Buscó amparo Secretario de Finanzas de la UAS para no ser investigado; juez se lo niega
Salvador Pérez Martínez había solicitado la protección de la justicia federal para no ser investigado por la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica
Un juzgado de distrito con sede en Culiacán negó otorgar un amparo a favor del Secretario de Administración y Finanzas de la UAS, Salvador Pérez Martínez, con el que buscaba evitar ser investigado por la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía General de Sinaloa.
Sin embargo, el Juzgado Segundo de Distrito del Poder Judicial de la Federación, con sede en Culiacán, consideró procedente negar la medida cautelar solicitada por la parte quejosa.
El juez José Leónides Miguel Santos Cortés explicó en la resolución que los requisitos legales para poder otorgar una suspensión es que lo solicite el quejoso y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
“Se estima que de concederse la medida cautelar, se afectarían el interés social y disposiciones de orden público, pues se trata de una investigación por el delito de desempeño irregular de la función pública, por lo que se entorpecería la investigación correspondiente”, explicó.
“De ahí que deba negarse la medida cautelar solicitada”, argumentó.
En el recurso jurídico que presentó ante la autoridad judicial, juicio de amparo 679/2023, el también presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública de la UAS argumenta que la UIPE inició investigaciones sobre su situación patrimonial antes de que se interpusieran las denuncias en su contra por desempeño irregular de la función pública.
Y pone como ejemplo las menciones que hizo el Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya en una de las conferencias semaneras, que habló sobre las investigaciones que se han hecho contra algunos funcionarios universitarios.
Y mencionó además que tuvo información de las denuncias en su contra por lo publicado en algunos sitios de noticias de la entidad.
En su argumentación, considera que las facultades de la UIPE para hacer la investigación patrimonial violentan diversos preceptos constitucionales y sus derechos humanos.