Comunidades costeras: la lucha por la pesca sostenible en México
El 34.1% de las pesquerías reconocidas en México están sobreexplotadas, deterioradas o en proceso de colapsar por lo que organizaciones civiles impulsan una reforma legal para establecer planes de manejo y recuperación obligatorios, y procesos rigurosos de monitoreo y evaluación para todas las especies. La decisión está en manos del Senado
Un grupo de mujeres pescadoras recorre en su panga la costa del noroeste del Pacífico mexicano para monitorear la almeja chocolata. Sueñan con recuperar esta especie que desapareció por más de 10 años. El equipo registra datos e incidentes alrededor de un refugio de mejora pesquera creado en 2018 en la Bahía de Altata, una comunidad rural de unos 2 mil 200 habitantes del municipio de Navolato, en el estado de Sinaloa.
La labor de Yanett, Rosario y Olga es invaluable en una zona donde persisten la sobrepesca, la pesca ilegal, la depredación de manglares y otras actividades ilícitas. Junto con otras organizaciones, las socias de la cooperativa Almejeras de Santa Cruz luchan para que los recursos de los que dependen sus familias se mantengan saludables y no se acaben.
“Me tocó hacer recorridos una vez al mes, en lancha, por la bahía para verificar que no se extraiga ilegalmente la almeja”, relata Rosario, nativa de la comunidad El Tetuán Nuevo. “El objetivo del plan piloto de Inspección Comunitaria es de que tomáramos datos con la tablet y todo lo enviáramos a través de Internet: los recorridos, fotos, información donde veíamos alguna irregularidad. Si mirábamos gente pescando, nosotros llegábamos y les decíamos que la almeja estaba en veda, que ese recurso no se podía sacar porque estaba prohibido”.
La información recabada forma parte de un Proyecto de Mejora Pesquera (FIP) que busca recuperar una de las especies más importantes del comercio local, después del camarón. Según datos de la Conapesca, la producción de almeja chocolata en Sinaloa alcanzó los 184 mil 168 kilogramos (peso vivo desembarcado) en 2006, pero comenzó su declive hasta llegar a los 670 kilos anuales en 2020, tras dos años muy críticos sin producción (2008 y 2018).
El equipo de Oceana, una organización civil que trabaja por la recuperación de la abundancia de los océanos, se unió a este esfuerzo por la restauración y desde 2023 recorre algunas comunidades costeras de Sinaloa para escuchar las voces del sector. Pescadores y mujeres de localidades cercanas a Altata (Navolato) y La Reforma (Angostura) comparten sus preocupaciones y sueños en torno a la actividad central de sus comunidades, fuente de alimento, trabajo e identidad cultural.
Pesca, diálogos por la restauración
Con un 6.5 por ciento de su población dedicada a la pesca, Sinaloa ocupa el primer lugar del país por el alto valor de su producción pesquera que asciende a 12 mil 844 millones de pesos anuales, lo que representa el 29 por ciento del valor nacional. El camarón, atún y escama son sus principales pesquerías, y el 78 por ciento de su producción se destina al consumo humano.
La importancia de la actividad se refleja en las 2 mil 950 unidades económicas que el INEGI registra en 2019 para el sector de pescados y mariscos en Sinaloa, por encima de los 503 establecimientos que mantuvo el sector acuícola. Esto confirma que el conocimiento empírico de los pescadores es elemental para las políticas públicas y sus voces deben ser escuchadas. Bajo esta premisa, Oceana y otras organizaciones promueven la participación activa de las comunidades en los proyectos de mejora pesquera.
En los diálogos organizados por Oceana en Altata y La Reforma, los pescadores y las mujeres del sector coincidieron en que la pesca ilegal, la contaminación y las vedas mal aplicadas les perjudican. Los ciclos reproductivos de algunas especies ya no coinciden con las vedas, y la falta de mecanismos de control y la corrupción están presentes a través de la entrega de permisos de pesca y afiliaciones al padrón del programa BienPesca, de personas que no se dedican a la actividad.
