CESP calcula 192 homicidios, 224 desapariciones y 200 familias desplazadas en un mes de violencia en Sinaloa

En cuanto a las cifras de afectaciones en materia económica se calculan 1,500 negocios con horarios recortados, 180 establecimientos cerrados definitivamente y la pérdida de casi 2 mil empleos formales en septiembre

En Sinaloa se han asesinado a 192 personas, desaparecido a 224 y 200 familias han sido víctimas de desplazamiento forzado, de acuerdo a cifras del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Ante esto se solicitó al Gobierno federal y estatal declaratoria de emergencia económica, la depuración de la Policía Municipal de Culiacán y la reparación integral del daño a víctimas durante la crisis de violencia, mediante representantes de la sociedad civil.

En rueda de prensa realizada en la Ciudad de México, en la que estuvieron presentes el titular del Consejo de Seguridad Pública del Estado Miguel Calderón Quevedo, Laura Guzmán Torróntegui, vicepresidenta de la zona norte de Canirac nacional, y el activista Óscar Loza Ochoa expusieron las afectaciones sociales y económicas tras un mes de crisis de seguridad.

“Tenemos en puerta una Emergencia Social por el daño causado a las trabajadoras y trabajadores; a las juventudes; a las y los pequeños y medianos empresarios, a comerciantes; a docentes y a familias, principalmente, las más vulnerables. En resumen: peligra el tejido social que debería sostener nuestras comunidades.”, expuso Calderón Quevedo.

Las medidas exigidas son:

-Declaratoria de emergencia económica, que comprenda:

* Programa exprés de créditos blandos para pymes, sin requisitos de buró de crédito.

* Suspensión de pago de impuestos, como ISR e ISN; pagaderos a 6 meses, para empresas y negocios afectados.

* Analizar la viabilidad de descuentos y prórrogas de pago de energía eléctrica y agua potable. Ante esta grave crisis de seguridad, dar instrucciones inmediatas a fin de no realizar cortes de ambos servicios al sector productivo.

-Prioridad en acciones de desarme de la delincuencia organizada.

-Efectiva reparación del daño a víctimas de los diversos delitos cometidos en este periodo.

-La pronta y expedita depuración y puesta en marcha de la Policía Municipal de Culiacán.

-Que los operativos policiales y de fuerzas federales sean efectivos para recobrar la tranquilidad de la ciudadanía y la reactivación de las actividades sociales, comerciales, culturales, recreativas y deportivas.

-Aliviar el miedo que tiene semiparalizada la ciudad de Culiacán con información objetiva, útil y oportuna, complementada con una estrategia de salud pública dirigida al bienestar socioemocional de la población.

La comitiva de sinaloense expuso la compleja situación que se ha vivido en el primer mes de inestabilidad causada por la violencia en el centro y sur del estado, desde los 192 homicidios dolosos, 224 desapariciones forzadas y 200 familias desplazadas en el su de la entidad, hasta los mil 500 negocios con horarios recortados, los 180 establecimientos cerrados definitivamente y la pérdida de casi 2 mil empleos formales en septiembre.

“El tema económico no aguanta más”, expresó Guzmán Torróntegui, “porque no tenemos el circulante necesario para poder afrontar los compromisos con empleados, con la banca y, sobre todo, con instituciones fiscales.

“Tenemos hambre de resolver el tema económico porque, si no, va a desatar una violencia civil mucho más contundente”.

Además de las acciones inmediatas para evitar el colapso, la comitiva también exigió al Gobierno de México que convoque a un debate serio y profesional con el fin de definir las políticas públicas encaminadas a la reducción del crimen organizado a su mínima expresión y construir la paz duradera.

“Queremos un gobierno que escuche, que dialogue y que comprenda que la verdadera transformación de nuestra sociedad depende de su capacidad de trabajar de la mano con los ciudadanos”, expuso Calderón Quevedo.

Loza Ochoa expresó que los problemas sociales causados por el crimen organizado merecen atención a las causas, como define el Gobierno de México, sin embargo se tiene que trabajar de manera más profunda, no sólo con becas.

“No va a ser con policías y concebir el problema como policías, ladrones o el Ejército contra la gente mala como vamos a resolver el problema. Eso nos puede ayudar y nos puede ayudar como nos está ayudando actualmente. Pero faltan otras cosas en las cual hay que involucrarnos también, incluida la sociedad civil”, dijo.