Un tragicómico juicio para ‘El Químico’
Justicia postergada es justicia denegada

¿Debemos divertirnos o preocuparnos los sinaloenses porque el juicio que se le sigue a Luis Guillermo Benítez Torres, por posible desempeño irregular de la función pública, parece ser una parodia de los caricaturescos Rudecindo y Tres Patines en la comedia cubana La Tremenda Corte? La respuesta no debiera resultar tan trivial como la pregunta porque en caso de no acongojarnos iríamos a otra traslación espontánea donde un asunto de elemental justicia acabaría resolviéndose en el ámbito de la guasa popular, siendo a veces más efectiva sentencia la risa que el mazo de los jueces.

Llama la atención el hecho de que el proceso judicial instaurado contra el ex Alcalde de Mazatlán se haya estancado en aplazamientos recurrentes solicitados por la defensa de “El Químico” con la evidente táctica dilatoria. Volvió a ocurrir el miércoles cuando la audiencia inicial para formularle cargos se pospuso al 1 de junio debido a que el abogado de uno de los inculpados alegó repentinos problemas de salud.

No hay para cuando se emitan las correspondientes resoluciones respecto a carpetas de investigación que la Fiscalía General del Estado presenta sobre el contrato oscuro y caro que se le otorgó a la empresa Azteca Lighting el 2 de marzo de 2022, como proveedora de 2 mil 139 lámparas led con un costo de 400 millones 864 mil 204.47 pesos, así como la compra de vehículos y motocicletas con dinero del Ayuntamiento de Mazatlán para regalarlos en el festejo del Día de las Madres del 2022.

Además, se trata del Presidente Municipal de Mazatlán que más denuncias acumula en instancias de persecución del delito, órganos de auditoría y transparencia, y comisiones de derechos humanos. Quienes lo antecedieron en el cargo, que arrastran también un cúmulo de contravenciones a la ley de desempeño del servicio público, parecen blancas palomas en comparación con “El Químico”.

Existen dos modelos de sujeción al marco jurídico para probables delincuentes, presuntos inocentes es el término correcto. Uno que transita ágil cuando personas comunes o corrientes cursan alguna causa penal aplicándoseles el código punitivo al pie de la letra; el otro, pesado por los lastres de influyentismos y fueros que simulan la mano dura contra funcionarios delincuentes, actúa con la parsimonia del cura que exonera de pecados a todos los feligreses. En éste flota a placer “El Químico” al menos por hoy, quien sabe si mañana.

Es totalmente previsible que los asesores jurídicos de Benítez Torres y coacusados intenten otras marrullerías para diferir la definición de culpas y castigos en contra de sus clientes. Quizá la ponchadura de las llantas del vehículo en que se trasladen al juzgado, la muerte de la mascota familiar, lluvia torrencial en plena sequía o inconformarse porque el juez no les ofrece café y bocadillos. Les quedarán cortos los alegatos de Nananina y Rudecindo, otros personajes cómicos geniales creados por Cástor Vispo.

Por lo pronto, en lo que corresponde a la sociedad mazatleca como agraviada directa, el aparato judicial está a ras del incumplimiento de lo establecido en el Artículo 17 constitucional en el sentido de que “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”. Provocada por la parte acusada o bien permitida por el juzgador, la ralentización de la acción judicial es un hecho.

Resulta lamentable que una vez que son pillados en actos ilegales los servidores públicos se presenten como víctimas y hasta acudan a la ayuda celestial en busca del perdón. Alegan tener la conciencia tranquila y las manos limpias, en incongruencia con la mentalidad mostrada al detentar el poder, de soberbia frente a los ciudadanos que les exigieron ser honestos y transparentes y mandando al diablo a las instituciones que hoy los sienta en el banquillo de los acusados.

La fuerza del Estado de derecho habrá de imponerse, de manera tardía pero segura. De no ocurrir así, el veredicto popular se ha anticipado y entre la ironía y la esperanza de que el marco jurídico funcione prevalece el tribunal del pueblo con la suave sentencia del desahucio moral para los defraudadores. Tal vez desesperamos acelerados por la indignación y exigimos demasiado al querer a fiscalías y jueces tan vertiginosos como la furia cívica.

Y todo sin el ánimo de hacer leña del árbol caído. Sencillamente para que el andamiaje judicial le otorgue a cada quien lo que le corresponde y que cualquier persona, al margen del tamaño del poder que ejerza, proteccionismo proveído desde el gobierno, o monedas que inclinan la balanza de la justicia, pague consecuencias en simetría con el delito que cometa. Así nomás.

La justicia es cosa de risa,

Por el tartamudeo de la ley,

Que hace hasta al más pillo rey,

Y a la impunidad premisa.

Aunque no se logró la vinculación a proceso, sí representa un avance importante para las víctimas y sus familias el hecho de que un Juez de Control y Enjuiciamiento le impida al supuesto médico Hernán Lizárraga continuar realizando cirugías bariátricas, después de la extensa lista de personas que presuntamente ha dañado de por vida o les ha causado la muerte. Entre varias denuncias que serán llevados a los tribunales contra el mismo acusado, falta el caso de Magnolia Morales que se ha convertido en emblema de la lucha por justicia debido al prolongado sufrimiento que derivó en el deceso de la joven influencer. Que se le aplique la ley dura e ineludible al falso “especialista” que aún viendo los estragos de sus negligencias siguió jugando con la vida de otras personas.