Urgentes las renovables… pero con justicia social

Alejandro Calvillo
23 mayo 2020

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@elpoderdelc

SinEmbargo.MX

 

La pandemia, con todas sus brutales e inéditas consecuencias civilizatorias, no nos permite ver la sindemia que viene agudizándose con el cambio climático con efectos catastróficos, mucho mayores. Y así como hay una clara causa de la pandemia, el Covid-19, el cambio climático tiene como causa central la quema de combustibles fósiles.

Las consecuencias del cambio climático serán cada vez más graves para nosotros, para las naciones llamadas “en desarrollo”, por nuestra alta vulnerabilidad. De ahí que sean nuestras naciones las que deben exigir con mayor demencia los acuerdos internacionales para reducir las emisiones de gases invernaderos y el cumplimiento de estos para combatir el cambio climático. Si el Gobierno mexicano está jugando un papel importante en Naciones Unidas para que los recursos para combatir la pandemia sean equitativos para todas las naciones, combatiendo el acaparamiento, lo mismo debería hacer frente al cambio climático, tomar una voz de liderazgo frente a esa sindemia, mucho mayor que la pandemia.

Mientras los poderes económicos globales, apoderados de las estructuras políticas, venían debilitando a los gobiernos y la gobernanza de las Naciones Unidas, la realidad del cambio climático exigía, de forma desesperada, una reacción concertada global. La comunidad científica internacional, algunos gobiernos y las nuevas generaciones llamaban a gritos por una acción global concertada para enfrentar el cambio climático, para evitar que éste llegara a una situación irreversible, que cruzara un umbral de no retorno.

En este escenario, la pandemia llegó de golpe, para evidenciar que la debilidad de los gobiernos y de las Naciones Unidas, provocada por el poder de las grandes corporaciones y su ideología neoliberal, impide responder ante un virus que pone en riesgo a la humanidad. La pandemia evidencia las profundas desigualdades de este sistema, sus profundas injusticias, la devastación del planeta, la incapacidad de dar una respuesta concertada y racional a una emergencia sanitaria. Se revela así más claramente como este sistema de mercado ha entregado el poder a las corporaciones, aniquilando la democracia.

Para enfrentar la sindemia y a su corazón, el cambio climático, es urgente, como una de las acciones centrales, la transición energética, el desarrollo de las energías renovables, pero bajo un papel rector del Estado, con justicia social y plena transparencia. La energía eólica, extendida por amplios territorios, puede ser generadora de recursos para el desarrollo de las comunidades, de los propietarios de las tierras, de los municipios. No requiere de combustibles, ni empresas pueden embargar el viento. Puede desarrollarse de manera paralela a otras actividades productivas. Lo anterior sucede ya en granjas eólicas desde Dinamarca hasta Argentina, en diversas naciones. La experiencia regional con las termoeléctricas es todo lo contrario.

La energía eólica es ya más barata que la proveniente de hidrocarburos, y en un esquema de transmisión y distribución, da perfectamente seguridad de abastecimiento, como está demostrado en muchos países. El problema en México está en la forma en que estos proyectos se han desarrollado, sin consultas plenas a las comunidades, sin transparencia, con pagos mínimos por la renta, con beneficios raquíticos a los municipios. De esto dan cuenta diversos proyectos en la región del Istmo de Tehuantepec, donde los conflictos sociales han sido constantes, por la poca transparencia en los contratos y el aprovechamiento que las empresas han hecho de las condiciones de pobreza de las comunidades. Diversas empresas sacaron provecho de la falta de regulaciones y transparencia para aprovecharse de los propietarios de la tierra y las comunidades gracias a gobiernos extremadamente corruptos. Pero, esto puede y debe ser diferente.

La transparencia y acceso público a los contratos con las empresas, ya sean del Estado o privadas, la consulta previa con las comunidades, el pago justo de las rentas a los propietarios de la tierra y el pago suficiente de impuestos a los municipios, así como el porcentaje correspondiente de las ganancias para la región, da a la energía eólica un potencial enorme para el desarrollo comunitario.

México se encuentra en una región privilegiada para el desarrollo de la energía solar y eólica, su potencial es enorme y perdió decenios la Comisión Federal de Electricidad al no invertir en el desarrollo de estas tecnologías. Desde hace más de 25 años demandamos a la CFE invertir en energías renovables y no lo hizo, perdiendo la oportunidad de convertirse en líder regional en el desarrollo de esta tecnología, que ahora podría estar exportando.

Con una política reguladora transparente y justa, con contratos públicos, con adecuados beneficios para los propietarios de las tierras y los municipios, las energías renovables deben seguir adelante, sumándose la participación de la CFE en nuevos proyectos, incorporando proveedores nacionales. El costo de estas energías es menor, son energías que pueden traer beneficios a las comunidades, son fuente de muchos más empleos que la generación de electricidad por energías fósiles, no dependen de combustibles, no tienen los graves impactos locales de las termoeléctricas, y contribuyen a los compromisos del gobierno mexicano de combate al Cambio Climático. Esto permitiría tener un papel trascendente al Gobierno mexicano en la demanda internacional de acción concertada contra la mayor amenaza que enfrenta la humanidad.

Deben reformarse los contratos con las comunidades, hacerse públicos, deben incorporarse a las comunidades como beneficiarios reales y socios de los proyectos de energías renovables. Y deben impulsarse esquemas de descentralización de la energía, que han sido propuestos, como el proyecto del “Bono Solar”, que establece los mecanismos financieros para que los subsidios actuales a la energía eléctrica se conviertan en inversiones para que las familias más pobres, en un periodo de 15 a 20 años, terminen todas teniendo su propia generación solar de energía y puedan, incluso, vender sus excedentes a la red. Una descentralización de la generación de energía que establece la justicia social en su forma más profunda y justa.

De la pandemia y la sindemia sólo saldremos mirando al futuro, con justicia social y transparencia, haciendo prevalecer el bien común. Hay lugar para los privados, pero siempre y cuando sirvan a ese interés, a ese bien común.