Alertan que retraso en selección pone en riesgo Comisión de Anticorrupción

Francisco Javier Lizárraga Valdez, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, exhortó a la Comisión de Selección a designar a las nuevas integrantes del Comité de Participación Ciudadana

El retraso en la asignación de las nuevas integrantes del Comité de Participación Ciudadana puede provocar afectaciones en una parte del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, advirtió Francisco Javier Lizárraga Valdez, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sesea.

“No digamos que pone en riesgo el funcionamiento de todo el sistema, pero sí la parte ciudadana que tiene que ver con el funcionamiento de, por ejemplo, la Comisión Ejecutiva”, expresó.

“De la secretaría que me toca estar a mí al frente pues tiene atribuciones de generar insumos técnicos para que funcione el Comité Coordinador que son donde están todas las instancias que tienen competencia en la materia de combate a la corrupción, las faltas administrativas y toda esa materia”.

Detalló que de no generarse los insumos el Comité Coordinador no puede cumplir con los objetivos que le establece la ley.

“Pero la ley en lo personal a mí no me da atribuciones para entrometerme en el funcionamiento de la comisión seleccionadora”

El pasado 1 de marzo a través de su cuenta de Facebook, la Comisión de Selección dio a conocer el nombre de nueve aspirantes entre las que elegirán a las nuevas integrantes del CPC, sin embargo, no han dado a conocer quiénes pasaron a la etapa de entrevistas públicas individuales, ni los expedientes de cada una.

Lizárraga Valdez exhortó a la Comisión de Selección a designar a las nuevas integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

“Lo más pronto que puedan, los designen para efecto de nosotros entrar en contacto inmediatamente con ellos, ponerlos al tanto de los pendientes, inmediatamente incorporarlos en lo que corresponde a donde son líderes de implementación”, comentó.

“Para atender estrategias y prioridades del programa de implementación de la política estatal anticorrupción”.