Bajo competencia simulada, Echeverría contrató a su socio
"Ernesto Echeverría Aispuro firmó 25 contratos de obra pública a favor de una red de empresas que posee su socio Javier Salido, empresario que lo impulsó al cargo de Secretario de Salud en el Gobierno de Mario López Valdez"
Gabriela Soto / Heriberto Giusti
SEGUNDA DE DOS PARTES
Los fondos federales presupuestados para invertir en infraestructura y servicios de salud quedaron en los bolsillos del socio de Ernesto Echeverría Aispuro, a través de competencias simuladas en las contrataciones.
El ex Secretario de Salud regresó a Luis Javier Salido Artola, empresario de los ramos de la construcción y bienes raíces, salud, educación, medios de comunicación y publicidad, el favor que le hizo en 2011: llevarlo al poder como una cuota en el Gabinete que integró el ex Gobernador Mario López Valdez.
El médico asignó 25 contratos de obra pública soportados en los recursos de los Servicios de Salud de Sinaloa a una red de empresas relacionadas con su socio y la familia Salido Artola.
Las diferentes contrataciones sumaron 46 millones 225 mil 807 pesos a favor de cinco sociedades mercantiles: Santa Justa; Prefabricados Santa Justa; Advanti; Construcciones y Arquitectura Kasta y Constructora Mansanart.
Las tres últimas, más Grupo Sanart del Pacífico, son empresas fachada relacionadas entre sí, cuyos domicilios fiscales no figuran en las contrataciones ni en algún sitio web. Solamente se consignan las direcciones de los representantes legales.
Estas sociedades mercantiles simularon competir entre ellas en ocho concursos de obra pública, 6 por invitación a tres personas y 2 licitaciones públicas, que convocaron los Servicios de Salud.
Y se quedaron con los ocho contratos que sumaron 29 millones 258 mil 762 pesos.
Noroeste accedió a los contratos por medio de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Además, obtuvo, entre otras, las escrituras públicas 22146, 14129, 25990, 12183, 5334 y 5855, relacionadas a las empresas que se citan, en consultas en el Registro Público de la Propiedad y el Archivo General de Notarías. También se obtuvieron los fallos de los concursos públicos en el sitio oficial de la Función Pública, Compranet.
Se intentó localizar a Echeverría Aispuro por medio de distintos números telefónicos, pero no se tuvo éxito. También se insistió con una solicitud de entrevista al actual Secretario de Salud, Alfredo Román Messina, pero rechazó todas las peticiones.
La simulación
Para participar en los concursos de contratación de obra de los Servicios de Salud, Javier Salido simuló que sus empresas competían con la de otros empresarios para obtener los contratos.
En cinco de ocho concursos que Noroeste documentó, el mochitense eligió dos o tres empresas suyas o vinculadas con él para que compitieran en los procesos de contratación, de principio a fin, desde la convocatoria, las juntas de aclaraciones, la entrega de propuesta económica, así como en la apertura y el fallo, como pudo acreditarse en el sitio oficial de Compranet.
Así fue la operación. Cada una de las empresas presentó una propuesta económica distinta con el propósito de ganar el contrato. Y luego, la Subdirección de Obras, entonces a cargo de Jesús Ricardo Solórzano Barrón, eligió la que presentó el precio más bajo: en todos los casos era una empresa relacionada con Javier Salido.
Días después, Echeverría Aispuro firmó los contratos con los representantes legales de las empresas de Salido, quien fue su socio en los negocios del rubro de salud, como Mi Salud y Herramientas Médicas, a la que otorgó dos contratos sin licitar y una ampliación de contrato por 41 millones de pesos en la última parte de su gestión como Secretario de Salud y director de Servicios de Salud de Sinaloa.
En los otros dos procesos de contratación restantes, Javier Salido compitió con dos empresas suyas o ligadas a él, mientras que el resto de los concursantes lo hicieron sólo con una. Al final se quedó con los dos contratos.
Los ocho contratos se repartieron así: uno fue entregado a Santa Justa; cuatro a Prefabricados Santa Justa (SSS-SO-LP-003-16; SSS-SO-LP-001-16; SSS-SO-INV-019-15; SSS-SO-INV-009-15); uno a Constructora y Arquitectura Kasta; uno a Advanti; y otro más a Constructora Mansanart.
