Un viernes de pesadilla para la familia
Rompe el narco sus códigos de honor
Después del Culiacanazo del 5 de enero de 2023, la del viernes de la semana pasada es sin duda la segunda crisis de la seguridad pública que le toca enfrentar al Gobernador Rubén Rocha Moya, con la agravante de que esta vez el secuestro de familias enteras, con 66 personas privadas de su libertad por civiles armados según reconoció finalmente el Mandatario, sucede en medio de una campaña electoral donde partidos y candidatos intentaron obtener raja política de la situación que puso en peligro la vida de mujeres, niños y adultos mayores.
Así, a botepronto porque ayer continuaba en Culiacán la acción criminal que tuvo el epicentro en el enfrentamiento entre células del Cártel de Sinaloa registrado la madrugada del jueves en las cercanías de San José del Llano, Badiraguato, existen dos razonamientos aunque emanen al fragor de batallas aún no concluidas: uno, los altibajos de la paz pública no los está determinando el gobierno sino las fluctuaciones de la pax narca y, dos, no hay ningún político, ni los que están en el poder o los que andan en campaña pretendiendo cargos públicos, que tengan la solución de la violencia que padecemos los sinaloenses.
La diferencia es que el narcotráfico reinventa los modos para mantener a la gente atada al terror y las autoridades federales, estatales y municipales continúan con las viejas formas de contención del delito que son el despliegue de fuerza pública, ver como pequeños problemas de inseguridad que en los hechos son colosales, y acudir a la desinformación en momentos en que el conocimiento de la realidad es cuestión de vida o muerte para los ciudadanos.
Otra vez las lecciones a aprender por los gobernantes en funciones, o los políticos demagogos que dicen contar con la fórmula mágica para garantizarle tranquilidad a la gente. La enseñanza cardinal reitera que para hacerle frente a episodios delictivos de alto impacto es fundamental reconocer la autenticidad de los sucesos y contar en las instituciones de seguridad pública con funcionarios y estrategias ajustadas a tal realidad.
Es inconcebible que mientras en el cuartel Culiacán del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4i) no se daban abasto para atender reportes de familias sustraídas de sus casas por sicarios del narco, al Gobernador se le estuviera confirmando de solamente 15 personas víctimas, y por la noche oficializara lo que los medios habían dado a conocer, con más de 40 culiacanenses cautivos hasta que la cifra se elevó a 66 por la noche.
Desde que empezaron los hechos en la madrugada, hasta cerca del mediodía, reinó la confusión por la ausencia de la versión oficial realista. En escuelas, centros de trabajo, hogares y la vía pública la incertidumbre hizo mancuerna con el mutismo gubernamental para propagar el miedo por los episodios violentos que empezaron temprano y sí ameritaban suspender actividades laborales y educativas al desconocerse el posterior comportamiento de la maniobra criminal contra familias.
Sí fue acertada la decisión de solicitar el envío a Sinaloa de militares especializados debido a que se atentó contra niñas y niños en la acción de los jefes del narco para obligar a que se entregaran pistoleros de la facción contraria que asesinó con saña a tres gatilleros en Badiraguato, lo cual hizo urgente que los maleantes se sintieran perseguidos por grupos élite del Ejército Mexicano, aparte del cerco policiaco-militar que ya se tendía en torno a ellos. Llegaran o no a Culiacán los comandos de alta reacción, en cualquier estrategia de atención a situaciones que rozan el terrorismo lo primero es meterles miedo a los agresores. Y hayan soltado los sicarios a los cautivos o fueran rescatados por la fuerza pública, de alguna manera contribuyó la rápida intervención gubernamental a tener el buen resultado reportado ayer de 58 víctimas ilesas.
También es verdad que al Secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, no se le vio a la cabeza de los operativos extraordinarios, como sí tomó el control del Culiacanazo 2.0 el entonces titular de la dependencia, Cristóbal Castañeda, pero debe conocerse cómo se desempeñó en esta prueba de fuego para evaluar si estuvo o no a la altura de la circunstancia porque deben esperarse respuestas eficaces de alguien que fue Comandante en la 44 Zona Militar en Miahuatlán, Oaxaca, y la 21 Zona Militar en Morelia, Michoacán, y Agregado Militar en la embajada de México en Chile.
¿Quién le aconsejó a Rocha no hablar del número total de reportes y familias privadas de su libertad de las que ya tenía conocimiento en los informes de C4i? ¿Por qué no se les ocurrió que el Gobernador saliera a dar un mensaje a los sinaloenses con datos reales y declaraciones controladas, en lugar de hacer valoraciones en entrevistas banqueteras que meten al jefe del Ejecutivo Estatal en bretes donde los políticos en campaña le dan sesgos proselitistas a lo expuesto? ¿Se procederá a revisar y ajustar a la autenticidad el programa de seguridad pública para Sinaloa?
En los siguientes días vendrán interrogantes en efecto cascada que debieran recibir respuestas al menos las que formulan ciudadanos preocupados por lo que está sucediendo en Culiacán, y no las de candidatos y partidos que calculan beneficios políticos acongojados sólo por lo que pasa en encuestas que los marginan en la intención del voto.
Reverso
Había narcos en estas tierras,
Que pactaban en sus menesteres,
Proteger de sus violentas guerras,
A ancianos, niños y mujeres.
Protagonismo imprudente
Todavía era incierto el desenlace de las familias secuestradas por el crimen y emergió en la incertidumbre el vicepresidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados, Julio Sergio Alvarado, con dos expresiones temerarias: “el Gobernador pudo haber negociado con el crimen organizado para poder liberar a las personas privadas de su libertad” y “cogobiernan el crimen organizado y el Gobierno”. Bonita manera de treparse a una burbuja de terror, para intentar reventarla.
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