En los diálogos los pescadores denunciaron que las granjas acuícolas están afectando el desarrollo biológico de las especies, al regresar al mar el agua contaminada y matar postlarvas de camarón cuando las absorben junto con el agua que utilizan. Estos y otros factores como el cambio climático están alterando la disponibilidad de los recursos y comprometiendo sus ingresos.
Un ejemplo reciente es el camarón encontrado en las bahías del Sistema lagunar Altata-Ensenada de Pabellón, donde las tallas y los volúmenes resultaron insuficientes tras abrirse en septiembre una larga veda de tres años. El presidente de la Federación de Cooperativas de la zona, Juan Pablo López, dijo que el peso del camarón de bahía apenas alcanzó los 5-7 gramos cuando el mínimo de captura es de 9 a12 y/o 12-15. En altamar pesó 16-18 gramos, pero se esperaba de 45-50 gramos.
“Es algo insólito, fue algo generalizado en todo el litoral Pacífico. En esta ocasión las tallas fueron de más chicas, camarón sí hubo, pero camarón chico que no tiene comercialización. Nosotros creemos que son los tiempos meteorológicos, la falta de lluvia, mucha salinidad del agua y, lo de siempre, las granjas”, señaló en entrevista.
Aunque la tasa media de crecimiento anual de la producción de camarón es de 4.56 por ciento en los últimos 10 años, el volumen de su población se redujo un 8 por ciento del 2020 al 2021, lo que indica un punto de inflexión negativo. Ese aumento se debe a la mayor producción acuícola, pues la captura de camarón silvestre en el Sistema lagunar Altata-Ensenada de Pabellón ha venido a la baja.
La Carta Nacional Pesquera admite que, de las 82 pesquerías marinas reconocidas en México, 28 se encuentran sobreexplotadas y/o deterioradas, 44 están en su máximo rendimiento sostenible y solo cinco presentan potencial de desarrollo. Esto significa que entre las especies que están en máximo rendimiento sostenible (53.6 por ciento) y en sobreexplotación y/o deterioro (34.1 por ciento) suman un 87.7 por ciento pesquerías para las cuales no debe aumentarse el esfuerzo pesquero, es decir, no más permisos ni embarcaciones que las ya existentes.
Una especie está sobreexplotada cuando la captura de individuos está por encima de su máximo rendimiento sostenible (el límite máximo que garantiza un manejo óptimo), mientras que el deterioro se relaciona con la pérdida o disminución de capacidad reproductiva, esto es, regeneración natural por diversas causas: sobreexplotación, contaminación, destrucción de hábitats. La sobreexplotación podría ser causa de deterioro.
Un informe de Oceana indica que de 2018 a 2023 un total de siete pesquerías pasaron de un máximo rendimiento sostenible a deterioradas. Estas especies son: marlin (pesca deportivo-recreativa), pepino de mar del Pacífico, lisa y lebrancha del Golfo de México y Mar Caribe, langosta del Caribe, huachingango y pargos del Golfo de México y Mar Caribe, caracol panocha en Baja California y almeja Catarina. Solo una pesquería deteriorada mejoró, el bagre marino del Golfo de México.
Para el investigador titular del INAPESCA en el CRIAP Guaymas, Miguel Ángel Cisneros Mata, cuando una especie alcanza la fase de deterioro difícilmente se recupera, pero se pueden mantener sus volúmenes con estrategias de manejo integral, elaboradas con la participación de pescadores y mujeres del sector.
Sobrecapitalización de la pesca
Aunque el deterioro de una pesquería es multifactorial, para el investigador Cisneros Mata una de sus principales causas es la presión que sufren las especies sobreexplotadas por el aumento de los subsidios al combustible y el esfuerzo pesquero.
