Aprueba el Congreso reestructuración de crédito al Gobierno de Sinaloa
La iniciativa que firmó el Gobernador Rubén Rocha Moya busca diferir el pago de un crédito para financiar otros proyectos
En menos de una semana, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la iniciativa del Gobernador Rubén Rocha Moya en la que solicitaba la reestructuración del crédito que se utilizó para la autopista Benito Juárez, el cual fue firmado con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, hasta por 751 millones 437 mil 373 pesos.
De acuerdo con el dictamen aprobado, el Congreso autorizó al Ejecutivo para que extienda hasta por 18 años más el crédito que fue establecido con Banobras el 12 de septiembre de 1997 y que se empezó a pagar apenas en octubre de 2018.
El Gobierno de Sinaloa explicó que se acaba de renovar la concesión del puente San Miguel y con ello hay el compromiso de invertir en infraestructura 3 mil 286 millones de pesos y por eso la necesidad de reestructurar el crédito de la autopista Benito Juárez.
“¿Cuál es el área de oportunidad? Mejorar tasas, mejorar plazos, mejorar las condiciones y con la reestructura de ese crédito, nos ayudaría a cumplir los compromisos que estamos adquiriendo”, expresó el Secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, la semana pasada.
El monto máximo que aprobó el Congreso del Estado no contempla el fondo necesario para la creación de fondos de reserva, ni los gastos y costos relacionados con la contratación de los financiamientos; tampoco los intereses, accesorios legales y financieros que deriven de los mismos, ni el Impuesto al Valor Agregado.
El dictamen aprobado señala que la fuente de pago será un porcentaje de las participaciones federales presentes y futuras que le corresponden a Sinaloa.
Con lo aprobado, el Gobierno del Estado podrá celebrar un convenio modificatorio para cambiar al Fideicomiso 2063 “Fideicomiso Bis Autopista Benito Juárez” como acreditado y poner en su lugar al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.
Después de este cambio, el Gobierno deberá inscribir los instrumentos jurídicos que complementan la operación en el Registro Estatal de Deuda Pública del Estado de Sinaloa y en el Registro Público Único a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.