Tumba Estrada los pilares que lo sostienen. ¿Ya hartó a Rocha Moya y López Obrador?
Aparte de las causales para enfrentar el juicio político que lo destituya del cargo, a Jesús Estrada Ferreiro se le acumulan las animosidades en los gobiernos federal y estatal que debilitan el respaldo que le pudieran dar el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador Rubén Rocha Moya para que transite por el segundo trienio como Alcalde de Culiacán, sin que sus ínfulas, testarudeces y tonterías se traduzcan en daños para los ciudadanos. ¿Vale la pena el ultimátum a mostrar lucidez hecho a quien sólo ofrece estulticia?
Ayer, en continuidad de un ejercicio inútil que pretende que el sordo escuche, el tema Estrada Ferreiro se llevó una buena parte de la conferencia de prensa semanera del Gobernador Rubén Rocha Moya, con reclamos y regaños que para las audiencias son otras pequeñas claraboyas por las cuales puedan sacar al Alcalde del edificio del Ayuntamiento y evitarle daños mayores a Culiacán. Por donde puede, inclusive por los tragaluces mismos del Palacio Municipal, la gente mete las manos tratando de adelantar el desalojo.
Sorprendió el hecho de que Rocha Moya retirara la oferta de reponerle a Estrada aquellos recursos públicos que el gobierno de Culiacán dejaría de captar al aplicarles descuentos en el pago del impuesto predial y tarifas de agua potable a la población en estado de vulnerabilidad. El mismo Alcalde rechazó el apoyo y nomás así, por seguir firme en la rebeldía a las leyes que establecen tales beneficios, le dio nuevos alientos a activistas que organizan a la sociedad civil para que le solicite al Congreso que inicie el procedimiento de deposición del munícipe.
El Gobernador indujo el derecho de los culiacanenses a acudir ante el Congreso del Estado para que haga valer la norma que el propio Legislativo aprobó. “El beneficio para los ciudadanos vulnerables está en la ley, deben recibirlo y si no acudan y demanden lo que deban demandar para hacer que se cumpla la ley aprobada”, les dijo al condenar “conductas atrabiliarias contra los segmentos sociales que más necesitan el apoyo del gobierno”.
En el caso del adeudo por el no pago de pensiones a familias de policías fallecidos, el Mandatario estatal se comprometió a que en cuanto firme Estrada Ferreiro el acuerdo correspondiente empezará a pagar 20 millones de pesos en el caso de beneficiarios de Culiacán y 3 millones de pesos para los de Navolato. Aquí le dio otra amonestación al Alcalde conminándolo a que “deje de acumular problemas tras problemas” y “más que amacharnos nos dispongamos a resolverlos”. Pero en la tarde sucedió lo que se temía: el Presidente Municipal le rechazó el convenio a Rocha.
De proseguir en la actitud, “que no me parece correcta ni justa”, de incumplir con los mandatos de ley dé al sentido social, Rocha le recordó a Estrada que “incurrimos en una responsabilidad: desacato de lo dispuesto por la ley”. Ojo en esta advertencia donde el Gobernador se ve orillado a precisar que un acto de desobediencia al precepto legal puede desencadenar la pérdida de legitimidad para gobernar.
Lo más interesante es que a López Obrador ya lo cansó la intransigencia de Estrada Ferreiro al convertir la atención a los más pobres en motivo de la holgazanería política que evidencia la ineptitud para gobernar. A cualquiera se le entrampan las palancas en Palacio Nacional cuando al principal inquilino le llega la información de que alguien va contra los programas insignias de la Cuarta Transformación. La negativa de Estrada a pagarles las pensiones a las viudas de policías caídos en el cumplimiento del deber y respetarles el descuento en el consumo de agua potable a jubilados y discapacitados equivale a ir a gritarle al Presidente en plena mañanera que se vayan al diablo sus programas sociales.
Mientras tanto, aquí, en el territorio de los tres ríos, el Alcalde incentiva con necedades que un grupo de activistas sociales recopilen firmas para que a través de la figura del plebiscito los culiacanenses se manifiesten contra actos del Presidente Municipal que afectan a la comunidad, y que en el Congreso del Estado no quepan en todos sus muros las frases ofensivas que el Alcalde ha lanzado al colocarse en posición de desacato al Poder Legislativo.
¿Se le acabaron a Estrada Ferreiro los salvoconductos políticos expedidos en la residencia oficial contigua a la Plaza de la Constitución? Por más que el abogado que desempeña funciones de gobierno debido a dos accidentes comiciales acepte que es muy torpe para comunicar, ni lo es tanto como para no darse cuenta de la dificultad que se le avecina y que podría sacarlo del equipo de la 4T en Sinaloa. Tampoco es tan tonto como para comer lumbre.
El problema está en la consabida tregua que ofrecerá en medio de su falta de coherencia entre lo que dice y lo que legítimamente le corresponde hacer, pero esa pausa la utilizará sólo en recobrar fuerzas para retomar enseguida su naturaleza intrínseca donde desconecta la habladuría del raciocinio y con esa saliva corrosiva reblandece los pilares de institucionalidad y legalidad que le significarán tarde o temprano la caída definitiva.
¿Estará escuchando Estrada
Cómo anuncia el campanario,
La despedida anticipada,
De un gobierno atrabiliario?
Si por violaciones a la ley fuera juzgado algún Alcalde en Sinaloa, sin duda alguna el primero en estar frente al cadalso político sería Luis Guillermo Benítez Torres, quien acumula en Mazatlán una lista de al menos 25 delitos plasmados en expedientes de comisiones de derechos humanos, oficina del Síndico Procurador, Tribunal Estatal Electoral, Auditoría Superior del Estado, instancias de defensa de la libertad de expresión, y órganos de la sociedad civil que promueven la transparencia. Pero sus balsas de impunidad siguen a flote.