El investigador del INAPESCA explica que en México los subsidios han estado orientados a aumentar el capital y las unidades económicas acuícolas y pesqueras, y a promover la sobrepesca porque se está rebasando el rendimiento máximo económico. Esto reduce las utilidades de todos en el mediano y largo plazo, y sobrecapitaliza la industria.
“Eso es como un loop, un círculo vicioso, porque al agarrar más chicos los organismos de cada especie, lo más obvio es que no estás permitiendo que se reproduzcan. Es como si estuviéramos eliminando a todos los perritos y gatitos que no se han reproducido, pues nos los vamos a acabar. A la par que se genera un desarrollo de la pesquería en términos biológicos y sociales, se está acumulando capital que se está invirtiendo en la pesquería y llega un momento en que biológicamente está estacionado y empieza a caer la captura, entonces empiezan los problemas de sobreexplotación económica porque está sobrecapitalizada la pesquería”.
El coautor de Gobernanza de la pesca y la acuicultura en México y su influencia en la seguridad y soberanía alimentaria advierte que este fenómeno va a generar problemas sociales porque se empezará a competir por los pocos recursos disponibles, lo que vuelve necesario limitar las capturas y establecer planes de rotación entre pescadores, así como procesos para desincorporar el esfuerzo excedente hasta llegar a niveles de suficiencia pesquera.
Cuando una especie que alcanza su máximo rendimiento sostenible -como ahora lo están el 44 por ciento de las pesquerías en México- requiere de un plan de manejo pesquero que permita seguir manteniendo los volúmenes disponibles, pero actualmente el 75 por ciento de las pesquerías de México carecen de este tipo de estrategias, indica una auditoría de Oceana.
En México las vedas han sido la principal estrategia de recuperación pesquera del Gobierno, pero hoy resultan insuficientes para la sostenibilidad de los recursos. Se requiere escuchar a los pescadores sobre los periodos de prohibición de pesca y caza.
“Recuperar no implica cerrar, recuperar no implica prohibir. Recuperar implica hacer un manejo de forma conjunta, con la participación de los pescadores para garantizar que durante el periodo de recuperación va a seguir habiendo una fuente de ingresos y que tiene un límite que va a garantizar una pesca plena”, señala Esteban García-Peña, director de pesquerías de Oceana.
Metas de abundancia y planes de manejo
En México, una reforma legal en materia de pesca es un primer paso para corregir algunos problemas del sector, asociados a la sostenibilidad de los recursos, de acuerdo con la organización Oceana, que impulsa acciones para que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sostenibles garantice estrategias de manejo pesquero con criterios y atribuciones de restauración.
Para la organización civil, un proceso de restauración inicia con el reconocimiento de especies sobreexplotadas o deterioradas y fija metas de abundancia con resultados esperados; la estrategia contiene indicadores de desempeño y metas intermedias que permiten evaluar la efectividad del avance o, en su caso, la necesidad de modificar el procedimiento.
Al final, se puede medir la efectividad de la recuperación de pesquerías o especies marinas si se alcanza la meta de abundancia fijada y se comprueba que la población o stock es estable, con lo que se da por terminada la recuperación y se establece un nuevo plan de manejo para su aprovechamiento, asegurando la participación de las y los pescadores.
El análisis de la reforma legal requiere pasar por un rediseño de la Carta Nacional Pesquera, la principal herramienta de información para la toma de decisiones del sector. Este documento rector de la política está hoy desfasado de la realidad porque los procesos burocráticos del Inapeca, Sader y Conapesca generan un atraso de al menos tres años entre la información recabada y publicada.
La carta, cuyo carácter es vinculante a las decisiones del Gobierno, contiene datos incompletos e imprecisos y omite las fuentes de información y la metodología que la crea; en 2023 clasifica a cinco especies en estatus “desconocido” o “indeterminado”, una categoría que Oceana califica como grave y opaca porque incentiva la desinformación al omitir datos sobre las especies.
