitadas.
Previo al inicio del juicio político ambos temas ya se encontraban siendo revisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el Gobierno de Culiacán presentó controversias constitucionales para no aplicar las mencionadas leyes, alegando autonomía municipal: la gestión para no obedecer el decreto 645 inició en septiembre de 2021, mientras que la que contempla la reforma al agua potable fue presentada en abril de 2022.
La última actualización sobre el proceso de juicio político contra el Alcalde fue el fallo de un Juez federal, quien concedió no quitarle el cargo al mandatario hasta que se resolviera de fondo el proceso. Esta resolución fue impugnada por el Congreso del Estado.
“Un recurso de revisión a propósito de la suspensión definitiva que el Juzgado Primero otorgó por el proceso que acá en el Congreso ya está presentado”, dijo el Diputado Feliciano Castro Meléndrez.
El proceso de juicio político podría valerle la destitución del cargo al primer edil, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.
Posible daño a las finanzas públicas
Una semana después de que inició el juicio político contra el Alcalde, el 29 de abril, la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa presentó ante la Fiscalía dos denuncias contra quien resulte responsable de posibles daños a la hacienda pública municipal debido a adquisiciones de productos y servicios.
Estos contratos fueron detectados en las revisiones de la cuenta pública de 2019.
“De que hay un tema de posible daño a la hacienda, sí lo hay”, mencionó al respecto Emma Guadalupe Félix Rivera, titular de la ASE.
La FGE inició una investigación sobre el tema y han solicitado información al Ayuntamiento de Culiacán en diversas ocasiones.
El Presidente Municipal acusó que el Gobernador Rubén Rocha Moya y el Secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, tienen control sobre la Fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada.
“(El Gobernador) Me echó a la Fiscalía todo este mes a estarnos pidiendo información diario, más de 500 informes les rendimos en mayo a la Fiscalía sobre cuentas, dependencias, sobre el taller municipal y los camiones de la basura”, dijo el Alcalde.
Delitos de discriminación y abuso de autoridad
El 3 de junio, la Fiscal General Sara Bruna Quiñonez Estrada reveló que la institución entregó al Congreso de Sinaloa una solicitud de declaratoria de procedencia, recurso conocido comúnmente como desafuero.
Los delitos que se investigan son discriminación y abuso de autoridad.
“La Fiscalía del Estado confirma que el día de ayer (jueves 2 de junio) se solicitó ante el Congreso del Estado fuera desaforado el Presidente Municipal, Jesús Estrada Ferreiro, tras denuncias que se presentaron por ciudadanos que lo acusan de discriminación y abuso de autoridad”, dijo la Fiscal.
Con esta solicitud la Fiscalía busca remover la inmunidad procesal que la Ley le otorga al Alcalde a fin de que se le juzgue por posibles delitos cometidos durante el desempeño de su cargo. De acuerdo a Ley Federal de Responsabilidades los Servidores Públicos, el Congreso deberá determinar en no más de 70 días hábiles si le remueve o no el fuero a Estrada Ferreiro.
Según el Código Penal estatal la pena por cometer discriminación va de uno a tres años de prisión, y una multa de 50 a 200 días; sin embargo, esta sentencia se duplica si el delito es cometido por un servidor público en el ejercicio de sus funciones.
En cuanto al delito de abuso de autoridad, la sentencia puede ir de dos a seis años de prisión, separación del cargo definitivo, multa de 30 a 150 días y de dos a ocho años de inhabilitación para ocupar algún cargo en el sector público.
‘No voy a renunciar’: Estrada Ferreiro
Al revelarse la solicitud de la Fiscalía para retirarle el fuero, el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro acudió a diferentes medios de comunicación que pudieron ofrecerle un enlace en vivo para abordar el tema. En una jornada el mandatario visitó televisoras, radiodifusoras y medios digitales; las visitas fueron promocionadas y compartidas en las redes sociales públicas del mandatario.
En uno de estos espacios el Alcalde retó al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a “darle muerte” si su interés es retirarle el cargo.
“Que me corran, que me metan a la cárcel, que me fusile o me mande a matar el Gobernador, si quiere, pero no voy a renunciar”, señaló.