¿Y si el modelo de gobierno que pretende imponer Morena estuviera en manos de la Oposición?
Sin demasiadas repercusiones en la opinión pública, el diario norteamericano The Washington Post, publicó esta semana una editorial en la que se denuncia la creciente “invasión” del Ejército Mexicano en la vida civil de nuestro País.
Para muchos defensores de la cuarta transformación, esto es una injerencia del gobierno norteamericano en los asuntos de la nación, sin embargo, olvidan que los periódicos, además de no formar parte de las administraciones públicas, este medio en particular, es reconocido por su postura crítica.
En 2022, por ejemplo, el Post realizó una importante cobertura del asalto al Capitolio que llevaron a cabo simpatizantes de Donald Trump. Aunque quizá el episodio más conocido en la historia de este periódico, es la investigación en torno al escándalo Watergate, que hizo renunciar al presidente Richard Nixon en el año de 1974.
Como sea, los hechos que en esta ocasión se publican en relación a México son inobjetables: bajo la administración del Presidente López Obrador, 15 empresas estatales fueron cedidas al control militar. De manera creciente, la Sedena y la Marina realizan trabajos que son responsabilidad directa de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
La militarización de la función pública es muy grave porque conlleva la centralización del poder, y el desplazamiento de los gobiernos estatales y municipales electos de manera democrática. Pero además de eso, otro de los problemas con la encomienda militar de tareas civiles, es que el Ejército en México se favorece con un régimen especial de contratación de bienes y servicios que le permite reservar información de sus gastos.
Es decir, que mientras otras dependencias de Gobierno son objeto de un amplio control presupuestario, que incluye licitaciones abiertas, concursos públicos para elegir proveedores, transparencia en compras y auditorías para asegurar el correcto uso de recursos; el Ejército, por el contrario, puede pasar por alto todas esas medidas, por cuestiones de seguridad nacional.
Bajo esas prácticas, la Sedena manejó el presupuesto público para construir y operar el Aeropuerto Internacional Felipe Àngeles; el Aeropuerto de Tulum, en Quintana Roo; la Aerolínea Mexicana de aviación; y el Tren Maya, mediante el grupo Aeroportuario Olmeca-Maya-Mexica, paraestatal del Ejército que además será beneficiaria de todo lo recaudado por impuestos al turismo. Mientras que a la Marina, por su parte, se le encomendó el manejo de puertos, aduanas, así como la gestión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Hasta diciembre de 2023, en conjunto los militares habían participado en 2 mil 823 obras públicas, y maneja un presupuesto equivalente a 20 mil millones de dólares. Para dimensionar el poder económico que ha absorbido el Ejército en todos estos años, basta con decir que si los militares fueran una empresa, sus activos los llevarían a colocarse como la tercera corporación más rica del País.
La confianza que el Presidente López Obrador tiene en los militares se basa en la creencia irracional de que el Ejército Mexicano es una institución incorruptible. Y en el mismo sentido, la confianza que la población le otorga al Presidente, para que este le delegue funciones al Ejército, se basa en la misma idea poco confiable de que López Obrador también es incorruptible, casi como si fuera un santo.
Lo más preocupante de todo es que la cadena sigue y sigue, como la historia del ciego que guía a otro ciego, y ahora es Morena, como partido, quien se beneficia de la beatificación que la sociedad le hace a la cuarta transformación.
Pero, qué pasaría si no fuera Morena la facción política que estuviera militarizando la función pública y debilitando las instituciones de control que en los últimos años se han erigido en México.
Qué pasaría si el PRI se atreviera a sugerir la desaparición de organismos autónomos que promueven la transparencia y la imparcialidad en las elecciones; que dirían si el PAN se manifestara a favor de la prisión preventiva oficiosa, y si en conjunto ambos partidos apoyaran modificar la Constitución para subordinar el Poder Judicial a los caprichos del Ejecutivo
Qué les parecería a los de Morena si todas estas facultades extraordinarias les sirvieran, no a ellos, si no a la Oposición cuando les toque el turno de gobernar.
Cuánto tiempo tardarían en tacharlos de fascistas.
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jorge.ibarram@uas.edu.mx