“Cuando algo en el manejo de recursos naturales tiene un carácter de indeterminado o no se tiene información o no se conoce nada, por acuerdo internacional (que es el acuerdo de la diversidad biológica) se debe aplicar forzosamente el principio precautorio. No tengo información, entonces no puedo permitirme llevar a cabo ni permisos, ni manejo, ni nada hasta que el Estado lleve a cabo la investigación o colecte la información suficiente para saber ya el estatus exacto o cómo poder manejar”, señala el director de Pesquerías de la organización.
Otro problema es que la pesca y la acuacultura se gestionan bajo el mismo marco legal. Este tratamiento regulatorio no diferenciado es el primer problema que enfrentan las comunidades que viven de los recursos pesqueros para consumo humano. Para Cisneros Mata, del INAPESCA-Guaymas, la ley tampoco distingue entre pescadores artesanales o industriales y no reconoce al territorio costero como un elemento para el manejo o la gestión comunitaria del ambiente acuático, además de que carece de reglamento.
“La mayoría de las pesquerías mexicanas se encuentra en desorden debido en buena medida a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) carece de Reglamento para operativizar las disposiciones normativas”.
La respuesta está en el Senado
En México, la respuesta a la demanda de recuperación y conservación de los recursos pesqueros están en manos de la Cámara de Senadores.
La ausencia de reglas específicas para atender el deterioro de las poblaciones marinas requiere de una reforma que otorgue atribuciones a la SADER (por conducto de la CONAPESCA) para recuperar las especies en sobreexplotación y/o deterioro, y garantizar la preservación de las especies mediante planes de manejo integrales y un sistema de información y evaluación confiable.
Actualmente el 75 por ciento de las pesquerías carecen de planes de manejo y ninguna cuenta con estrategias de recuperación. Para Oceana esto pone en riesgo los ingresos, empleo y calidad de vida de unos 250 mil pescadores artesanales y sus familias que dependen de la pesca.
“México está entre los 16 países cuya ley pesquera no apuesta a las buenas condiciones del ecosistema sino apuesta a la producción por volumen, y entonces eso nos lleva a otra falta más grave que es que no garantiza que el producto pesquero que enfrenta algún efecto adverso por sobrepesca o cuestiones ambientales se recupere”, advierte Esteban García-Peña de Oceana.
En el Senado ya hay una iniciativa de reforma a la ley pesquera que fue turnada a comisiones en diciembre del 2022 a través de la legisladora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, pero esta sigue estancada y en riesgo de no avanzar en el actual periodo legislativo que concluye el 15 de diciembre.
Mientras llega la respuesta del Senado, la sociedad organizada trabaja para mantener en buen estado sus recursos pese a las adversidades. En la Bahía de Altata, el equipo de las Almejeras de Santa Cruz concluyó en septiembre una valiosa etapa de inspección y vigilancia del refugio creado junto con las organizaciones Pronatura y EDF, para rescatar la almeja chocolata. Según el reporte, de abril a agosto registraron 19 incidentes entre los que destacan la extracción de almeja sin permiso o en veda, pesca en zonas no permitidas y extracción de ejemplares inferiores a la talla permitida.
Para la pescadora Rosario Mejía esta ha sido una experiencia comunitaria exitosa porque se recuperó la especie, pero hay incertidumbre sobre su futuro porque no está claro cómo se asegurará su sostenibilidad.
“Después de tantos años que se haya recuperado ‘la chocolata’ es un gran logro, duramos 10-12 años sin ninguna almeja después de haber vivido nosotros toda nuestra vida de ella, era nuestro fuerte después del camarón. Ahora el riesgo es que la gente comience a sacarla indiscriminadamente y se la vuelvan a acabar, porque todavía no tiene ni talla ni volumen suficiente. Necesitamos seguir protegiéndola”.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 de la ONU señala que reglamentar eficazmente la explotación pesquera podría poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal y no declarada y otras prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento científico ayudaría a restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve posible, al menos alcanzando niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible de acuerdo con sus características biológicas. En México, esta es una decisión que está en manos del Congreso.