Conflicto de la UAS y Congreso puede resolverse, confía subsecretario

El Subsecretario de Educación Media y Superior en Sinaloa considera que la nueva Ley de Educación Superior, misma que rivalizó a la UAS y al Congreso, es legítima

El conflicto de la Universidad Autónoma de Sinaloa con el Congreso local puede solucionarse si se prioriza la necesidad de una resolución por el bien de la educación, opinó Rodrigo López Zavala, Subsecretario de Educación Media y Superior en Sinaloa.

“Me interesa que por las vías adecuadas se encuentre la solución lo antes posible”, dijo.

López Zavala reconoció que la nueva Ley de Educación Superior, misma que ha sido rechazada por la Dirección de la UAS, es válida y legítima.

“El espíritu de la nueva legislación es la mejora continua de la educación superior y hay un énfasis ahí en el articulado del respeto a las instituciones, incluso sean o no sean autónomas”, señaló.

“La legitimidad de la ley es completamente evidente”.

A finales de febrero el Congreso de Sinaloa aprobó la nueva Ley de Educación Superior, misma que permite al legislativo modificar leyes orgánicas de universidades autónomas.

Ante ello el Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina precisó que en la nueva ley fueron detectados por el área jurídica de la institución educativa 11 agravios a la autonomía de la UAS.

El 10 de marzo la UAS, representada por el director jurídico de la institución educativa Robespierre Lizárraga Otero, comenzó un proceso de amparo contra esta Ley.

Sin embargo, tres días antes, diputados locales presentaron iniciativas de reforma a la Ley Orgánica de la UAS para establecer la paridad de género en altos cargos dentro de la institución, así como modificar el proceso de selección de rectores para que sea la comunidad educativa quienes decidan.

El 28 de marzo la UAS consiguió la suspensión definitiva ante la Ley de Educación.

La suspensión definitiva no representa el cierre de la batalla legal de la UAS en contra de la Ley de Educación Superior, pues este es un recurso dentro del proceso de amparo para transicionar a la sentencia definitiva.

Aunque la sentencia definitiva no es el desenlace, sí garantiza que la Ley General de Educación Superior no sea aplicada en la UAS hasta que el juzgado resuelva.

Esta suspensión detiene temporalmente las gestiones que pretenda realizar el Congreso local en cuanto a la modificación de la Ley Orgánica de la UAS.