Esta fue la operación que usaron las constructoras para repartirse los contratos:
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De las cinco empresas constructoras que compitieron entre sí, el porcentaje de accionistas y representantes legales que comparten es elevado.
Son 11 personas que fungen como socios, pero cinco repiten en dos o más sociedades mercantiles de la red, lo que representa el 46 por ciento del total.
Además, de las 25 personas que son representantes legales, 12 de ellas aparecen en dos o más empresas. Lo que equivale al 48 por ciento del total.
Empresas fachada
En este esquema de competencia simulada, el dueño de El Debate y socio de Echeverría utilizó empresas fachada para obtener los contratos de obra pública.
Reactivó una empresa constructora que poseía: Advanti, que fue creada en 1997. Otra más ligada a él también recobró operaciones: Construcciones y Arquitectura Kasta fundada en 2009.
Advanti
Construcciones y Arquitectura Kasta
Luego de colocar a Echeverría Aispuro como su cuota en el Gabinete, Javier Salido, junto con su padre Ildefonso, su madre María del Pilar Artola Sada y su hermana María Pilar Salido Artola, fundaron Prefabricados Santa Justa el 6 de abril de 2011. Lo que es la secuela de Santa Justa que fue creada en 2004, la constructora de esta red más conocida en Sinaloa.
Santa Justa
Prefabricados Santa Justa
Pero estas constructoras no fueron suficientes. En la recta final del Gobierno de Mario López Valdez, se fundaron dos más que buscaron conseguir contratos del sistema de salud.
El 26 de enero de 2015 se instituyó la Constructora Mansanart y, más tarde, el 22 de abril de 2016, se registró Grupo Sanart del Pacífico.
Constructora Mansanart
Grupo Sanart del Pacífico
El socio y representante legal de estas dos sociedades mercantiles es su primo Manuel Sánchez Artola, quien es hijo de su tía Guadalupe Artola Sada y de Benito Sánchez Ruido, quien también aparece como socio.
Tiempo antes, el 5 de agosto de 2014, el primo del dueño de El Debate, de 27 años, asumió la representación de Construcciones y Arquitectura Kasta.
Aparte, Mansanart recibió 8 contratos por adjudicación directa, mientras que Kasta obtuvo 2 más. En total sumaron 3 millones 647 mil 530 pesos, con IVA incluido.
Los domicilios de estas empresas son desconocidos, pues no aparecen en las actas constitutivas obtenidas en el Registro Público de la Propiedad, ni en los contratos concedidos por los Servicios de Salud de Sinaloa.
En los contratos, Sánchez Artola sólo reporta un domicilio particular en la colonia Chapultepec.
Dora Elia Rivas Chávez, quien aparece como representante legal de Advanti, pero también lo es de Santa Justa; Prefabricados Santa Justa y Constructora Mansanart, tiene como domicilio fiscal Álvaro Obregón 55 oriente, en el Centro de Los Mochis, en donde se ubican las oficinas de El Debate, empresa de la que actualmente también es representante legal.
Rivas Chávez aparece como representante legal de siete empresas de la familia Salido Artola: Constructora Mansanart; Advanti; Santa Justa; Prefabricados Santa Justa; Sistema Mi Salud; Herramientas Médicas e Intermediaria Médica.
Constructora Mansanart
Advanti
Santa Justa
Prefabricados Santa Justa
Sistema Mi Salud
Herramientas Médicas
Intermediaria Médica
En las empresas de salud que posee la familia Salido Artola, Herramientas Médicas e Intermediaria Médica, Echeverría Aispuro y Rivas Chávez fueron representantes legales en 2008.
Y en 2015 y 2016 firmaron contratos juntos.
En tanto, Ramón Armando Zepeda López, representante legal de Construcciones y Arquitectura Kasta, ofreció el domicilio particular de la calle Código Agrario 469 poniente, en la colonia Jiquilpan, en Los Mochis, en donde se localiza una casa habitación, pero sus vecinos no lo conocen.
