Tenemos derecho a saber

Información es poder, por lo que acceder a información relevante es un derecho fundamental que nos permite defender otros derechos, como el de un medio ambiente sano. Si no conocemos las decisiones que se toman en torno al uso y manejo de la naturaleza que nos rodea, y a los recursos naturales comunes, ¿Cómo podemos saber si se hace un manejo adecuado? ¿Cómo podemos supervisar y exigir acciones concretas de protección y cuidado al medio ambiente?

El acceso a información de importancia ambiental nos permite conocer, por ejemplo, si la autoridad ha otorgado un permiso de construcción a una empresa en una zona de manglar en contra de la ley, o cuántas sanciones ha impuesto el Estado por actividades que dañan los ecosistemas, como la tala o la pesca ilegal. Nos posibilita, por ejemplo, determinar los daños que provocan derrames de sustancias tóxicas en mares o ríos y qué acciones de remediación se realizan.

¿Por qué nos interesaría esta información? Porque se trata de afectaciones a entornos y recursos que son de todas las personas y nos proveen de agua, alimento, aire limpio, espacios recreativos y más.

A lo largo de los años se han creado mecanismos e instituciones que facilitan ejercer el derecho de acceso a la información, reconocido en el Artículo 6 de la Constitución mexicana. Hoy en día, cualquier persona puede solicitar información pública a las autoridades, incluyendo aquella de relevancia ambiental, como la mencionada previamente.

En caso de que la autoridad se niegue a proporcionar esos datos, la persona solicitante puede interponer una queja ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el cual puede ordenar a las autoridades que entregue la información si ésta es de carácter público.

En el paquete de reformas constitucionales que presentó el Presidente López Obrador al Congreso el 5 de febrero, se incluye una propuesta para eliminar INAI, esta importante institución que nos garantiza el derecho a saber. Dicha iniciativa busca trasladar las funciones que este organismo efectúa, principalmente, a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

¿Por qué esta transferencia de funciones pone en peligro nuestro derecho a saber? Si una autoridad rechaza dar información, existe la figura de la queja ante el INAI. Cuando se interpone esta queja, quien decide si la información solicitada debe hacerse pública es un órgano constitucional autónomo, el cual no se encuentra subordinado a ninguna de las autoridades cuyas decisiones y acciones debe evaluar. De igual modo, el INAI cuenta con presupuesto propio y está conformado de manera colegiada, es decir, idealmente siete personas comisionadas, elegidas por el Senado, tomarán una decisión sobre si la información que genera o resguarda cierta autoridad tiene carácter público o no.

Transferir esta capacidad de revisión a la SFP pone en peligro el derecho a saber, ya que quien tomaría la decisión sobre el carácter de la información sería una Secretaría de Estado. La persona titular de esta dependencia es nombrada directamente por el Presidente, se encuentra al mismo nivel jerárquico que otras secretarías sobre las cuales debe tomar decisiones sin que sean de manera colegiada. Este diseño dificulta que la autoridad ejerza un papel de “supervisión” en materia de acceso a la información.

Si queremos un medio ambiente sano, necesitamos transparentar la gestión pública, exigir la rendición de cuentas en torno a las decisiones que se toman respecto a los recursos comunes; necesitamos a las autoridades que nos permitan acceder a información pública y efectuar estas acciones de investigación, escrutinio y cuestionamiento. En suma, es necesario impedir que desaparezca la institución que nos garantiza el derecho a saber.

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La autora es Mariana Aziz, directora de campañas de Transparencia de Oceana en México (@OceanaMexico).