Tortura en México: una práctica que persiste

Este 26 de junio se conmemora el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura para visibilizar que esta grave violación a los derechos humanos persiste en nuestro país ―pese a que la retórica en esta administración afirmara lo contrario― y que tiene consecuencias devastadoras en la vida de las personas, en sus familias y en su entorno social.

En el marco de esta fecha, hacemos un breve recuento de los avances y desafíos que tiene el Estado para erradicar esta práctica.

Si bien, desde 1997, la Asamblea General de la ONU proclamó el “Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las Víctimas de la Tortura”, tuvieron que pasar 20 años para que en México se publicara, en 2017, la Ley General contra la Tortura.

Esto fue una exigencia y un logro de las personas sobrevivientes, sus familias y de la sociedad civil organizada. Sin embargo, a siete años de su publicación diversas medidas y mecanismos indispensables para erradicarla continúan sin implementarse adecuadamente.

Uno de esos mecanismos es el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, el cual, hasta el momento, no ha sido aprobado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Otro ejemplo es el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), el cual continúa incompleto y sin funcionar adecuadamente, como lo demuestra información estadística que se publicó en abril de este año en su página web, de la que se advierte que Veracruz, Puebla, Guerrero, Baja California Sur y Durango no remitieron información entre los años 2018 a 2023. Además, esa información no está siendo utilizada por las fiscalías especializadas para la elaboración de análisis de contexto y de patrones sistemáticos de la comisión del delito.

En cuanto a la persecución del delito de tortura, de acuerdo a una solicitud de información, solo a nivel federal se reportan 1,309 carpetas de investigación iniciadas del periodo de 1 de enero de 2017 al 24 de abril de este año, de las cuales sólo 16 han sido judicializadas.

Un indicador más de que nuestro problema de impunidad es más de fiscalías que de juzgados, mismas que ni siquiera son tocadas por la reforma judicial que hoy se discute.

La impunidad se refleja tanto en investigaciones a nivel local como en casos en los que existe una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es el caso de Mujeres de Atenco o el de Campesinos Ecologistas.

El Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual contra Mujeres, a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de Víctimas (Conavim) CONAVIM sólo ha sesionado en una ocasión y sigue sin ser una instancia sólida para que los casos de mujeres sobrevivientes sean revisados.

Esto, a pesar de los alarmantes datos arrojados por el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual contra Mujeres, en el que el el 79.3% de las mujeres entrevistadas señalaron haber vivido tortura; el 32.19% refirió explícitamente haber sufrido tortura sexual, mientras que un 11.64% se presume por sus narraciones que vivieron actos de tortura sexual sin haberla reconocido como tal, es decir, el 43.82% de las mujeres que fueron sometidas a actos de tortura, fueron con connotaciones de naturaleza sexual.

Otras iniciativas que tampoco han logrado operar con regularidad, es el Acuerdo de Excarcelaciones, publicado en agosto de 2021, el cual se presentó como una alternativa para las personas que estuvieran sentenciadas o en prisión preventiva oficiosa derivado de procesos penales sostenidos con pruebas obtenidas mediante tortura.

Son los rostros y voces de las sobrevivientes de tortura, la prueba fehaciente que estos casos continúan en la impunidad, como el de Keren Sesly Ordoñez.

Ella a sus 19 años de edad y con su hija de apenas un mes de nacida en brazos, fue detenida y torturada por la Policía Federal y policía ministerial del Estado de Tlaxcala con la finalidad de que se autoinculpara de haber participado en un secuestro, en 2015.

Pese a la falta de pruebas obtuvo una sentencia de 50 años en prisión.

Fue gracias a la lucha de Doña Ciria Hernández, madre de Keren, que en 2021 esa sentencia fue revocada mediante un amparo directo, por lo que hoy continúa su proceso abierto, y con ello, hay una segunda oportunidad para ser juzgada justamente.

En los próximos meses el Juzgado Penal en Apizaco, Tlaxcala, dictará una nueva sentencia en el caso, por lo que la familia y las organizaciones acompañantes hacemos un llamado de que se excluyan todas aquellas pruebas obtenidas mediante tortura y se juzgue perspectiva de género para que Keren por fin obtenga su libertad y pueda regresar a casa con su madre y con su hija, de ocho años de edad.

Este Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura es una oportunidad para llamar a las autoridades, a la sociedad civil y a todas las personas a unirse en apoyo de las miles de personas que han sobrevivido a la tortura y a las que siguen siendo torturadas en la actualidad.

Esto implica un compromiso real de todos los niveles de gobierno para aplicar adecuadamente los marcos normativos y recomendaciones para combatir esta dañina práctica.

Es también fundamental romper el silencio, continuar alzando la voz para exigir justicia en casos como el de Keren y demandar al Estado que los esfuerzos para prevenir y combatir la tortura sean una prioridad real para el Estado, para que ninguna persona siga cargando a cuestas la búsqueda de su libertad y de justicia.