De residenciales a infraestructura de salud
Según su sitio web, Santa Justa es una empresa inmobiliaria que nació el 11 de mayo de 2004 que construye complejos residenciales.
“La prueba está en que a la fecha ya llevamos dos proyectos concluidos: el fraccionamiento Los Olivos y la privada residencial Los Pinos y otro más en construcción, La privada residencial Los Sabinos”, se detalla.
En los proyectos que promociona aparecen los residenciales, comerciales, industriales y remodelaciones, pero no las obras enfocadas a salud.
Aun cuando fue creada en abril de 2011, Prefabricados Santa Justa publica que son una empresa con 10 años de experiencia en la construcción en su página web.
Salud, bajo 'la lupa'
Con la renovación de la Gubernatura y el Congreso del Estado, se ha evidenciado “el desgastado” sistema de salud que heredó Malova a Ordaz Coppel.
La administración de la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Sinaloa durante el Gobierno malovista fue desconocido porque la Auditoría Superior del Estado, órgano fiscalizador del Poder Legislativo, dejó de revisar el gasto.
Tampoco lo hizo la extinta Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, que estuvo a cargo del ahora diputado panista Juan Pablo Yamuni Robles y Humberto Alejandro Villasana Falcón.
La única inspección al gasto la hizo la Auditoría Superior de la Federación con dos años de desfase.
El primer “golpe” fue asestado por el Congreso del Estado cuando le suspendió a López Valdez la Cuenta Pública del Gobierno del Estado del primer semestre de 2016.
Después, el 31 de enero, las diferentes fracciones parlamentarias se unieron para aprobar un punto de acuerdo que ordenó a la ASE la revisión de las secretarías que no fueron “tocadas” en el sexenio pasado, entre ella la SS y los SSS.
Sin embargo, el primer dato que reveló “la agonía” del sistema de salud fue entregado en el informe sobre la situación financiera y administrativa en la que se recibió al Gobierno del Estado, presentado por Carlos Ortega Carricarte, Secretario de Administración y Finanzas.
“El sector salud presenta un pasivo de mil 500 millones de pesos”, evidenció el 20 de febrero.
Lo cual encendió los “focos rojos”.
Más tarde, el 6 de marzo, María Guadalupe Yan Rubio, Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, anunció que la Auditoría Superior de la Federación investigaría los fondos federales de salud, como el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y el Seguro Popular.
Con la sospecha de malos manejos en el sistema de salud generado en la opinión pública, Alfredo Román Messina, Secretario de Salud, reveló más deudas, desfalcos y abusos en el sector salud, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado el 25 de abril.
“Les hablo de un pasivo de más de 2 mil millones de pesos, más lo que se acumule. Esto explica en parte el por qué la operación de los servicios de salud, independientemente de una buena administración, seguirá siendo deficitaria si se toma en cuenta el lastre del adeudo que se tiene”, exhibió.
Y también abordó los negocios entre Echeverría Aispuro y Mi Salud.
“Una empresa Mi Salud era dueña de todos los equipos de tomografía y sigue siendo dueña de los hospitales. Las unidades que existían antes de que estaban en buen uso las arrancaron, las embodegaron y pusieron esas. Ahora me encuentro que los contratos están por vencer, pero estamos trabajando y haciendo las gestiones necesarias para ver por qué equipo, ya sea nuestro si no hay presupuesto o de otra empresa que nos dé mejor servicio y mejor cantidad nos pueda surtir ese problema”.
Luego Emma Guadalupe Félix Rivera, titular de la ASE, aseguró trabajan en la auditoría.
“Ampliamos las muestras en los temas de salud y educación, nunca se había auditado en estas áreas recursos como del ramo 33, que representan un recurso enorme que llegan de la federación. Mi tarea está enfocada únicamente en presentarse esos resultados y garantizo que serán muy distintos a lo que se ha visto antes”, prometió.
En este mes, la ASE entregará a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado la primera revisión al gasto del sector salud, luego de que en el Gobierno malovista no fue "tocada".
(Con información de Carlos Bojórquez)
Lee aquí la primera parte de la investigación
